Los sectores que coordinan la mayor parte de los bloqueos contra Paz en el altiplano son los mismos que votaron por él en las elecciones del año pasado. El pueblo aymara era antes un pilar esencial de la base del Movimiento al Socialismo (MAS), al que Paz cortejó con promesas pragmáticas de «capitalismo para todos», apelando a una clase emergente de sectores comerciales aymaras más prósperos — una lógica conocida como qamirismo, que deriva de la palabra aymara qamiri, utilizada para describir a alguien con dinero.

Una vez en el cargo, Paz abandonó las promesas de continuar con los programas sociales del MAS, y su principal base de apoyo se desplazó hacia los intereses empresariales revanchistas de Santa Cruz, un sector que ni siquiera votó por él, sino por el ultraderechista Jorge «Tuto» Quiroga.

Roberto Pacosillo Hilari es un veterano líder político aymara y una figura clave en los bloqueos. Explicó a Jacobin que Paz es el último de una larga tradición de políticos en Bolivia que extraen la riqueza del pueblo sin darle nada a cambio. «No hay confianza con este hombre. Es un mentiroso. En aymara diríamos sallqa, que significa una persona que miente, un charlatán. Esta es la razón por la que queremos que renuncie».

La capitulación de Paz ante los intereses empresariales y de las élites de derecha es vista por los manifestantes como un retorno a un pasado en el que los pueblos indígenas eran sistemáticamente excluidos del poder y sus votos eran explotados para servir a los intereses de las élites dominantes.

A medida que el conflicto con el Estado se desbordaba, los bolivianos han vuelto a levantar barricadas para ejercer presión. «El bloqueo», explicó a Jacobin el antropólogo boliviano Pedro Pachaguaya, «es una tecnología política ancestral que transforma el control territorial en poder de negociación».

Estos bloqueos son el resultado de procesos sociales colectivos. «El bloqueador no es el campesino atrasado que asedia la ciudad moderna — es un ciudadano complejo que activa su afiliación comunitaria cuando la asamblea lo decide», añade Pachaguaya.

Otro elemento clave de la protesta se refiere a la crisis estructural de la economía y al persistente problema de la gasolina basura o combustible de mala calidad. El diésel de baja calidad ha estado arruinando los motores de los minibuses del transporte público, y la compensación prometida a los conductores por los costes no ha llegado. En consecuencia, el sector del transporte lleva meses en huelga intermitente. Los conductores hacen colas de hasta cinco días en sus vehículos para conseguir gasolina en El Alto y La Paz.

Paz ha sido incapaz de asegurar un suministro fiable de combustible, un problema que comenzó en 2023 bajo el gobierno del MAS de Luis Arce. Ante la falta de reservas de divisas debido al colapso de las exportaciones de hidrocarburos, Bolivia no puede importar combustible en cantidades suficientes. A pesar de conseguir préstamos y rescates de instituciones internacionales, la economía está en caída libre y los más pobres lo están pagando caro.

A principios de este año, en abril, ataviado con un poncho rojo tradicional, Paz pronunció un entusiasta discurso en Achacachi, el bastión histórico de los movimientos campesinos aymaras que habían votado mayoritariamente por él en las elecciones del año pasado. Atraídos inicialmente por su promesa de «capitalismo para todos» y por el carisma popular de su vicepresidente, Edman Lara, los achacacheños y otras comunidades campesinas e indígenas de toda Bolivia están ahora profundamente descontentos con la inmediata capitulación de Paz ante la derecha, los empresarios y los intereses de las viejas élites.

El descontento comenzó con el intento de Paz de promulgar el Decreto 5503 en enero de este año, antes de que las protestas masivas le obligaran abruptamente a cambiar de rumbo. Luego, en mayo, intentó aprobar la Ley 1720, que habría profundizado la mercantilización de las pequeñas propiedades de tierra, beneficiando al sector agroindustrial en detrimento de los pequeños agricultores campesinos.

Movimientos campesinos e indígenas de las regiones amazónicas de Pando y Beni marcharon a pie durante un mes hacia La Paz para exigir la derogación de la ley. Al final lo consiguieron, ya que el poder legislativo votó a favor de descartar el decreto. Pero ya era demasiado tarde; los movimientos del altiplano, así como los sectores cocaleros del Chapare, se movilizaron y formaron bloqueos exigiendo nada menos que la renuncia de Paz.

Buscando desacreditar la movilización, gran parte de los medios oficialistas han retratado a los bloqueadores como marionetas del expresidente Evo Morales y han difundido la narrativa de que Evo está dirigiendo los bloqueos con miras a tomar el poder. Pero en realidad, los evistas son solo un elemento de una amplia y diversa movilización multisectorial, y hay pocos indicios de que Evo cuente con un gran apoyo más allá de su base dura. El líder de la COB, Mario Argollo, por ejemplo, se ha esforzado en distanciar la movilización de la COB de la figura de Morales. «No hay ningún financiamiento externo en nuestras movilizaciones», sostuvo en una entrevista. «Le pedimos a Evo Morales que no se cuelgue de nuestra lucha».

Argollo afirmó que las movilizaciones están impulsadas por las bases. «La gente ya no cree en el gobierno; hay mucha desconfianza», señaló. «No se puede tener un diálogo así. Pero eso lo decidirán las bases. Hasta este momento, solo exigen la renuncia, pero nos reunimos constantemente y se evaluará la situación».

Pero también es cierto que los bloqueos no cuentan con un apoyo universal dentro de las comunidades, y graves divisiones atraviesan los movimientos. Quienes bloquean no comparten todos los mismos intereses ideológicos o de clase. Por ejemplo, según se informa, algunos sectores de la confederación sindical campesina, la CSUTCB, han condenado los bloqueos.

Se desataron escaramuzas en las calles de El Alto entre bloqueadores y sus detractores. Las divisiones reflejan un fenómeno de paralelismo, mediante el cual los movimientos se dividen en múltiples facciones superpuestas, mermando la unidad de los movimientos indígenas y obreros desde los últimos años del MAS.

Por supuesto, no se puede negar el doloroso impacto de los bloqueos prolongados. Los hospitales han advertido que no pueden realizar cirugías de emergencia porque no tienen suficiente oxígeno. Los informes sugieren que algunas personas han fallecido debido a la imposibilidad de acceder a la atención médica de urgencia. La gasolina y la carne son prácticamente imposibles de conseguir en La Paz. Una pequeña cabeza de brócoli se vende en los supermercados de la capital por 6 dólares y, ante la escasez de pollo o carne de res, se transportan cajas refrigeradas de pollo en avión desde ciudades vecinas.

Los aeropuertos siguen abiertos, pero en El Alto muchos se han visto obligados a caminar kilómetros arrastrando maletas para esquivar los bloqueos. Los gobiernos de derecha de Perú y Chile han enviado suministros en apoyo al gobierno para aliviar la presión de los bloqueos.

El economista Javier Gómez señala que los bloqueos corresponden a «una nueva cartografía del poder» que refleja las profundas transformaciones territoriales y económicas de las últimas dos décadas, incluyendo la expansión de las economías informales, el auge del extractivismo y la creciente penetración del capital ilícito en la sociedad boliviana.

Esta semana se celebró un gran cabildo (asamblea pública) en La Paz por parte de sectores urbanos y de clase media descontentos que exigen un mayor uso de la fuerza por parte del Estado para desbloquear las carreteras. Pero Paz se mostrará cauteloso a la hora de utilizar la fuerza militar para aplastar los bloqueos, consciente de que podría agravar el conflicto y dar pie a violaciones de los derechos humanos. Con pocos aliados, su control sobre el poder es débil.

Dado que los bloqueos no muestran señales de disminuir, se plantean preguntas difíciles. Los movimientos exigen la renuncia de Paz y Lara, pero no hay una figura obvia para reemplazar a Paz ni una organización electoral clara en torno a la cual movilizarse, aunque los evistas buscan la oportunidad de volver a incluir a Morales en las papeletas electorales. En las elecciones del año pasado, el MAS quedó prácticamente desmantelado como fuerza política, y casi no hay presencia progresista o de izquierda en el poder legislativo. Se vislumbra un peligroso vacío político.

La movilización actual es un testimonio de la negativa de los trabajadores y de las masas indígenas bolivianas a ser tratados como peones políticos, a ser instrumentalizados durante las elecciones y luego ignorados. Pero la fragilidad del ecosistema político de Bolivia es preocupante a medida que avanza hacia la era post-MAS, en la que los movimientos sociales exigen que el Estado represente sus intereses, pero se han mostrado incapaces de reafirmar un control real sobre el poder estatal. Hay pocos ganadores en esta movilización, y Bolivia se enfrenta a un futuro sombrío e incierto.