“Es preocupante el envío masivo de migrantes a Latinoamérica”, dice Sofia Álvarez, de Forbidden Stories

Acuerdos financieros con más de 30 países. Dinero destinado a agencias de la ONU. Inmigrantes deportados a los que se les pierde el rastro. Esta y otras revelaciones forman parte de la publicación (“Deportation Project. Revelaciones sobre la maquinaria de expulsiones de la administración Trump”) del consorcio Forbidden Stories, del que RFI forma parte y que se sumerge en el gigantesco mecanismo puesto en marcha por la administración Trump para la expulsión de miles de personas de suelo estadounidense.

RFI: ¿Cómo llegan a esta investigación? ¿Por qué interesarse en la política migratoria de Trump?

Sofía Álvarez Jurado: Uno de los primeros casos a los que llega Forbidden Stories es el de Mario Guevara (periodista salvadoreño). Él estaba cubriendo una protesta contra ICE en Atlanta, que era el estado en el que vivía en Estados Unidos, y fue detenido.

Estuvo en prisión durante más de 100 días, incomunicado una gran parte de este periodo y finalmente es deportado al El Salvador. Evidentemente se le impide seguir trabajando en Estados Unidos y se le impide volver al país durante un periodo muy prolongado de tiempo.

Y junto a él han sido más de 30 los periodistas que fueron detenidos en Estados Unidos, la mayoría de ellos cubriendo manifestaciones contra ICE.

Esa es la génesis de esta investigación que revela que más de 25.000 migrantes han sido deportados desde los Estados Unidos y enviados a terceros países tan distantes como El Salvador, Ghana. Ruanda. ¿Es legal este mecanismo de deportación de inmigrantes?

Sofía Álvarez Jurado: Es la gran pregunta de esta investigación. Para que el público entienda un poco de qué estamos hablando aquí.

Hasta ahora esto simplemente era alegal, porque es una idea tan descabellada, la de recoger a una persona y enviarla a un país con el que no tiene ningún tipo de vínculo. Claro que no había ninguna legislación al respecto, porque simplemente es una idea descabellada.

Hace tres días, el 18 de septiembre de 2026, una corte Federal de Estados Unidos se pronuncia por primera vez a nivel federal -porque ya había decisiones a nivel un poco más bajo en cortes de distrito- y dice que no, que no es posible continuar haciendo esto. Se pronuncia sobre el hecho de que no -se les permite- a las personas migrantes tener una entrevista en las que puedan expresar si -piensan que- su vida correrá peligro o no al llevarlas a su país de origen o a un tercer país.

Y la Corte dice que esto no es posible.

Este domingo el consejero jurídico general del departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos se pronunció en Twitter y dice que, para ellos, para la administración Trump, los vuelos no están suspendidos y que van a continuar. Entonces estamos ahora mismo en un torbellino, en una batalla legal gubernamental en la que no está claro y vamos a tener que esperar para ver si el próximo vuelo despega o no. Ese es el nivel en el que estamos.

Ustedes han llegado a la conclusión de que más de 30 países están recibiendo a los inmigrantes expulsados desde Estados Unidos. ¿Qué reciben estos países a cambio? ¿Por qué se prestan a ser parte de esta política de Trump?

Sofía Álvarez Jurado: La cifra final del consorcio a la que hemos llegado son 35 países que habrían firmado acuerdos con Estados Unidos y 28 en los que ya se habrían producido transferencias de personas, por así decirlo, técnicamente. En la versión de estos acuerdos que se ha hecho pública, lo único que se da a cambio oficialmente es dinero. Por ejemplo, en el caso de El Salvador está en torno a cuatro o cinco millones. Hay otros países en los que es un poco menos o más. Pero ninguna de estas cifras es exorbitante, por así decirlo.

Pero hay que tener una visión global. Hay países que firman un acuerdo legalmente por el dinero, pero la semana después llega una ayuda de muchos más millones para invertir en infraestructuras en el país, para -por ejemplo- extracción de minerales. En el caso de los países africanos, para ayudas en el ámbito de la salud, para combatir el VIH sida, etcétera. Claro, oficialmente esto no es algo que se recibe a cambio de este acuerdo, pero si llega dos días después. Es una coincidencia muy curiosa.

Además de estos países, ¿hay otras entidades que participan de esta operación de gran escala?

Sofía Álvarez Jurado: En su gran mayoría a lo que se destinan estos fondos son a los gobiernos directamente. Sí que es cierto que de acuerdo con documentos que pudo visionar The Washington Post, que es socio de esta investigación, la Organización Internacional para las Migraciones, así como ACNUR, en ciertos casos reciben parte de estos fondos.

Por lo menos de parte de la Casa Blanca se dejó por escrito que parte de estos fondos estaban destinados a ellos directamente, pero nuestro consorcio se puso en contacto con estas organizaciones y pudimos determinar que estos fondos no se destinan directamente a que ellos intervengan en estas deportaciones. Lo que ellos hacen -y estoy citando su respuesta- es intervenir con una decisión que ya ha sido tomada por otras personas.

Entonces, por ejemplo, en el caso de la OIM, intervenir con su programa de repatriación voluntaria para que esas personas vuelvan a sus países de origen. Pero esto es muy polémico, por muchas razones.

Un caso particular es el de El Salvador. No solo recibe inmigrantes deportados extranjeros, sino que también a connacionales expulsados desde Estados Unidos.

Sofía Álvarez Jurado: El caso de El Salvador es muy, muy emblemático, el de las llamadas deportaciones a terceros países, porque además, lo que hace Nayib Bukele es un poco hacer del Cecot (NDR: Centro de confinamiento del terrorismo) su buque insignia. Es el caso ejemplarizante.

Es una forma de decir: hemos firmado este acuerdo con Estados Unidos y de repente nos volvemos más importantes, de repente Trump está dispuesto a conceder cierto tipo de favores. En general, las cifras de personas deportadas son exorbitantes y en este caso desaparecen en las prisiones.

Es algo que nos han repetido muchos, muchos, muchos abogados, y es una de las principales razones por las que nosotros no sabíamos si hablar de deportaciones o no en el proyecto, porque técnicamente una deportación tiene unas reglas. Esto no es una deportación como tal.

Hay abogados que hablan de desapariciones forzadas, desapariciones extrajudiciales, hay muchísima, muchísima controversia al respecto. Pero, en cualquier caso, las personas en El Salvador desaparecieron en las cárceles y hay muchos que no sabemos dónde están, que sus familias continúan intentando localizarlos.

Es desolador.

Ustedes llegaron a concluir que un 75% de estas deportaciones, ha sido hacia México. También a El Salvador, Guatemala. ¿Porque los países latinoamericanos se prestan a esto?

Sofía Álvarez Jurado: No son solo los países latinoamericanos, también hay expulsiones a países africanos. Hay 35 en total en África.

Sí que es cierto que hay un patrón muy preocupante en América Latina y es que hay un número muy elevado de personas expulsadas a cada país. Tenemos más de 25.000 personas en total. 20.000 en México, es una cifra muy elevada.

Se puede entender por razones de proximidad de la frontera. Se puede entender, porqué México era el país avanzadilla -más cercano- en este caso, aunque es un país que no tiene ningún acuerdo oficial firmado con Estados Unidos.

Pero, en cualquier caso, es un patrón muy preocupante y que vamos a tener que seguir porque son países en los que en muchos casos no se puede garantizar las condiciones de seguridad, a veces ni siquiera para sus propios ciudadanos. ¿Qué decir de estas personas que a veces no hablan español y que nunca han estado en América Latina? no tienen ningún tipo de vínculo cultural.

Yo estuve en México en mayo de 2025, cerca de la frontera con Guatemala, para hablar con muchas de estas personas, y era descorazonador ver cómo personas te decían “¡es que yo no quiero estar aquí. No tengo nada en contra del país, pero yo quiero estar en casa, yo quiero estar con mi familia. Yo no quiero empezar una vida nueva a los 60 años”.