Renuncia Taddei al INE: corrupción, contratistas y cuentas pendientes

La permanencia de Guadalupe Taddei al frente del INE era insostenible. Todavía el sábado, según versiones periodísticas, dijo a sus compañeros “no me voy”. Sin embargo, el domingo anunció que presentaría su renuncia este lunes. Arrastraba varios conflictos internos, acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. Su resistencia agravó su crisis personal y el desgaste del órgano electoral.

Además de Taddei, la atención está puesta sobre el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con Cajas Graf y señalado como su presunta pareja sentimental. En esa relación entre proveedores y funcionarios aparece otro personaje, Jesús Octavio García González. Antes de administrar los recursos del INE, representaba a Cajas Graf, que recibió un contrato por 46.9 millones de pesos en 2021 del instituto electoral de Sonora, entonces presidido por Taddei. Cuatro años después, ella colocó a su antiguo interlocutor comercial al frente de la administración del árbitro nacional.

García González también representó a Corporativo Zeg. Asumió como encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE en septiembre de 2025 y dejó el puesto en abril de 2026, después de los señalamientos de conflicto de interés. El comprador quedó en manos de quien gestionaba negocios para proveedores.

Los vínculos entre contratos y respaldos políticos también quedaron registrados en Sonora. Después de encabezar el organismo electoral de ese estado, Taddei llegó al Instituto de Transparencia local, impulsada por Alfonso Durazo. El 15 de julio de 2022, bajo su presidencia, ese organismo firmó una renta anual de 1.23 millones de pesos con Inmobiliaria Alta Sierra, vinculada con la esposa y los hijos del gobernador, según documentó Latinus.

Firmó por la inmobiliaria Florentino Valencia Samaniego, cuñado de Durazo. El organismo pagó por oficinas de la familia de quien había promovido a su presidenta.

Durazo también respaldó su ascenso al INE, de acuerdo con esa investigación. Taddei fue elegida por insaculación en la Cámara de Diputados y López Obrador celebró su nombramiento. Después, Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la consejera, llegó a la Consejería Jurídica de Sonora y en agosto de 2025 a la Secretaría Particular del gobernador. La cercanía se reflejó en contratos y nombramientos.

Los negocios de las proveedoras favoritas del INE durante la gestión de Taddei se extendieron por los institutos electorales locales. Una revisión de fallos, contratos y memorias identifica al menos cinco adjudicaciones a Cajas Graf y Corporativo Zeg por 177.35 millones de pesos entre agosto de 2023 y marzo de 2025.

Cajas Graf concentra 119.04 millones en dos contratos. Jalisco le asignó 102.16 millones para materiales de 2024 y Coahuila, 16.87 millones para la elección judicial de 2025. Es la empresa vinculada con José Alfredo Hernández Casillas, quien aparece brindando con un hijo de Taddei en París. En grabaciones atribuidas a Hernández Casillas y Taddei, el empresario le dice “cielo”. De ahí las versiones de una relación sentimental, no confirmada.

Zeg obtuvo 58.31 millones en otras tres adjudicaciones. Campeche le asignó 37.87 millones; Nayarit, ocho millones, y la Ciudad de México, 12.45 millones. En el concurso capitalino de agosto de 2023 también participó Cajas Graf. Fue descalificada, entre otros motivos, porque su constancia fiscal no acreditaba una actividad relacionada con los bienes licitados. Zeg ganó seis partidas. Ambas compañías han sido vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.

Las alertas sobre corrupción no empezaron esta semana. En abril de 2025, la Comisión de Anticorrupción y Transparencia del Senado rechazó solicitar la comparecencia de Taddei y un informe de Durazo sobre la renta con Alta Sierra. El Congreso eludió el caso.

Ahora, la ASF abrió una investigación por indicios de irregularidades. Las indagatorias deben continuar más allá del relevo y determinar las responsabilidades administrativas y penales que correspondan. La renuncia no esclarece los contratos ni sustituye las sanciones o la recuperación de recursos si se acredita daño al erario. Intentar enterrar el caso enviaría otro mensaje de impunidad, de los muchos que se han acumulado durante los casi ocho años que lleva la 4T gobernando.

En la sucesión de Guadalupe Taddei suena un nombre para encabezar el INE, aunque sea provisionalmente. Se trata de Arturo Manuel Chávez López, un asesor jurídico cercano a Claudia Sheinbaum del que escribí el lunes 2 de junio de 2025, en una columna titulada “El abogado de Sheinbaum y la elección judicial”. Entonces relaté su influencia en la defensa presidencial de esa reforma. Hoy es consejero electoral y su posible llegada al interinato o como nuevo presidente pondría, otra vez, al Instituto en la ruta del gobierno federal.

La primera decisión corresponderá a los propios consejeros, quienes deberán elegir entre ellos a quien ocupe provisionalmente la presidencia. También pueden asumir esa responsabilidad Carla Humphreyy Arturo Castillo, entre los 10 integrantes restantes del Consejo General, aunque esa posibilidad legal no equivale a una candidatura acordada. Ricardo Monreal calculó entre cuatro y cinco semanas para resolver el nombramiento definitivo y sostuvo que los actuales consejeros no podrán participar en ese proceso.

La designación definitiva corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados. Habrá convocatoria pública, evaluación de aspirantes y una quinteta elaborada por un comité técnico. La Junta de Coordinación Política deberá construir un acuerdo para que el pleno elija con dos terceras partes de los diputados presentes. Si vence el plazo sin conseguirlo, procederá la insaculación, un sorteo entre los cinco finalistas; si tampoco se concreta esa etapa, la Suprema Corte de Justicia hará el sorteo en sesión pública. Quien resulte designado completará el periodo que termina en abril de 2032.

Está confirmada la incorporación de Ulises Mejía Haro al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, como anticipé aquí la semana pasada. El zacatecano relevará a Leonel Cota Montaño en la Subsecretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El movimiento le dará responsabilidades en la política agroalimentaria y una posición federal después de su participación en la disputa interna de Morena por Zacatecas.

La relación con la Presidenta se afianzó cuando Mejía Haro coordinó en esa entidad los trabajos de apoyo a Sheinbaum durante el proceso interno para definir la candidatura presidencial. Esa cercanía ayuda a explicar su incorporación al gobierno y abre una nueva etapa para su grupo político, que busca conservar presencia territorial y espacios de representación en Zacatecas.

El nombramiento también tiene una lectura rumbo a 2027. Su llegada a Agricultura permitirá a Mejía Haro ampliar su interlocución con productores y gobiernos estatales, aunque su capacidad de gestión dependerá de las atribuciones y los recursos de la subsecretaría. Ya se sabrá cómo se acomodará su equipo en Zacatecas y qué lugar tendrá en el reparto de candidaturas de Morena

El mercado de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) sumó un nuevo movimiento con la llegada de GEMA (Grupo Empresarial Maestro) al control de KU-BO Financiero. La operación recibió el aval de la CNBV, a cargo de Ángel Cabrera, y surtió efectos el 19 de octubre. La estrategia combina los 24 años de experiencia de Crédito Maestro en financiamiento con las herramientas digitales de kubo.financiero, una alianza con la que el grupo busca ampliar su alcance y responder a las oportunidades de los servicios financieros digitales.

Gerardo Piña, con tres décadas de experiencia en Citibanamex, Mastercard, Monex, Nacional Monte de Piedad, Fincomún y Spin, encabezará esta fase, mientras que Oliver Fernández Mena presidirá el Consejo de Administración. GEMA y KU-BO destacaron el respaldo de la CNBV y de la Comisión Nacional Antimonopolio en el proceso.

Ahora deberán demostrar que la unión puede traducirse en mayor acceso al crédito, ahorro, inversión y educación financiera. La continuidad del modelo digital será central para competir con la banca tradicional y atraer a sectores desatendidos.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se reunió con la nueva cónsul general de Estados Unidos en México, Sarah A. Duffy, para intercambiar puntos de vista sobre seguridad, turismo y cooperación. El encuentro tiene relevancia por los vínculos de la entidad con ese país, donde se calcula que viven alrededor de un millón 200 mil oaxaqueños, aproximadamente 40% de ellos en California.

A esa relación se suma el turismo estadounidense, que ha encontrado en la capital oaxaqueña uno de sus destinos predilectos. Jara señaló que los lazos van más allá de la diplomacia y que la visita representa una oportunidad para fortalecer una relación que su gobierno valora profundamente. “Más allá de nuestras fronteras, compartimos el deseo de que a nuestros pueblos les vaya bien”, expresó.

El mandatario expuso ante Duffy que Oaxaca es un destino seguro y cada vez más atractivo para los visitantes extranjeros. Afirmó que es el quinto estado más seguro del país y atribuyó ese resultado a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la participación de las comunidades y una estrategia que atiende tanto los delitos como las causas que generan violencia.