“La gente está en shock”: El fin del TPS golpea al corazón de la diáspora haitiana de Estados Unidos

La decisión del Tribunal Supremo de permitir que la Administración de Donald Trump ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 350.000 haitianos sacudió este jueves al Pequeño Haití, North Miami y otras comunidades del sur de Florida donde se concentra la mayor diáspora haitiana de Estados Unidos. El fallo de la mayoría conservadora de la alta corte, en una votación de seis contra tres, despeja el camino para que el Gobierno republicano elimine la protección migratoria de cientos de miles de personas de Haití y Siria, muchos de los cuales llevan más de una década viviendo, trabajando y formando familias en Estados Unidos. Organizaciones proinmigrantes y expertos advierten que el fallo del Supremo también sienta un precedente que podría facilitar la cancelación del TPS para beneficiarios de otros países.

Los primeros haitianos que recibieron TPS llegaron a EE UU tras el devastador terremoto que asoló Haití en 2010. Desde entonces han formado familias, comprado viviendas y abierto negocios, si bien nunca tuvieron un camino para obtener una residencia permanente ni la ciudadanía.

“Es un golpe devastador para la esperanza de muchas personas que habían hecho de este país su hogar”, dice el pastor Reginald Joseph, de la Iglesia Evangélica Bautista Haitiana de Homestead, al sur de Miami. “Hay personas que llevan aquí 15 o 20 años, estudiaron en la universidad, compraron una casa, tienen negocios e hijos ciudadanos estadounidenses. De un día para otro les dicen que el TPS ya no existe”.

Joseph señala la incertidumbre que enfrenta la comunidad. “Hay familias que tendrán que decidir si separarse o llevarse a sus hijos a un país donde el propio Gobierno de Estados Unidos recomienda no viajar por la violencia. La gente está en shock. No sabe qué hacer”, agrega.

Vanessa Joseph, una oficial de la ciudad de Miami y líder de la comunidad haitiana, hace eco de los mismos sentimientos. “Las familias están reaccionando con miedo, dolor, confusión y una sensación de traición. Esta decisión no se está viviendo como una resolución jurídica abstracta. Se está sintiendo en las mesas de las cocinas, en las iglesias, en los lugares de trabajo y en las conversaciones entre padres que ahora se plantean preguntas imposibles de responder: ¿Podré seguir trabajando? ¿Perderé mi carné de conducir? ¿Qué pasará con mis hijos si me detienen o me deportan? ¿Cómo preparo a mi familia para algo para lo que ninguna familia debería tener que prepararse?“.

Haití está sumido en una profunda crisis socioeconómica desde hace más de una década, golpeado por desastres naturales, el colapso de las instituciones y una inestabilidad política que se ha exacerbado desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Las pandillas y grupos paramilitares controlan vastas zonas de la capital, Puerto Príncipe, y otras regiones del país. Se estima que más de un millón de personas se han visto obligadas a desplazarse internamente, huyendo de la violencia generalizada, según grupos de derechos humanos. El Departamento de Estado de EE UU advierte no viajar a Haití debido a los riesgos.

Desde su promulgación, el TPS para haitianos ha sido extendido cada 18 meses por todos los gobiernos estadounidenses, hasta el expresidente Joe Biden, que firmó la última extensión en agosto de 2024. Al iniciar el segundo mandato de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional, entonces aún bajo el mando de Kristi Noem, decidió que Haití ya no cumplía con los requisitos y que iba “en contra del interés nacional” que los haitianos permanecieran en EE UU.

Además de impugnar la decisión de Noem hasta que llegó al Supremo, los defensores del TPS también llevaron la batalla al Congreso, controlado por los republicanos en ambas cámaras. En abril, la Cámara de Representantes aprobó con apoyo bipartidista extender durante tres años el TPS para Haití, pero el proyecto está estancado en el Senado.

Guerline Jozef, directora de Haitian Bridge Alliance, que defiende los derechos de los migrantes, asegura que “Haití está hoy peor que cuando recibió el TPS tras el terremoto de 2010”. “Más del 80% de Puerto Príncipe está controlado por grupos armados, hay 1,3 millones de desplazados internos y no existe la infraestructura necesaria para recibir a cientos de miles de personas. Esas condiciones hacen no solo peligroso, sino imposible, el regreso de estas personas”, señala.

Jozef considera que existe una mala comprensión del público sobre el propósito del TPS, fomentada en buena parte por el discurso de la Administración Trump de que se trata de una protección temporal. “Sí, es temporal, pero depende de las condiciones actuales del país. Y ahora las condiciones son peores que en 2010”.

Jozef opina que la Corte ignoró un historial de prejuicios hacia los haitianos por parte de Trump, que ha hecho comentarios despectivos sobre Haití y durante la campaña presidencial de 2024 difundió afirmaciones falsas de que los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, se estaban comiendo las mascotas de los vecinos. “En esencia, el mensaje era que no quería a los haitianos en Estados Unidos y, una vez llegó al poder, ha atacado a la comunidad”, agrega la experta.

El tema racial estuvo en el centro del caso que llegó al Supremo. Los demandantes sostuvieron que la decisión de cancelar el TPS respondía a un patrón de hostilidad de Trump y algunos funcionarios hacia los haitianos. Como evidencia, citaron declaraciones del presidente desde su primer mandato, como cuando calificó a Haití como un “país de mierda” (“shithole country”). Las tres juezas progresistas de la Corte que votaron en contra el jueves señalaron que había indicios más que suficientes de que la decisión estaba motivada por prejuicio racial.

Además, Jozef advierte que el fallo tendrá consecuencias más allá de la comunidad haitiana. “Ayer fue el turno de Haití y Siria; mañana podría ser el de Venezuela, Nicaragua, El Salvador y los otros países amparados por el TPS. En total, son 17 países y alrededor de 1,3 millones de beneficiarios”, agregó. “Estamos hablando de separación de familias, de niños ciudadanos estadounidenses que podrían quedarse sin sus padres y de sectores enteros de la economía que dependen de estos trabajadores”.

Impacto económico

Las consecuencias podrían sentirse inmediatamente fuera de la comunidad haitiana, dice Marie Etienne, profesora de enfermería y expresidenta de la Asociación de Enfermeras de Florida. “Los beneficiarios del TPS no son contribuyentes temporales; son miembros de larga data de nuestra fuerza laboral. Trabajan en hospitales, cuidan a nuestros adultos mayores y sostienen el sistema de salud. Si pierden el TPS, los hospitales perderán personal experimentado y los pacientes perderán continuidad en su atención”.

Jozef estima que cerca de un tercio de los haitianos protegidos por el TPS trabajan en el sector de salud, especialmente en hospitales y centros de cuidado de personas mayores. Otros trabajan en industrias consideradas esenciales, como el transporte y alimentos.

La decisión tendrá consecuencias “profundamente devastadoras para cientos de miles de familias”, dice Paul Christian Namphy, de Family Action Network Movement (FANM), una de las principales organizaciones de defensa de la comunidad haitiana en el sur de la Florida. En un comunicado, FANM condenó la decisión, que calificó como “una profunda injusticia”, y lamentó que la Corte ignorara las denuncias de trato discriminatorio hacia los inmigrantes haitianos.

“Rechazamos la deshumanización que transmite este mensaje. Las familias, los trabajadores y las comunidades haitianas importan, y sus contribuciones a este país no pueden ser borradas ni ignoradas”, dijo Namphy.

“Las personas están, con razón, confundidas, asustadas y devastadas por esta decisión de la Corte Suprema”, dice Emmanuella Telfort, presidenta de la Asociación de Abogados Haitianos del Sur de la Florida, quien advirtió que Haití “no está en condiciones de recibir a cientos de miles de personas” que llevan más de una década viviendo en EE UU. La Asociación está ofreciendo orientación gratuita a los beneficiarios del TPS que buscan conocer sus alternativas.

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