Usan nombre de Buenrostro en oficio falso para extorsionar en AICM

El nombre de Raquel Buenrostro habría sido utilizado para exigir dinero a empresarios relacionados con las compañías que vigilan el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al investigar la denuncia, agentes federales llegaron hasta un inmueble asegurado por la propia FGR. Las diligencias llevaron a consultar a la fiscalía de delincuencia organizada, que informó que Serprosep y Armour King no figuraban como investigadas en el expediente revisado. La Marina, que había defendido su contratación, cuenta ahora con ese dato a su favor.

La historia comenzó con un oficio fechado el 4 de junio, supuestamente firmado por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Según la información de la denuncia, el documento simulaba revisiones administrativas contra las empresas y habría servido para exigir dinero a cambio de frenarlas. Estaba dirigido al subsecretario Alejandro Encinas e invocaba una supuesta solicitud de Ulises Lara, entonces fiscal especial de Asuntos Relevantes de la FGR.

El 6 de agosto, la dependencia acudió a la Fiscalía. Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, director general de Asuntos Penales Estratégicos, presentó la denuncia contra quien resultara responsable. Los policías debían localizar a cuatro empresarios presuntamente relacionados con las compañías de seguridad para entrevistarlos sobre el uso del documento.

Durante esas diligencias, los agentes solicitaron conocer cuál era la situación de esas personas.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) respondió el 13 de octubre que uno de los cuatro empresarios sí tenía calidad de investigado en la carpeta consultada. En cambio, Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga, Óscar Humberto Bristain Tenorio y Christian Pablo Varela Escobedo, así como Serprosep y Armour King, no figuraban como investigados, imputados o víctimas en ese expediente.

Cuatro meses antes, el 8 de junio, circularon publicaciones sobre las relaciones corporativas de ambas compañías con personas anteriormente señaladas en una investigación por tráfico de armas. Las contrataciones de vigilancia del AICM descritas superaban los 1,194 millones de pesos. La Marina respondió que las empresas habían acreditado los requisitos y permisos para prestar el servicio.

El Grupo Aeroportuario Marina sostuvo que los accionistas originales de Serprosep transmitieron sus acciones a terceros en septiembre de 2024, antes de las contrataciones de 2025. Sobre Armour King aseguró no haber localizado a las personas señaladas entre sus accionistas, administradores o representantes. También informó que una empresa supervisaba los servicios de vigilancia. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad cuestionó esa explicación y sostuvo que las actas públicas consultadas no acreditaban la desvinculación de las personas señaladas de ambas compañías.

La respuesta de la FEMDO aporta un dato favorable a las contratistas cuya contratación defendió la Marina. Confirma que las empresas no figuraban como investigadas en el expediente consultado. Los contratos de vigilancia del aeropuerto siguen vigentes hasta mayo de 2027.

Pero el nombre de Ulises Lara abre otra línea de investigación. Renunció el 14 de julio por motivos personales. Días después, se publicaron versiones sobre una investigación de contrainteligencia que habría detectado presuntas extorsiones y otros vínculos irregulares. Lara rechazó los señalamientos. La aparición de su nombre en un oficio presuntamente falso vuelve a poner al exfuncionario bajo revisión.

Ahora corresponde a la FGR identificar quiénes habrían utilizado los nombres de Buenrostro y Lara para exigir dinero a proveedores del gobierno y determinar hasta dónde llegó la maniobra.

Pedro Haces Lago aprovechó su segundo informe legislativo para hacer públicas sus aspiraciones rumbo a 2027. El diputado local de representación proporcional anunció que solicitará licencia para buscar la alcaldía Tlalpan.

En su discurso hizo un llamado a la unidad, la reconciliación y la continuidad de la Cuarta Transformación. Sin embargo, su mensaje contrasta con versiones que circulan al interior de Morena sobre presuntas campañas de desgaste y ataques digitales contra integrantes del propio movimiento, atribuidos a operadores de su entorno político.

A ello se suma que desde su círculo cercano se ha dejado abierta la posibilidad de competir por Tlalpan con Morena o incluso sin sus siglas.

Pero quizá la mayor contradicción apareció en el propio informe. Haces busca demostrar que tiene respaldo en Tlalpan, pero buena parte de los asistentes al acto provenían de contingentes vinculados con la CATEM y a su padre, Pedro Haces Barba, los cuales fueron trasladados desde el Estado de México. Es decir, para exhibir músculo político en la alcaldía recurrió a una estructura sindical cuya fuerza se encuentra también fuera de la demarcación.

Y ese dato importa precisamente porque Haces ya no busca ocupar una posición obtenida por representación proporcional. Ahora quiere someterse a una competencia territorial y eventualmente al voto ciudadano en Tlalpan.

Entre los asistentes al informe de Pedro Haces Lago estuvo Ricardo Monreal, uno de los principales aliados políticos del grupo Haces. Las relaciones políticas de Pedro Haces Barba no se limitan al oficialismo. Semanas atrás apareció públicamente junto al senador panista Enrique Vargas del Villar durante un evento de CATEM, hecho que fue cuestionado desde la Presidencia. PRI, PAN, Morena y CATEM alrededor del mismo grupo político.

A ello se suma el desgaste acumulado por los Haces debido a las controversias alrededor de CATEM, incluida la detención de Édgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones, exdirigente de la organización en Durango e identificado por autoridades como presunto operador financiero de Los Cabrera.

Los Haces han vendido durante años la idea de que aportan estructura, relaciones y capacidad política a la 4T. Pero en Tlalpan comienza a surgir la pregunta sobre si esa marca realmente suma votos o empieza a costarle más de lo que aporta a Morena.

La duda cobra fuerza cuando el aspirante que quiere gobernar Tlalpan necesita recurrir a contingentes provenientes del Estado de México para mostrar respaldo en su propio territorio.

Pedro Haces Lago quiere pasar de plurinominal a candidato de elección popular. Morena tendrá que decidir si apuesta por un perfil cuya fuerza electoral propia en Tlalpan todavía está por demostrarse y sobre el que existen dudas internas respecto al costo político que puede representar. Porque ese parece ser ya el verdadero dilema para el partido: no cuánto dicen sumar los Haces, sino cuánto podrían terminar restando.

La protección a Ryan Wedding en México incluía, según la fiscalía estadounidense, contraseñas para cruzar retenes policiales y militares con cargamentos de cocaína. Las proporcionaba Édgar Aarón Vázquez Alvarado, “El General”, señalado como fundador del Cártel Nuevo Imperio y abatido la semana pasada.

Las claves cambiaban casi a diario. La acusación divulgada este martes también le atribuye pagos a funcionarios mexicanos para frenar investigaciones, alterar o desaparecer pruebas y conseguir que se retiraran cargos contra integrantes de la organización.

El señalamiento describe una operación de protección con acceso a distintas instancias de seguridad y justicia.

Otro operador era Roberto Gómez, “Fat Boy”, estadounidense refugiado en México y prófugo de causas abiertas en su país desde 2000 y 2018. Según los fiscales, obtenía información reservada sobre detenciones, decomisos y órdenes judiciales para alertar a Wedding.

A estos señalamientos se suma un dato del proceso contra el juez Luis Benítez Alcántara que merece seguimiento. La fiscalía sostiene que Andrew Clark, segundo de Wedding, transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios para conseguir su liberación, mientras que el presunto soborno al juzgador fue de dos millones. Entre ambas cantidades hay 750 mil dólares cuyo destino no se ha precisado. Tampoco permite atribuirlos a otro funcionario. Según la acusación, Benítez ordenó liberar a Clark el 24 de febrero de 2025, el mismo día en que habría recibido el pago completo.

La CFE prepara una nueva colocación de capital para ampliar la Red Nacional de Transmisión. A través de CFE Fibra E buscará captar 580 millones de dólares, con opciones que podrían elevar el monto a 867 millones, dependiendo de la demanda y las condiciones del mercado.

Sería la primera emisión de capital del vehículo desde 2018. Iván Cajeme Villareal Camero, director de CFE Capital, comenzó las reuniones con inversionistas para una operación cuyo componente público en México sigue sujeto a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Los recursos se destinarán a infraestructura para transportar electricidad e incorporar energía limpia.

Un elemento relevante está en la estructura de la operación. Con los recursos netos, la Fibra comprará a CFE derechos adicionales en el Fideicomiso Promovido y aumentará su participación, actualmente de 9.51%. La empresa obtendrá capital a cambio de una mayor participación del vehículo bursátil en los ingresos de transmisión. El precio de colocación y los términos definitivos se conocerán al concluir la oferta.

También está bajo evaluación una inversión de hasta 80 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional, integrante del Grupo Banco Mundial. Equivaldría a cerca de 14% de la oferta base. BofA Securities, Citi y Santander encabezarían la colocación global. La siguiente información relevante será el destino específico del dinero, puesto que el comunicado de lanzamiento no identifica las obras que recibirán financiamiento ni sus fechas de entrada en operación.

Moody’s le dio a Hacienda un argumento para respaldar sus previsiones económicas. La calificadora elevó de 1% a 2% su estimación de crecimiento para México en 2026 y de 1.5% a 2.1% para 2027. Parte de la mejora proviene de los efectos indirectos de la inversión en inteligencia artificial, que favorece las exportaciones mexicanas de productos electrónicos hacia Estados Unidos. El diagnóstico coincide con lo planteado por el secretario Édgar Amador ante la Amafore, donde sostuvo que el consumo, la inversión y las exportaciones permitirán crecer al menos 2% el próximo año.

No obstante, la propia Moody’s anticipa que el crecimiento de la inversión de los grandes operadores de infraestructura digital se moderará a alrededor de 25% en 2027, después de superar 100% este año. El gasto seguirá aumentando, aunque su contribución adicional a la actividad económica será menor. La lectura para México es que parte de la mejoría depende de un ciclo de inversión estadounidense que ya comienza a desacelerarse. Incluso con el beneficio de la IA, la calificadora proyecta que el crecimiento mexicano regresará a 2% en 2028.

Un día antes de mejorar los pronósticos para México, Moody’s había advertido que las tecnológicas deberán comenzar a demostrar la rentabilidad de sus inversiones. Estima que el gasto de capital de los grandes operadores estadounidenses de infraestructura en la nube se acercará a un billón de dólares en 2027, mientras las ganancias de productividad necesarias para justificarlo todavía no son visibles a gran escala. Ese es el riesgo para los proveedores mexicanos: una revisión del gasto de sus compradores. Para Hacienda, la mejora del pronóstico ofrece respaldo a sus estimaciones.