Estados Unidos vs. la CPI: la ley de la selva, recargada

En los últimos meses, el gobierno de Estados Unidos ha emprendido una ofensiva retórica, política y legal contra la Corte Penal Internacional (CPI). Las reticencias de Washington a ser vigilado o sancionado por dicha instancia son de larga data, pero la postura del gobierno de Trump representa un cambio de trayectoria.

Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma en 2000 pero nunca lo ratificó. En 2002, la administración Bush lo “retiró” de la firma y promovió la American Servicemembers’ Protection Act (apodada “Ley de Invasión de La Haya”), que autoriza el uso de la fuerza para liberar a estadounidenses detenidos por la CPI.

Tampoco la administración Obama, más cooperativa (apoyó la remisión de Darfur y la persecución de Joseph Kony) avanzó en la adhesión al Estatuto. El primer gobierno Trump ya sancionó a la fiscal Fatou Bensouda en 2020 por investigar posibles crímenes de E.U. en Afganistán, sanciones que Biden revirtió en 2021. El rechazo a reconocer la jurisdicción de la CPI sobre Estados no parte y la defensa de la inmunidad de nacionales y aliados ha sido, pues, una línea bipartidista sostenida durante 25 años en Washington.

Lo que cambió con el segundo gobierno de Trump es la escala, la instrumentalización y el objetivo explícito de “desmantelamiento” institucional. La Orden Ejecutiva 14203, del 6 de febrero de 2025, por ejemplo, fue dictada como respuesta directa a las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados por crímenes de guerra en Gaza.

Adicionalmente, las sanciones se han expandido para alcanzar a al menos once funcionarios de la CPI, incluidos nueve jueces y el fiscal jefe, y se han llegado a evaluar incluso sanciones contra la Corte como entidad completa. De hecho, las sanciones impulsadas se extendieron más allá de la Corte misma: alcanzaron a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos, acusadas de “apoyar las investigaciones de la CPI”.

En fechas más recientes, fueron noticia las palabras del secretario de Estado Marco Rubio, quien calificó a la CPI como una institución respaldada y dirigida por una red de ONG de izquierda, globalistas y gobiernos hostiles del tercer mundo unidos por su enemistad hacia E.U. Enseguida, anunció el inicio de un esfuerzo para “desmantelar” lo que Washington identifica como una amenaza a la soberanía estadounidense representada en la CPI. Este es el verdadero punto de inflexión en la trayectoria del Estado norteamericano ante la CPI: pasar de bloquear casos específicos a buscar la erosión funcional de la institución.

El nuevo paso anunciado por Washington tiene serias implicaciones prácticas y normativas para la CPI. Sancionar a jueces y al fiscal –mediante el congelamiento de activos, las prohibiciones de viaje, las restricciones bancarias, entre otras medidas– constituye un ataque al principio de independencia judicial internacional.

El propio sistema Swift/dólar convierte estas sanciones en un arma de alcance extraterritorial: bancos y proveedores de servicios de terceros países temen prestar servicios a la Corte por miedo a sanciones secundarias, lo que puede paralizar de facto su funcionamiento administrativo. Tres jueces han demandado a la administración en Nueva York, algo inédito.

Para la imagen y la política exterior de E.U., el nuevo rumbo tiene sus propios costos. Normativamente, la estrategia de la Casa Blanca coloca a Washington en una posición doblemente incómoda.

Mientras trata a un tribunal internacional creado por más de 120 Estados como una organización criminal, equiparándola en el instrumental jurídico a cárteles del narcotráfico o redes terroristas, busca proteger a un país aliado de una investigación por crímenes de guerra.

Ello refuerza la percepción –ya extendida tras la guerra de Gaza, incluso dentro de los propios E.U.– de un “doble estándar” en la defensa estadounidense de los derechos humanos: se apoya la exigencia de justicia internacional para adversarios (Putin, líderes africanos) y se despliega un bloqueo activo cuando el investigado es un gobierno amigo o el propio Estados Unidos.

Para la causa global de los derechos humanos, el impacto sobre el efecto disuasorio es el problema normativo central: si sancionar a jueces, fiscales y hasta a defensores de derechos humanos que “colaboran” con la Corte se normaliza, cualquier Estado poderoso –China o Rusia incluidos– adquiere un precedente legitimador para hacer lo mismo contra investigaciones que les resulten inconvenientes.

La CPI depende en gran medida de la cooperación estatal (no tiene fuerza policial propia), y su legitimidad universal se apoya en que se presente como neutral y no como un instrumento de las grandes potencias unas contra otras. De tal suerte, un ataque frontal de la única superpotencia occidental erosiona esa pretensión de universalidad y puede acelerar la fragmentación del sistema de justicia penal internacional en bloques regionales o ad hoc, más débiles.

Luego de que se difundió la noticia, numerosos opinadores –mayormente propagandistas de regímenes autoritarios– se apuraron a invocar la decisión de Washington en su intento de normalizar el alcance, sentido y efecto de los viejos ataques de las dictaduras que los patrocinan –China, Rusia, Cuba, etc.– contra la CPI. Por ello es importante abordar las semejanzas y diferencias del actual proceder de Estados Unidos con la prolongada trayectoria de diversos regímenes autoritarios adversos a la CPI.

Las semejanzas no son pocas. Se basan en el rechazo compartido del principio de jurisdicción supranacional sobre nacionales propios: tanto E.U., India e Israel –democracias en repliegue– como Rusia y China –autocracias consolidadas– invocan la soberanía nacional como argumento último para no reconocer la competencia de la CPI.

Washington, Delhi y Tel Aviv también comparten con Moscú (que retiró su firma en 2016), China o Irán la condición de potencias que no han ratificado el Estatuto de Roma. Además, es visible el uso –o amenaza de uso– de la fuerza política o económica para neutralizar a la Corte.

Rusia respondió a la orden de arresto contra Putin por la deportación forzada de niños ucranianos (marzo de 2023) con desprecio abierto y contraórdenes de arresto simbólicas contra fiscales de la CPI. Estados Unidos responde hoy con sanciones financieras reales.

Es inocultable que se va expandiendo a escala global una retórica deslegitimadora con elementos comunes: las acusaciones de politización, sesgo ideológico o instrumentalización por potencias rivales. La frase de Rubio sobre “globalistas” y “gobiernos hostiles del Tercer Mundo” es muy similar a la retórica rusa sobre un tribunal “occidentalizado”.

Sin embargo, pese a las celebraciones de los propagandistas, persisten diferencias clave. La principal remite a la naturaleza del régimen y la retórica de origen.

Rusia y China rechazan la CPI como parte de un rechazo más amplio al orden liberal internacional basado en derechos. Estados Unidos, en cambio, ha sido históricamente uno de los principales promotores retóricos de la justicia penal internacional: ahí están Núremberg, los tribunales para Ruanda y la ex Yugoslavia, el apoyo a la CPI en casos africanos.

Esto hace su actual hostilidad más contradictoria normativamente, pues no se basa en un rechazo fundacional y estructural del concepto de justicia internacional dentro del orden político y jurídico vigente en Estados Unidos, sino de un rechazo selectivo cuando afecta a funcionarios de ese país o de sus aliados cercanos.

Otra diferencia reside en las formas y capacidades de daño real: las sanciones de Rusia o China contra la CPI son en gran medida simbólicas, porque esos Estados están fuera del sistema financiero occidental, dominante en lo que a la Corte respecta. Y aquí si el impacto negativo del proceder de Washington es mayor. Las sanciones de E.U., como ya se dijo, pueden paralizar efectivamente a la Corte. De esta forma, pese a partir de una tradición institucional distinta, la postura estadounidense es tan dañina como las negativas estructurales de Moscú o Pekín a cooperar con la justicia internacional.

Hay ademas una diferencia en cuanto al objetivo político inmediato de la actual medida. La reticencia rusa y china responde a proteger a su propio liderazgo de posibles procesos: crímenes en Ucrania y Xinjiang, por ejemplo. El actual giro de tuerca estadounidense está motivado, en lo inmediato, para proteger a un Estado aliado más que por procesos abiertos contra ciudadanos o líderes estadounidenses. Aunque, debe reconocerse, el trasfondo de proteger a personal militar estadounidense de investigaciones futuras sigue presente.

La postura de la administración Trump contra la CPI representa una continuidad en la postura de Estados Unidos, pero implica a la vez una ruptura de grado en cuanto al método y sus posibles secuelas. Los efectos de tal medida son nocivos para víctimas, defensores y poblaciones vulnerables y vulneradas por los abusos de actores estatales poderosos, como han hecho ver reconocidas instituciones de derechos humanos y académicas.

El resultado más probable es un debilitamiento adicional de la CPI como institución universal y un fortalecimiento del argumento de que la justicia penal internacional es, en la práctica, un instrumento selectivo condicionado por el poder de quien la enfrenta. En resumen: un mayor desamparo de los débiles frente al actuar abusivo de los poderosos, sean estos abiertamente despóticos o deficientemente democráticos. La ley de la selva, recargada. ~