Cuando baja el costo del prejuicio

Los gobiernos de los últimos ocho años han revivido la idea del “injerencismo” extranjero para utilizarla con fines políticos. La acusación no está dirigida a un grupo en particular, sino a aquello que, supuestamente viniendo de fuera, es acusado de contaminar lo que ocurre dentro del país: la lista puede ir desde el gobierno de Estados Unidos a una pequeña organización civil mexicana pro derechos humanos que cuenta con financiamiento del exterior. Pero la acusación nunca habla solo de los de afuera, también implica un juicio sobre la lealtad de los de adentro.

Se apela a la amenaza extranjera cuando un determinado grupo político busca lograr consenso por la vía fácil. Con ello seguramente conseguirá apoyos viscerales de quienes se envolverán en la bandera patria para defender “lo nuestro”, sea esto lo que sea. Así, se escucharán desde las tribunas palabras como “soberanía nacional”, asociada al verbo “defender”, y a los sustantivos “pueblo”, “patria”, “dignidad”, “justicia”, “principios”, “mexicanos de verdad”, “vendepatrias” y otros más. En todos lados el discurso es prácticamente el mismo.

Cuando el presidente Trump anunció el aumento de aranceles a México, en marzo de 2025, la presidenta Sheinbaum convocó a una marcha “en defensa de la soberanía”, no de la economía, y ante las acusaciones sobre el vínculo entre algunos funcionarios públicos y el crimen organizado la respuesta fue, también, defender a la patria.

El pasado 15 de septiembre, al grito de “¡viva la independencia!” se sumó el de “¡viva la soberanía!”. “México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”, dijo la presidenta antes de que iniciara el desfile militar del día 16. Recurrir a la soberanía no responde a la amenaza, sirve para cambiar de tema.

Una gran ironía: en Palabras que transforman: Guía para prevenir narrativas discriminatorias y discursos de odio, publicada por el CONAPRED en 2025, se incluye al nacionalismo entre los mensajes que se deben evitar, junto al racismo, la xenofobia, la misoginia y el sexismo.

La acusación de injerencia extranjera no ha respondido solo a fines de defensa, sino también de ataque: históricamente se ha utilizado como instrumento de control político para descalificar conflictos internos.

A Saturnino Cedillo se lo acusó, en 1938, de responder a los intereses de las empresas petroleras extranjeras; el sinarquismo fue asociado con la Falange, en el contexto de la Segunda guerra mundial; la primera versión oficial sobre el movimiento de 1968 fue que había “manos extrañas en los disturbios estudiantiles” y varios mexicanos fueron acusados de ser “aventureros sin patria y descastados”.

El gobierno de Zedillo objetó la presencia de ONG, observadores y sacerdotes extranjeros en el contexto de la rebelión del EZLN para evitar la injerencia extranjera, y varios de ellos fueron expulsados del país. En algunos casos sí existieron vínculos con el exterior, en otros no, pero en todos la acusación sirvió para desplazar la discusión sobre el conflicto interno a la lealtad de sus protagonistas.

La legislación mexicana cuenta con una potente herramienta anti injerencia. Es el artículo 33 constitucional, que prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en los asuntos políticos del país y permite al Ejecutivo expulsarlos del territorio nacional, previa audiencia.

También estuvo vigente, entre 1941 y 1970, el delito de “disolución social”, que tipificaba la injerencia “de cualquier gobierno extranjero” como delito interno y que fue usado para reprimir primero a comunistas y luego a maestros y ferrocarrileros en 1958. Un instrumento concebido para frenar la amenaza de intervención extranjera terminó siendo utilizado contra los propios mexicanos.

Durante el sexenio de AMLO, la denuncia de “injerencismo” volvió a ser recurrente, dirigida contra actores extranjeros –gobiernos, empresas, organizaciones civiles, organismos y prensa internacionales– y contra mexicanos acusados de simpatizar con ellos. El gobierno de Claudia Sheinbaum parece seguir la misma línea, endureciéndola. Dos medidas recientes han convertido la preocupación por la injerencia extranjera no solo en un recurso retórico, sino en un instrumento jurídico y en un arma de control político. Son las dos caras de la misma moneda, una hacia afuera, otra hacia dentro.

El Congreso aprobó, en mayo de 2026, una adición al artículo 41 constitucional que permite anular una elección cuando hubiera intervención o injerencia extranjera que influyera en los resultados. Debido a que la reforma no tiene todavía legislación secundaria, no se sabe qué cuenta como injerencia, quién la acredita y con qué pruebas. Esto abre la puerta, por lo menos, a un uso político discrecional y selectivo.

La segunda es la iniciativa presidencial para exigir que los mexicanos con doble nacionalidad que deseen contender por la Presidencia, las gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México renuncien a su nacionalidad no mexicana antes de poder competir, es decir antes de saber incluso si ganarán la candidatura de su partido. La Constitución ya contenía los candados necesarios para impedirlo, por lo que reforzarlos solo implica acentuar la desconfianza frente a los dobles nacionales.

El temor por la injerencia extranjera y su denuncia va creando un clima que no es solo utilizado por el poder: se extiende más allá y es utilizado, también, por grupos que pueden tener su propia agenda, alineada o no con el gobierno.

Los economistas Leonardo Bursztyn, Georgy Egorov y Stefano Fiorin estudiaron el efecto del triunfo de Trump en 2016 y encontraron que la elección no volvió más xenófobos a los estadounidenses, pero sí los volvió más dispuestos a decir en público lo que antes callaban. Cuando las señales desde el poder legitiman ciertos prejuicios o ciertos sentimientos, como la xenofobia, bajan el costo social de expresarlos públicamente.

El viernes 11 de septiembre una manifestación pequeña, de alrededor de 60 personas se plantó frente a una sinagoga de Polanco –no frente a la embajada de Israel– a pocas horas de que iniciaran las festividades del año nuevo judío, para gritar “¡Fuera judíos de México!”, una exigencia que solo tiene sentido si se les niega primero su condición de mexicanos.

No sostengo que antisemitismo y xenofobia sean lo mismo. Ni que no hubiera antisemitismo antes. Sostengo que se está construyendo un clima en el que está bajando el costo social de manifestar el prejuicio, en este caso el antisemitismo. Hasta el 16 de septiembre, el gobierno federal no ha condenado la manifestación, y los silencios también fijan los límites de lo socialmente tolerable.

Explotar el sentimiento antiextranjero se está volviendo un arma en contra de los propios mexicanos, contra quienes tienen doble nacionalidad, contra quienes son señalados por sus vínculos con el exterior, contra quienes son percibidos como diferentes. Hoy son los judíos, acusados históricamente de dobles lealtades. Mañana, como en el pasado, la lista podría irse ampliando. ~