Terrorismo político: entre la amenaza real y la persecución selectiva

El 16 de julio pasado, el secretario de Estado Marco Rubio convocó en Washington a representantes de 66 países para la Reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político, un foro diplomático dedicado a lo que la administración estadounidense describe como un “punto ciego” en las estrategias globales de contraterrorismo: la violencia política organizada de extrema izquierda. Es posible examinar el mensaje y legado de este evento analizando los comunicados y discursos expuestos en el mismo.1

La pregunta que organiza este análisis no es si la violencia política de extrema izquierda existe –existe, aniquila vidas y está documentada– sino si el diagnóstico, el lenguaje y las prioridades desplegadas en este foro son proporcionales a la evidencia y consistentes con los estándares que se aplicarían, con el mismo rigor, a cualquier otro extremo del espectro político. Para quienes hemos dedicado numerosos textos e intervenciones a desenmascarar el uso intencionalmente superficial y sesgado de las nociones de “ultraderecha golpista” y “extrema derecha” por buena parte de parte de la academia y gobiernos izquierdistas de Occidente, la presente reflexión responde a un imperativo de elemental coherencia política, intelectual y ética.

Los comunicados del Departamento de Estado configuran una narrativa coherente y con cierto sustento operativo. Desde noviembre de 2025, Washington designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados a cuatro grupos violentos de extrema izquierda –Antifa Ost (Alemania), la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI; Italia) , Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria (ambas de Grecia)–, ofreciendo recompensas de hasta diez millones de dólares por información sobre sus mecanismos financieros. En mayo de 2026 organizó un primer taller práctico de cooperación policial (CTLEW) con catorce países, y la reunión ministerial de julio buscó ampliar ese andamiaje mediante intercambio de inteligencia, restricción de desplazamientos y cooperación en materia de infraestructura crítica. Esta capa operativa se inscribe dentro de prácticas estándar de cooperación antiterrorista internacional y responde a organizaciones con historiales verificables de violencia, como el FAI/FRI, activo con atentados documentados en Europa desde hace más de una década.

Sobre esa base institucional se superpone, sin embargo, una capa retórica de mayor alcance. En su discurso inaugural, Rubio sostuvo que la sola posibilidad de que el terrorismo de extrema izquierda constituya una amenaza seria se trata en la opinión pública, según sus palabras, como “un delirio de derecha” o “una conspiración fascista peligrosa”. Stephen Miller, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, por su parte, calificó las apelaciones a las libertades civiles como una táctica “deshonesta” para eludir la sanción penal y llegó a decir de los manifestantes antifa que “ninguno… luce como una persona normal”, instando a la audiencia a “confiar en sus instintos”.

Un primer punto a destacar es la definición del problema. La tan cuestionada Antifa, por ejemplo, es una denominación paraguas sin estructura ni liderazgo centralizado conocido; de las cuatro organizaciones designadas en 2025, solo una se identifica explícitamente con ese movimiento, sin que existan vínculos demostrados entre los grupos extranjeros designados y activistas en Estados Unidos. Presentar esta constelación difusa como una “red global” con financiamiento y organización comunes es una afirmación que excede, en rigor probatorio, lo que se ha hecho público. Por otro lado, pese al énfasis declarado en el carácter transnacional del fenómeno, los ejemplos centrales invocados en los discursos –los asesinatos de Charlie Kirk y de Brian Thompson, y los atentados fallidos contra el presidente– son casos domésticos sin vínculo extranjero demostrado. Usarlos como evidencia primaria de una red internacional coordinada constituye una generalización que no se sostiene lógicamente, más allá de la gravedad indiscutible de esos hechos en sí mismos.

Un segundo problema es de contexto y proporción. Un análisis reciente del Center for Strategic and International Studies constató que, si bien la violencia de extrema izquierda en Estados Unidos ha aumentado en la última década –y alcanzando un nivel record en 2025–, permanece por debajo de los niveles históricos de violencia de extrema derecha y de origen yihadista, por lo que es necesario dotar de recursos a las instancias que combaten toda sas dimensiones de la amenaza terrorista. Otro estudio, del Cato Institute, demostró que de los 208 terroristas que mataron al menos a una persona en suelo estadounidense entre el 1 de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 2025 –asesinando a 3,577 personas– la ideología que más motivaba dichos ataques era el islamismo –responsable del 87 % de todas las muertes–, seguida por la ideología de extrema derecha, con un 10% de asesinados, quedando al final la ideología de izquierda con un 2% de los decesos. Mientras, el nacionalismo extranjero, el separatismo y otras motivaciones desconocidas abarcaban, en conjunto, menos del 1% del total de asesinatos.

En la misma línea, Robert Pape ha mostrado recientemente en Foreign Affairs, sobre la base de un amplio conjunto de evidencia empírica, que si bien la violencia política en Estados Unidos ha adquirido una mayor presencia de actores vinculados a la extrema izquierda tras el ascenso de Donald Trump a la presidencia en 2016, continúa siendo un fenómeno compartido por los extremos ideológicos y no una amenaza atribuible de manera predominante a uno de ellos. Ese mismo criterio es avalado, en términos generales, por bases de datos independientes sobre terrorismo en contextos occidentales. Por lo tanto, un foro que convoca a más de sesenta países bajo la bandera de la “transnacionalidad”, pero concentra su atención casi exclusivamente en un extremo del espectro –mientras deslegitima retóricamente la preocupación por el otro extremo–se aparta del criterio de proporcionalidad que un enfoque trans-ideológico exige.

Existe, sin embargo, una segunda dimensión que conviene distinguir de la proporcionalidad. Una política contraterrorista compatible con los principios del constitucionalismo liberal no solo debe responder a las amenazas en función de su magnitud relativa; también debe hacerlo aplicando un mismo estándar con independencia de la identidad ideológica de quienes las protagonizan. Podría denominarse a este principio simetría normativa: la violencia organizada debe recibir el mismo juicio jurídico y político, provenga de la extrema izquierda, de la extrema derecha o de cualquier otra expresión extremista.

Precisamente en este punto aparece uno de los rasgos más característicos de los proyectos populistas e iliberales contemporáneos. Su sesgo no consiste únicamente en exagerar determinadas amenazas, sino en distribuir de manera selectiva la legitimidad y las garantías del Estado de derecho. Las expresiones extremistas del adversario son presentadas como amenazas existenciales para la democracia; las del propio campo político tienden a relativizarse, contextualizarse o incluso a recibir protección institucional. El problema deja entonces de ser estrictamente contraterrorista para convertirse en un problema de neutralidad del Estado frente a la violencia política.

Ese patrón resulta observable también en la trayectoria reciente de la propia administración estadounidense. Mientras el Departamento de Estado impulsa una amplia, justificable y necesaria movilización diplomática internacional contra organizaciones de extrema izquierda, la administración Trump ha promovido simultáneamente indultos, conmutaciones y posteriormente el desistimiento de condenas por conspiración sediciosa contra dirigentes de Proud Boys y Oath Keepers, organizaciones cuyos miembros fueron condenados por su participación en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Incluso al acceder a la solicitud del Departamento de Justicia para archivar definitivamente esas causas, el juez Timothy Kelly –designado por el propio Trump– dejó expresamente asentado que la decisión obedecía a la voluntad del Ejecutivo y no a una reconsideración de los hechos acreditados o del derecho aplicable. La cuestión aquí no consiste en reabrir el debate jurídico sobre esos casos, sino en advertir la tensión que generan respecto del mensaje normativo proyectado por un foro internacional que reclama una política de tolerancia cero frente al terrorismo político.

Finalmente, la retórica empleada –particularmente por Stephen Miller– se aleja del lenguaje técnico-jurídico esperable en un foro interestatal de cooperación policial y se acerca a un discurso de deslegitimación identitaria de un campo político completo. Hay un detalle que merece un análisis más detenido, porque conecta directamente con la advertencia –presente en ambos textos aquí referidos– sobre las “narrativas comunicacionales de gran alcance” que hoy desafían al proyecto liberal desde ambos extremos del espectro. Cuando Miller instruye a una audiencia diplomática internacional a “confiar en sus instintos” al observar fotografías de manifestantes –“ninguno de los que se manifiestan luce como una persona normal”–, no está ofreciendo un argumento jurídico ni una evidencia de inteligencia. Está ofreciendo una estética del enemigo, un llamado a la identificación visual e intuitiva de la amenaza que prescinde deliberadamente del debido proceso y de la presunción de inocencia.

Ese tipo de lenguaje –la deslegitimación identitaria de un campo político completo mediante apelaciones al instinto, a lo “normal” frente a lo anómalo– no es, en su estructura retórica, distinguible de discursos que las mismas democracias occidentales han condenado cuando provienen del extremo opuesto del espectro. Aplicado en sentido inverso, contra manifestantes religiosos, contra colectivos conservadores o contra activistas antiaborto, generaría –con toda razón– una ola de condenas desde organizaciones de derechos civiles. La American Civil Liberties Union, de hecho, ya ha señalado ese riesgo en el contexto específico en que se desarrolla este foro, acusando al enfoque contraterrorista de la administración de dirigirse contra activistas y donantes políticamente opuestos pero pacíficos, bajo la apariencia de abordar la violencia política y el terrorismo doméstico. Es exactamente el tipo de deriva que Karl Loewenstein, el jurista que en 1937 acuñó el concepto de “democracia militante”, advirtió que podía convertirse en su propio peligro: una democracia que, al defenderse de sus enemigos, adopta las herramientas retóricas y represivas de esos mismos enemigos, corre el riesgo de vaciar de contenido aquello que dice proteger.

Los elementos analizados permiten distinguir dos planos que conviene distinguir con cuidado. El primero es operativo y tiene sustento razonable: designaciones específicas, cooperación policial y financiera frente a organizaciones izquierdistas con historiales verificables de violencia. El segundo es retórico-político y excede, en varios puntos contrastables, lo que la evidencia empírica disponible –incluida la producida por centros de análisis no partidistas– permite sostener: la caracterización de una red global centralizada, la vinculación con Estados hostiles sin evidencia pública específica, el uso de casos domésticos como prueba de coordinación internacional, y un lenguaje que roza la deslegitimación de un campo político entero.

¿Qué se sigue, entonces, de este recorrido? No una conclusión cómoda. La violencia política de extrema izquierda que motivó el foro de Washington es real, está documentada por bases de datos independientes, ha cobrado víctimas y merece –como cualquier forma de terrorismo– una respuesta estatal seria, coordinada internacionalmente y respetuosa del Estado de derecho. Negar esto, por reflejo ideológico, sería tan irresponsable como el sesgo que este ensayo cuestiona en sentido contrario.

Pero la coherencia normativa exige algo más que reconocer una amenaza: exige nombrarla en su justa proporción respecto de otras amenazas comparables, evitar el lenguaje que sustituye la evidencia por el instinto, y no permitir que la legítima designación de organizaciones violentas específicas se convierta en el vehículo retórico para deslegitimar a un campo político completo. Exige, también, una consistencia geopolítica que el propio Departamento de Estado no ha mostrado a cabalidad: si el criterio de relevancia justifica movilizar a sesenta y seis cancillerías contra redes anarquistas dispersas, ese mismo criterio debería justificar, con al menos igual urgencia, una respuesta internacional inmediata y decisiva contra la represión transnacional que gobiernos como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela ejercen hoy sobre sus poblaciones, disidentes y exiliados, quienes siguen recibiendo una solidaridad democrática en gran medida declarativa.

En última instancia, el verdadero riesgo para una democracia liberal no consiste únicamente en identificar incorrectamente una amenaza, sino en abandonar la pretensión de aplicar principios generales. Cuando la respuesta estatal frente a la violencia depende de quién la ejerce y no de la naturaleza de los hechos, el contraterrorismo deja de ser una política de defensa del orden constitucional para convertirse en un instrumento de agenda política. Esa lógica –que condena con razón los extremismos del adversario mientras minimiza o justifica los de los simpatizantes– constituye uno de los rasgos más persistentes del populismo contemporáneo, independientemente de su orientación ideológica.

Un enfoque riguroso puede y debe sostener simultáneamente dos cosas: que la violencia política de extrema izquierda documentada merece atención proporcional a su crecimiento real, y que el marco discursivo desplegado en este foro de Washington introduce riesgos ciertos para la neutralidad institucional del Estado frente a la disidencia política legal, en la misma medida en que los introduciría un enfoque simétricamente sesgado hacia el extremo opuesto. A la luz de la evidencia disponible, el Foro acertó en identificar un fenómeno real, y fracasó en tratarlo con proporción, simetría y honestidad. ~

– Sobre las declaraciones y narrativas expuestas en el foro ver: U.S. Department of State, Office of the Spokesperson, Secretary Rubio to Host Ministerial to Combat the Resurgence of Political Terrorism, 15 de julio de 2026. https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/07/secretary-rubio-to-host-ministerial-to-combat-the-resurgence-of-political-terrorism/; U.S. Department of State, Office of the Spokesperson, State Department Addresses International Resurgence of Far-Left Political Terrorism, 16 de julio de 2026. https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/07/state-department-addresses-international-resurgence-of-far-left-political-terrorism/; U.S. Department of State, The Resurgence of Political Terrorism, 15–16 de julio de 2026. https://www.state.gov/the-resurgence-of-political-terrorism y U.S. Department of State, Office of the Spokesperson, Remarks at the Opening of the Ministerial on the Resurgence of Political Terrorism, 16 de julio de 2026 https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/07/remarks-at-the-opening-of-the-ministerial-on-the-resurgence-of-political-terrorism/ ↩︎

Nota original publicada en el portal de letraslibres.com el 21 de julio de 2026: https://letraslibres.com/politica/terrorismo-politico-entre-la-amenaza-real-y-la-persecucion-selectiva/21/07/2026/.

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