Este jueves, sin haber alcanzado un consenso en el parlamento sobre los nombramientos, se llevó a cabo la juramentación de Larry Devoe como nuevo fiscal general de Venezuela y de Eglée González como nueva defensora del pueblo. Este proceso se extendió por más de un mes y medio, tras la renuncia de los titulares anteriores con el objetivo de forzar su renovación. Además, el Parlamento aprobó una nueva ley minera, mientras que sectores laborales y sindicales exigieron un aumento del salario mínimo, siendo reprimidos en su intento de manifestación.
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La diputada oficialista Carolina Carreño destacó que «el ciudadano Larry Devoe reúne todas las credenciales académicas, éticas, morales y ciudadanas necesarias para liderar el Ministerio Público» al proponer su nombramiento. Por su parte, Devoe se comprometió ante el Parlamento a «trabajar incansablemente para lograr un sistema de justicia y penal que esté a la altura de nuestro pueblo».
Las designaciones se realizaron con el respaldo mayoritario del chavismo, sin contar con el apoyo de la oposición, que consideró que se trató de una «oportunidad perdida» para elegir a candidatos más profesionales, especialmente para la Fiscalía.
Larry Devoe, quien había representado al gobierno de Nicolás Maduro ante organismos internacionales de Derechos Humanos, fue confirmado como fiscal general tras haber ejercido como encargado en las últimas semanas. Eglée González, quien se autodenomina opositora, fue nombrada como defensora del pueblo.
El diputado opositor Henrique Capriles, quien ha sido candidato presidencial en dos ocasiones, manifestó su desacuerdo con la elección del fiscal. «Si queremos que este país cambie, esta es una oportunidad para colocar en las instituciones a personas sin militancia política, que sean independientes y que esas instituciones sirvan al país», afirmó.
Apertura de inversión privada en el sector minero
Las decisiones se tomaron en la Asamblea Nacional al finalizar una extensa jornada en la que los diputados aprobaron de manera unánime una nueva Ley de Minas que permite la entrada de capital privado al sector. Esta medida forma parte de los cambios impulsados por el gobierno de Delcy Rodríguez, en línea con Washington, tras la salida de Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.
El jefe parlamentario, Jorge Rodríguez, afirmó que se trata de «un vehículo para la construcción de la prosperidad del futuro», recibiendo aplausos de los presentes.
Simultáneamente, sectores laborales y sindicales exigieron un aumento del salario mínimo, que ha permanecido congelado durante cuatro años, organizando una marcha que intentó llegar al palacio de gobierno en el centro de Caracas. La movilización fue disuelta por la policía, que utilizó gas pimienta, golpes y detenciones, resultando en agresiones a 10 periodistas por parte de las fuerzas del orden.
Tomado de https://www.rfi.fr/
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