Tras años de debate, la Asamblea Nacional francesa aprobó recientemente una ley sobre el derecho a la ayuda a morir, que incluye la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes con enfermedades irreversibles graves y con grandes niveles de sufrimiento. Con ello, escribió Le Monde en su editorial del 15 de julio, “se ha dado un paso decisivo para que la sociedad francesa asuma el control del miedo supremo de todo ser humano –el miedo al sufrimiento insoportable en el momento de la muerte– y la conquista de una nueva libertad, la de elegir el fin de la vida independientemente del Estado o de las religiones”. Francia se convierte así en el sexto país europeo en legalizar o despenalizar dichas prácticas.
Se trata ciertamente de un debate muy necesario que por distintas razones en México ha transitado con demasiada lentitud y con unos pocos avances en media docena de estados. Por ejemplo, en 2009 el Congreso de Aguascalientes aprobó la Ley de Voluntad Anticipada, también llamada de eutanasia pasiva, mediante la cual una persona que padezca una enfermedad terminal decida libremente someterse o no a tratamientos médicos que puedan prolongar su agonía, salvaguardando en todo momento su derecho a una muerte digna. En 2024 se intentó ir más allá tratando de reformar la constitución local para avanzar en el tema, pero sin éxito.
Sin embargo, la eutanasia activa y el suicidio asistido siguen prohibidos y penalizados por la legislación estatal y federal. Es hora de retomar la reflexión sobre este tema tan sensible porque México, con casi 15 millones de personas de 65 años y más, ya ingresó en el horizonte imparable del envejecimiento y sus efectos sociales, psicológicos, emocionales y de salud, sin estar enteramente preparado para afrontarlos.
Esa realidad obliga a preguntarnos, entre otras cosas, si existe tal cosa como el derecho a que una persona decida cuándo morir. En principio, me inclino a pensar que sí y, aunque es un tema de intensa discusión entre ética, ciencia y religión, quizá no pase mucho tiempo para ver una determinada comprensión cultural y legal de las modalidades mediante las cuáles una persona pueda poner fin a su vida en condiciones dignas, reconociendo quizá, con la frase de Julian Barnes, que “la iglesia y la ley llevan demasiado tiempo fomentando la indignidad”.
En un libro que publiqué1 recordaba cómo el filósofo André Gorz y su esposa, Dorine, quienes habían estado unidos por medio siglo, se suicidaron solitariamente en 2007 en su casa en un pueblecillo francés.2 Dos años más tarde, bajo asistencia clínica, el director de orquesta Edward Downes y su mujer, Joan, hicieron lo mismo “en circunstancias que ellos eligieron”, según declararon sus hijos; tenían 54 años de vida en común. Por esas mismas fechas, Debbie Purdy, una mujer que padecía esclerosis múltiple y que finalmente murió en 2014, logró que la máxima instancia judicial de Gran Bretaña apoyara su petición de que la ley que regula el suicidio asistido aclarase si su marido, Omar Puente, podría ser procesado si la ayudaba a acabar con su vida. “En sus propias palabras –recordó David Ward, un diputado que la apoyó en su batalla legal–, Debbie dijo que, si le permitían morir, eso la ayudaría a vivir”.
Casos como estos deben ser abordados al menos desde el punto de vista legal y ético. Por un lado, quizá tengan en común, además de una enfermedad terminal, el profundo miedo a la soledad, a la masacre –diría Phillip Roth– de la vejez y el deterioro físico y mental, al desplazamiento de vivir tan solo por existir, al abandono o al sufrimiento que, para algunos, puede significar la experiencia misma de la vida. Pero hay algo más potente y es la convicción de que, en determinadas circunstancias, elegir sobre uno mismo, en plenas facultades, es un derecho que debe ser protegido por la ley.
Hasta ahora, unos diez países tienen legislaciones que permiten el suicidio asistido y la eutanasia activa. En otros, como Estados Unidos, está regulado a nivel subnacional y existe en estados como California, Colorado y Oregon. La legislación de Suiza autoriza el suicidio asistido desde mediados del siglo pasado, y a su amparo, según un informe del gobierno suizo correspondiente solo a 2023, recurrieron a esa opción 1,729 personas.
Al ser el precedente más antiguo, un equipo de investigadores suizo-alemán elaboró un informe para rastrear el desarrollo del suicidio asistido a lo largo de treinta años. Encontró un notable aumento en el número total de suicidios asistidos desde el 2000; una proporción mayoritaria (60%) fue de mujeres; la edad mediana se situó en 73 años y las categorías diagnósticas de las personas motivadas por el deseo de morir eran las diversas limitaciones funcionales relacionadas con la edad, el deterioro sensorial, la pérdida de la vista y la audición, entre otras.
Sin embargo, el estudio mostró que en los casos analizados hubo una “transparencia insuficiente” respecto al enfoque y/o el proceso de las entidades que ofrecían el suicidio asistido y parece no estar suficientemente respondida la cuestión sobre cómo se aseguró en cada caso si se cumplió el principio fundamental, es decir, “que una persona haya tenido buen juicio respecto a su deseo de morir de larga duración y minuciosamente considerado”.3
Dignity in Dying, una iniciativa civil que lleva años luchando para que se promulgue una ley de muerte asistida para adultos con enfermedades terminales y mentalmente competentes en el Reino Unido, calcula que más de 300 millones de personas en todo el mundo tienen ya acceso legal a esa opción y hasta ahora ninguna ley nacional ha sido derogada.
Como mencioné antes, México ha empezado a introducir alternativas tímidas; varios colegios médicos, iniciativas profesionales y organizaciones civiles están siendo muy activas en la discusión sobre la “ayuda médica para morir”, y en 2025 se presentó una iniciativa de ley en el congreso federal que está congelada. Si todo esto evoluciona con cierta apertura y organicidad, es posible que el cambio tenga alcances legales más formales a mediano plazo.
Desde luego que se trata de una decisión sumamente compleja. El aspecto más controvertido está, sin duda, en el lado ético-religioso de la cuestión, el cual entra en profunda tensión si la argumentación viene desde al lado de la ciencia, esto es, cuando una enfermedad terminal y sus efectos dolorosos llevan a una persona conciente y libre a decidir poner fin a su vida en condiciones dignas porque cree que es ya la única opción que tiene. Esta meditación introduce un dilema en extremo difícil, en especial si la persona es un hombre o una mujer de fe. Si, como pensaba el papa Ratzinger, hay una “necesaria correlación entre razón y fe”, entonces no se puede tomar esa decisión solo desde el lado científico o solo desde el lado ético porque, siguiendo esta reflexión, “la ciencia en cuanto tal no puede generar un ethos, es decir, una conciencia ética renovada no puede ser producto del debate científico”.4
¿Cómo enfocar entonces la cuestión ante un callejón que parece no tener salida?
La mirada del Estado puede ser una que esté centrada en el mejor interés del ciudadano y la sociedad y por tanto expresada en ley. Para otros, es un asunto esencialmente científico y el valor superior a preservar es la vida en condiciones médicas, terapéuticas y de salud dignas. Pero para algunos más, si la vida es un don divino nadie puede disponer de ella a su antojo por más suplicio, aflicción y desesperanza que suponga.
Añádase otro terreno de reflexión. Hay ahora una verdadera revolución científica5 que no solo está modificando aceleradamente los paradigmas convencionales sino también planteando dilemas inéditos como, por ejemplo, si los padres tienen derecho a interferir genéticamente en embriones o recién nacidos para crear “bebés de diseño” o bien porque su código muestra probables comportamientos violentos; si deben las personas alterar su herencia genética para no reproducir enfermedades o discapacidades en su descendencia; si las generaciones actuales y futuras tienen derecho a modificarse genéticamente en una nueva especie o varias nuevas especies, o si es socialmente ética la creación de futuras élites que aumenten su propia capacidad mediante la inteligencia artificial y la ingeniería genética.
Vista de esa manera, la decisión en favor de la eutanasia activa y el suicidio asistido no es, por tanto, unívoca ni absoluta.
Cualquiera que sea la posición que se adopte, lo cierto es que, como dice Peter Singer, en el futuro habrá una ética distinta que reconocerá que es el hecho de ser persona –es decir, un ser con cierto nivel de conciencia– y no la pertenencia a la especie, lo que definirá “el derecho de los individuos autónomos y competentes a decidir cuándo vivir y cuándo morir”. ~
• En qué creer y otras historias heterodoxas, Ediciones Cal y Arena, México, 2024. ↩︎
• Justo un año antes, André Gorz publicó una larga carta a su esposa que quizá refleja el proceso psicoemocional que llevó después a la decisión final: Lettre à D. Histoire d´un amor, Éditions Galilée, París, 2006. ↩︎
Nota original publicada en el portal de letraslibres.com el 5 de agosto de 2026: https://letraslibres.com/ideas/morir-un-derecho/05/08/2026/.
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