Detienen a juez mexicano por sobornos: EE. UU. presiona extradición y soberanía

Los cargos contra Andrew Clark fueron leídos en inglés y español ante Luis Benítez Alcántara. El canadiense comparecía ante el juez mexicano que conducía su extradición a Estados Unidos. Aquel momento quedó asentado en la acusación que ahora enfrenta el juzgador. El gobierno de Estados Unidos sostiene que conocía los delitos atribuidos a Clark y aun así aceptó sobornos millonarios para dejarlo libre.

Benítez fue detenido el 1 de noviembre en Colombia. El Departamento de Justicia anunció cuatro días después que buscaría extraditarlo por nueve cargos de encubrimiento posterior al delito. Lo acusa de cobrar dos millones de dólares para liberar al segundo de Ryan Wedding, el exatleta olímpico canadiense señalado como jefe de una organización de tráfico de cocaína. La investigación estuvo a cargo del FBI, con autoridades de otros países.

La acusación describe meses de negociaciones. Clark había sido detenido en Guadalajara en octubre de 2024 y, mientras se tramitaba su entrega, envió 2.75 millones de dólares en pagos pequeños a intermediarios. Entre diciembre y enero se pactó el pago de dos millones en efectivo a Benítez. Según la acusación, el 24 de febrero de 2025 recibió el soborno completo y ese mismo día concedió la libertad bajo fianza y ordenó la excarcelación.

La versión pública oculta los nombres de los intermediarios que aparecen entre las entregas fraccionadas de dinero y el acuerdo atribuido al juez. La identidad de quienes habrían negociado aquella libertad permanece reservada.

La libertad de Clark duró unos días. Fue recapturado y enviado a Estados Unidos. Benítez enfrenta ahora su propio procedimiento desde Colombia. Su abogado, Miguel González Sánchez, sostiene que actuó conforme a derecho y reclama que cualquier responsabilidad se determine en México.

Benítez era juez federal en el Reclusorio Sur. No llegó al cargo mediante la elección de 2025. El 14 de junio de 2024, meses antes del presunto soborno, su nombre apareció en el Diario Oficial entre once jueces cuyos procedimientos de ratificación habían comenzado.

Tras conocerse la captura, el Tribunal de Disciplina Judicial informó que Benítez tenía cuatro investigaciones administrativas por quejas relacionadas con su actuación. Precisó que eran distintas al caso estadounidense y que desconocía los hechos que motivaron la detención. Abrió entonces una investigación de oficio. La acusación estadounidense había sido presentada desde el 4 de septiembre.

Por el escritorio de Benítez habían pasado varios expedientes explosivos. En abril de 2023 ordenó a la FGR tramitar la denuncia de Carlos Treviño contra Emilio Lozoya por presunta falsedad de declaraciones. Treviño, también exdirector de Pemex, había cuestionado las acusaciones de su antecesor relacionadas con Braskem. La Fiscalía incorporó su escrito a otra investigación, pero el juez dispuso que atendiera la denuncia.

También intervino en la Estafa Maestra. El proceso contra José Luis Pech Galera, exrector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, involucraba un convenio de más de 77 millones de pesos con Sedatu. En enero de 2025 rechazó un procedimiento abreviado ante el desacuerdo por la reparación del daño.

Un año antes había absuelto a Juan Carlos García Rivera en el juicio por espionaje con Pegasus contra la periodista Carmen Aristegui. Consideró acreditado que el teléfono de la periodista fue intervenido entre 2015 y 2016, pero insuficientes las pruebas sobre la responsabilidad del acusado. Y en septiembre de 2025 negó una orden de captura contra Víctor Manuel Álvarez Puga por defraudación fiscal porque la FGR no acreditó la necesidad de cautela.

El caso pone en entredicho los controles del antiguo Consejo de la Judicatura Federal. Benítez no llegó por la elección judicial, pero la polémica reforma tampoco basta para garantizar que se detecte y sancione a quienes venden resoluciones o responden a consignas.

El Tribunal de Disciplina tenía cuatro investigaciones por otros asuntos y desconocía el presunto soborno que llevó a su captura. La revisión debe alcanzar a los mecanismos de vigilancia y a las posibles redes de intermediarios dentro del Poder Judicial.

Además es una alerta grave para México. EU está demostrando que sus investigaciones van contra criminales y contra los funcionarios que los protegen, sean políticos, gobernantes, jueces o magistrados.

La captura de Rafael Álvarez Ayala, “R2”, ligado al CJNG, tuvo un reconocimiento público de ambos lados de la frontera por el intercambio de inteligencia entre México y Estados Unidos. Omar García Harfuch informó que el Centro Nacional de Inteligencia y la DEA aportaron información para localizar al presunto mando de “Los Rs”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en Jalisco y Michoacán. La Marina encabezó el operativo en Zapopan, junto con la Secretaría de Seguridad y con apoyo de fuerzas especiales del Ejército. Hubo otros 19 detenidos y un enfrentamiento en el que resultaron heridos el sospechoso y un marino.

En agosto, un gran jurado federal del Distrito de Columbia acusó a Rafael y a su hermano Ramón Álvarez Ayala, “R1”, de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina destinadas a Estados Unidos, además de delitos relacionados con armas de fuego. “R2” tenía una orden de aprehensión con fines de extradición y otra por homicidio calificado emitida en Apatzingán. Tras la detención, el director de la DEA, Terry Cole, refrendó la colaboración con las autoridades mexicanas; la agencia destacó que la información compartida contribuyó a ubicarlo. La cooperación produjo una captura que interesa a las fiscalías de los dos países.

Según el gabinete de seguridad, entre las víctimas de “Los Rs” se encuentran empresarios y productores de aguacate, además de que se atribuyen a la célula secuestros, homicidios y ataques contra autoridades.

Hablando del negocio del aguacate, productores del Estado de México esperan una última gestión para comenzar a exportar a Estados Unidos. Según la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate del Estado de México (APEAMEX), que encabezan Manuel Cerda Morales, Roberto Rubí Pérez y Eloy Vargas Arreola, los huertos de Temascaltepec considerados para los primeros embarques concluyeron las certificaciones del programa binacional.

Falta la notificación oficial del Departamento de Agricultura estadounidense a los puntos de entrada de ese país. En una reunión reciente, la secretaria de Agricultura, Columba López Gutiérrez, se comprometió a realizar las gestiones institucionales pendientes ante las autoridades estadounidenses.

El proceso requirió inversión de los productores para cumplir las exigencias fitosanitarias, ambientales y laborales. Los empaques Organic Produce y Herso Frutas y Hortalizas cuentan, de acuerdo con la asociación, con la certificación de SENASICA para exportar a ese mercado y con el Certificado Laboral para la Agroexportación, VELAGRO. Más de 30% de los primeros huertos considerados corresponde a producción orgánica. También se incorporaron estándares de buenas prácticas agrícolas y evaluaciones de responsabilidad social y condiciones laborales, con la participación de organismos sanitarios y dependencias federales y estatales.

La apertura tendría un alcance relevante entre pequeños productores. Según las cifras de APEAMEX, el Estado de México tiene alrededor de 13 mil hectáreas de aguacate y ocupa el tercer lugar nacional en producción; más de 90% de sus productores son pequeños.

Más de la mitad de los huertos certificados tiene menos de tres hectáreas y el programa incluye unidades menores a una hectárea. Los representantes de la asociación preparan una reunión con la gobernadora Delfina Gómez para presentar los avances y fortalecer el acompañamiento estatal.

Tras financiar buena parte de las certificaciones, los productores esperan que la gestión gubernamental permita concretar los primeros embarques.

Vaya escándalo en el que está involucrado el fundador y director de Nvidia, Jensen Huang. Este domingo, la compañía anunció una investigación independiente después de que el empresario reconociera una relación íntima con Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed, a quien los servicios de inteligencia estadounidenses identificaron como colaboradora del espionaje chino, según The New York Times. Huang admitió la infidelidad y pidió disculpas a su esposa y sus hijos. Seguirá al frente de la empresa mientras un comité de consejeros independientes, apoyado por abogados externos, revisa el caso.

Megaspeed, con sede en Singapur y cliente de Nvidia, ya estaba bajo escrutinio por sospechas de facilitar a China el acceso a chips avanzados sujetos a restricciones estadounidenses. Ahora, legisladores republicanos exigen explicaciones a Huang sobre su relación con la empresaria y los protocolos contra el espionaje.

El consejo de Nvidia sostiene que no tiene motivos para creer que se comprometieron secretos corporativos o la seguridad nacional. Eso es precisamente lo que deberá esclarecer la investigación: hasta dónde llegó el acceso de una presunta agente extranjera al ejecutivo que encabeza una empresa central en la competencia tecnológica entre EU y China.

Para México hay un vínculo industrial concreto. Foxconn anunció en 2024 la construcción en Guadalajara de una gran planta para ensamblar servidores con los sistemas GB200 de Nvidia, parte de su plataforma Blackwell. El proyecto sitúa al país dentro de la cadena de producción de una tecnología cuyo destino comercial está condicionado por decisiones de seguridad nacional de Estados Unidos. Para el gobierno mexicano, que busca atraer inversiones en semiconductores e inteligencia artificial, el caso merece atención.

La gobernadora Marina del Pilar concentró el mensaje económico de su quinto informe en dos proyectos que comprometen buena parte de las expectativas de desarrollo de Baja California: la desalinizadora de Playas de Rosarito y el puerto de Punta Colonet. Para la primera reportó una inversión conjunta con la Federación superior a 15 mil 600 millones de pesos, con la previsión de aumentar hasta 45% la disponibilidad de agua en la Zona Costa. Para el segundo anunció 41 mil millones de pesos en infraestructura portuaria, ferroviaria y carretera.

En el balance laboral, la mandataria destacó que en agosto la entidad alcanzó un millón 107 mil trabajadores afiliados al IMSS, un salario promedio formal de 22 mil pesos mensuales y su menor informalidad desde 2005. También reportó más de 61 mil 584 millones de pesos de inversión pública estatal durante su administración y proyectó que, al incorporar recursos federales, el monto llegará a 200 mil millones al cierre de 2026 en obras, proyectos y equipamiento.

Para 2027, Marina del Pilar comprometió duplicar los recursos de la Beca Corazón de Cimarrón para cubrir las inscripciones de licenciatura en la UABC y ampliar de 100 mil a 130 mil las beneficiarias de la Tarjeta Violeta. Además, propondrá reducir de 30 a 25 años el servicio requerido para la pensión policial, con vigencia a partir de 2028. La gobernadora atribuyó a su orden financiero la capacidad de pagar obligaciones heredadas y financiar nuevos apoyos.