FGR alista órdenes de aprehensión contra Taddei y su contratista

Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas estarían fuera de México, pero localizados por el gabinete de seguridad. La información apunta a que la Fiscalía General de la República podría solicitar órdenes de aprehensión contra la expresidenta del INE y el empresario en cualquier momento. La expresidenta del INE estaría en Arizona y el contratista beneficiado en Argentina o en algún país de Sudamérica.

Este miércoles se reportó el bloqueo de cuentas de 40 personas y empresas ligadas a proveedores electorales, entre las que podrían estar las de Guadalupe Taddei, aunque Hacienda no reveló los nombres de los afectados. La intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) introduce una presión distinta sobre quienes hicieron negocios con el instituto. De esta forma, el acceso al dinero queda restringido mientras avanzan las pesquisas sobre una red cuyos vínculos empresariales y políticos se extendieron por los organismos electorales de los estados.

Hacienda precisó que la medida comprende a 25 personas físicas y 15 empresas, incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas tras detectar operaciones financieras con elementos de riesgo. La UIF también presentó una denuncia ante la FGR para que investigue las posibles responsabilidades.

Para Taddei, el regreso a Sonora habría sido la primera escala. Nacida en Cananea, la exconsejera volvió a esa ciudad después de dejar el INE. De ahí se habría trasladado al condado de Cochise, Arizona, donde permanecería en una propiedad familiar.

Toda esta trama involucra al gobierno de su amigo y “padrino” Alfonso Durazo, cuya policía habría acompañado a Taddei en su resguardo, primero en el estado y luego en su salida hacia Estados Unidos.

Hernández Casillas habría tomado rumbo al sur. El empresario, vinculado con Cajas Graf y Corporativo Zeg, aparece en las grabaciones difundidas por Latinus hablando de ganancias de contratos frente a Taddei. Su cercanía con la familia también quedó expuesta en los reportajes sobre viajes y propiedades utilizadas por los hijos de la entonces presidenta del INE.

El contratista tenía inquietudes judiciales desde antes. Este miércoles se publicó que promovió un amparo el 9 de febrero, después de que presuntos agentes ministeriales lo buscaran en enero.

En Sonora, el hijo de Taddei sigue despachando junto al gobernador. Luis Rogelio Piñeda Taddei es secretario particular de Durazo, quien además preside el Consejo Nacional de Morena. El mandatario defendió su permanencia por preparación y experiencia, y sostuvo que no había motivo para removerlo sin una conclusión que lo vinculara con irregularidades. La defensa buscó evitar que los señalamientos contra la madre determinaran el futuro del hijo en el gobierno.

Durazo también reconoció haber recomendado a otros integrantes de la familia para posiciones públicas, aunque negó la existencia de un clan y rechazó haber intervenido en la designación de Guadalupe al frente del INE. Su relación con los Taddei quedó, así, reconocida por él mismo. El alcance de esa cercanía en las decisiones investigadas sigue pendiente, pero el gobernador ya tiene que responder políticamente por una familia a la que abrió espacios.

Este miércoles se difundieron acusaciones de representantes del PRI, PAN, PRD y Somos contra una presunta estructura de influencia electoral en Sonora, en la que incluyeron a Luis Rogelio Piñeda Taddei. Su aparición, sin embargo, lleva la controversia hasta la oficina del gobernador. Mientras la UIF sigue el dinero y la FGR determina si judicializa el caso, Durazo sostiene a su secretario particular. Esa decisión será cada vez más difícil de defender si las investigaciones acreditan que los beneficios de los contratos alcanzaron a su entorno.

La Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard, está articulando esfuerzos con gobiernos estatales, el sector privado y universidades extranjeras para impulsar proyectos innovadores mexicanos con potencial de llegar al mercado, pero que hasta ahora no han contado con suficientes apoyos.

Ayer se celebró en Yucatán, con el respaldo del gobierno estatal, una nueva edición del Innovafest. Ahí se entregaron premios por 3.2 millones de pesos a 16 proyectos de alto potencial. También se ofrecieron mentorías, cursos y charlas para quienes buscan desarrollar sus ideas y convertirlas en negocios.

De igual modo, se anunció que, gracias a un convenio con la Secretaría de Economía, la Universidad Estatal de Arizona ofrecerá capacitación en línea mediante cursos de inglés especializado para la industria de semiconductores, que podrán cursar gratuitamente hasta 5 mil jóvenes yucatecos.

Entre las empresas e instituciones que apoyaron el Innovafest Yucatán figuran Scotiabank, Nu, Grupo Modelo, Kapital, Liverpool, Cemex, Grupo Industrial Roche, Bepensa, Stori, Banco Plata, Visa, UVM, DiDi, Kekén, Corporativo Abimerhi, La Gas, Universidad Anáhuac Mayab, Mobility ADO, IMMPC, Viva, Alsea, Danone, Tere Cazola, Wabi, Concamin, Caniete, Conmunidar, REA y Canapar.

Lenia Batres terminó enfrentada con varios de sus compañeros de la Suprema Corte por un proyecto sobre presunta negligencia médica en el ISSSTE, institución que dirige su hermano Martí Batres. La ministra proponía que los dos años para reclamar una indemnización se contabilizaran a partir del acta de defunción. Seis ministros rechazaron ese criterio. El plazo debía comenzar cuando los familiares conocieran la posible negligencia que ocasionó la muerte. La diferencia es sustantiva, pues una familia puede saber que perdió a un paciente sin conocer todavía las irregularidades en su atención.

El expediente corresponde a una mujer fallecida en el Hospital Regional Adolfo López Mateos. Su esposo e hijas reclamaron una indemnización y obtuvieron un amparo que el ISSSTE impugnó ante la Corte. La posición de Batres favorecía al instituto en la discusión sobre el cómputo del plazo. El parentesco con Martí Batres añade un componente político al asunto y evidencia a la ministra que aspira a ser presidenta de la SCJN.

El desacuerdo escaló cuando se discutió quién incorporaría los cambios y cuándo se aprobaría la sentencia. Arístides Guerrero advirtió que, en otros asuntos, las versiones finales habían conservado párrafos rechazados por la mayoría. Giovanni Figueroa pidió conocer por escrito el nuevo texto. La discusión se extendió hasta que el presidente Hugo Aguilar Ortiz, ante las dudas sobre lo que se estaba votando, soltó: “A ver, perdonen, a lo mejor no hablo bien el español; pero, está claro”. Su intervención tampoco consiguió cerrar de inmediato el intercambio.

Después de casi dos horas, cinco ministros optaron por dejar el asunto en lista hasta revisar la nueva versión. Batres y otros tres integrantes querían resolverlo ese mismo día. El episodio exhibió algo más concreto que una diferencia de temperamentos: la desconfianza dentro del pleno sobre cómo se trasladan las votaciones al texto de las sentencias y el criterio de la ministra, que fue derrotado, aunque la resolución quedó pendiente.

La derrota republicana en las elecciones intermedias de Estados Unidos tuvo una primera traducción favorable para México. El peso ganó 1.44% y cerró este miércoles en 18.5669 unidades por dólar, su mejor jornada desde el 8 de abril. El movimiento acompañó un debilitamiento internacional de la moneda estadounidense, cuyo índice retrocedió 0.58%. Los inversionistas reaccionaron ante la perspectiva de un Donald Trump con menos margen político frente a un Congreso de mayoría demócrata.

La lectura es que un gobierno dividido dificultaría nuevos recortes fiscales y cambios comerciales abruptos. El resultado electoral abre posibilidades de una mejor posibilidad de negociar el T-MEC, aunque no en automático.

La siguiente prueba será este jueves, con la decisión de Banco de México. Un recorte de tasas reduciría el rendimiento de las inversiones en pesos y podría presionar al tipo de cambio. La ganancia cambiaria posterior a las elecciones todavía tendrá que pasar por las decisiones monetarias.

Más de un año después de los señalamientos del Tesoro estadounidense contra CIBanco, el Banco de México abrió una consulta para modificar las reglas del negocio fiduciario.

La propuesta busca sustituir las disposiciones de la Circular 1/2005 y exigir controles diferenciados según el tamaño y riesgo de la actividad fiduciaria. Incluye mayores obligaciones para registrar operaciones, conservar documentación, custodiar bienes y rendir cuentas. El objetivo declarado es proteger los patrimonios administrados, aunque su eficacia dependerá de que las instituciones puedan identificar riesgos y reconstruir cada operación, además de cumplir con los expedientes.

La consulta permanecerá abierta hasta el 15 de diciembre; las nuevas disposiciones todavía no están vigentes. CIBanco administraba unos 3 billones de pesos en ese negocio y concentraba 27.53% del mercado, según cifras de la CNBV. La continuidad de esos servicios obligó a intervenir a las autoridades mexicanas.