Ecuador: entreguismo criminal

El Comando Sur de Estados Unidos informó del hundimiento del buque pesquero Por siempre don Carlos y de la desaparición de sus 25 tripulantes a 140 millas náuticas de las costas de Manta, Ecuador. Con esta acción, ya van 10 embarcaciones destruidas por las tropas estadunidenses invitadas al país por el presidente Daniel Noboa con el supuesto fin de combatir el narcotráfico.

Además, el ataque supone un recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de Washington, pues en los casos anteriores las tripulaciones eran secuestradas, sometidas a tortura en barcos estadunidenses y luego entregadas a autoridades ecuatorianas, que casi siempre tenían que liberarlas por la ausencia de pruebas que las vincularan con algún ilícito.

Ahora, o se ha aplicado la táctica de asesinar a los navegantes –como se hizo de manera sistemática en el Caribe y el Pacífico– o se decidió ocultar el paradero de los pescadores.

Tales hechos ilustran la desaparición de la soberanía y del estado de derecho bajo el gobierno de Noboa. Debe recordarse que el mandatario ha usado el pretexto del crimen organizado para conculcar las garantías individuales en gran parte del país y abrir las puertas a la ocupación estadunidense.

Desde 2024, el mandatario de ultraderecha ha impuesto estados de excepción y toques de queda recurrentes durante los cuales se suspenden la libertad de tránsito, el ejercicio de los derechos constitucionales a la inviolabilidad de domicilio y a la inviolabilidad de correspondencia, al tiempo que se autoriza la ejecución de requisiciones.

Sin embargo, entre el primer semestre de ese año y el del siguiente hubo un repunte de 47 por ciento en el número de homicidios, y 2025 cerró como el año más violento en la historia de Ecuador con aproximadamente 9 mil 300 muertes violentas, 52 por cada 100 mil habitantes.

Al mismo tiempo, el hijo del hombre más rico del país se ha afanado en instalar al ejército estadunidense en Ecuador. Primero impulsó una consulta popular para reformar la Constitución a fin de derogar el artículo que proclama al país “un territorio de paz” donde “no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares” y en el que “se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

Tras el rechazo de su intentona entreguista, recurrió a subterfugios como la creación de “bases flotantes” o la entrega extraoficial de instalaciones a Washington.

El comandante de la Fuerza Aérea ecuatoriana, Mauricio Salazar Machuca, fue destituido por señalar que la base Taura ya es operada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y solicitar a Quito “autorizaciones, directrices, instrumentos o mecanismos jurídicos, administrativos o de ser el caso convenios o acuerdos específicos” que solventaran la contradicción entre la cesión de facto y la prohibición explícita de la Carta Magna.

Para colmo, en agosto pasado Noboa otorgó total inmunidad a los integrantes de las fuerzas armadas estadunidenses, empleados civiles del Departamento de Guerra, empresas extranjeras contratadas o subcontratadas por esa dependencia y sus trabajadores no ecuatorianos.

Estos agentes extranjeros se encuentran protegidos frente a sanciones administrativas y tienen garantizado el trámite diplomático de los conflictos en los que se vean involucrados, por lo que pueden cometer cualquier crimen y quedar impunes, como ya ha ocurrido con todos los casos de secuestro y tortura contra personas inocentes. Asimismo, el gobierno ecuatoriano mantiene bajo reserva las cifras de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por Estados Unidos.

Un aspecto escalofriante de la embestida contra el pueblo de Ecuador es que la comanda un individuo sobre quien pesan serios indicios de vínculos con el narcotráfico a gran escala: entre 2020 y 2025, fueron incautados al menos ocho grandes cargamentos de cocaína camuflados en cajas de plátano pertenecientes a la familia Noboa y destinadas a Europa. Uno de los periodistas que sacaron a la luz el uso de Noboa Trading para la exportación de drogas tuvo que exiliarse debido a las amenazas de muerte que recibió.

La conclusión es evidente y repite lo observado en toda la región: Washington no busca erradicar el tráfico de estupefacientes, sino imponer regímenes afines para controlar territorios, recursos naturales y acaso el trasiego de drogas mismo.