febrero 19, 2025

Trump, la represión antimigratoria y las ganancias del miedo

Trump, la represión antimigratoria y las ganancias del miedo

Tomado de https://vientosur.info/


[En este artículo, escrito antes de la investidura de Donald Trump, Alberto Toscano, autor de Late Fascism (El fascismo tardío) nos recuerda que los planes de expulsión masiva de Trump forman parte de una larga historia de guerra política y jurídica contra los migrantes.]

“Todavía no han visto nada. Esperen a 2025”. Esto es lo que declaró Tom Homan, el “zar de las fronteras” recién nombrado por Donald Trump, durante la Conferencia del National Conservatism el pasado julio, donde anunció que si Trump volvía a la Casa Blanca dirigiría “la mayor fuerza de deportación que este país haya visto nunca”.

Algunos meses antes, Stephen Miller, el futuro jefe adjunto de gabinete de Trump y principal agitador antimigrantes, había expuesto su propia visión sombria de “la más espectacular represión migratoria”: un llamamiento al conjunto de poderes federales para llevar a cabo una campaña de deportación masiva que aplastaría a los abogados especializados en los derechos de los inmigrantes y acabaría con todos los esfuerzos para proteger a los trabajadores sin papeles de la vigilancia, el encarcelamiento y la expulsión.

A día de hoy, a muy pocos días de la investidura de Trump, las amenazas contra los responsables municipales o estatales deseosos de ofrecer un “santuario” se han vuelto más explícitas, como cuando Tom Homan prometió recientemente perseguir a Brandon Johnson, alcalde de Chicago, si continuaba “albergando y ocultando” demandantes de asilo.

Los planes de deportación masiva de Trump son alarmantes, pero son también una recapitulación consciente (aunque acelerada) de la larga historia de racismo de Estado antimigrantes de los Estados Unidos, y el producto de un sistema muy rentable de detención y vigilancia sostenido por las sucesivas administraciones de los dos grandes partidos. La principal función de la expulsión en las economías capitalistas que dependen de la mano de obra inmigrada y sin papeles no es expulsar a estos trabajadores, sino subordinarlos.

Ya adopten o no la “espectacular” forma deseada por Miller, reportarán dividendos de distintas maneras: permitirán a  las prisiones privadas y a otras empresas carcelarias encargadas de gestionar la futura represión seguir haciendo beneficios, a la vez que posibilitarán a Trump obtener ganancia política de la afirmación de que los migrantes son los primeros culpables del “desastre americano”. Esta estrategia no conoce ningún limite moral o real, como lo ha demostrado la respuesta de MAGA a las recientes violencias en Nueva Orleans y Las Vegas al declarar “Debemos asegurar esta frontera”, cuando ambos ataques han sido perpetrados por ciudadanos estadounidenses nacidos en EE UU y con un largo pasado militar.

Para contestar el anunciado señalamiento violento de los migrantes como chivos expiatorios, habrá que movilizarse contra la pretensión de la administración Trump de ser el defensor del “trabajador americano”…

150 años de guerra jurídica contra los migrantes

La retórica que rodea la política fundamental del movimiento MAGA parece una compilación de los mayores éxitos de 150 años de lucha contra los migrantes por medio de leyes nativistas. Las diatribas sinófobas de Trump contra el fentanil chino que cruza la frontera nos hace recordar que los trabajadores chinos fueron el primer objetivo de las leyes represivas y racistas sobre la inmigracion en los Estados Unidos, comenzando por la ley Page de 1875, así como de un movimiento obrero nativista que peleó para que la mano de obra siguiera siendo blanca.

Pero eso sólo fue el principio. En 2015, Donald Trump invocó la tristemente célebre “operación Wetback” realizada por Dwight Eisenhower en 1954 como un posible modelo a seguir para su propia administración. Las mentiras que Trump y el vicepresidente electo HD Vance han difundido este otoño sobre los inmigrantes haitianos de Springfield, en Ohio, muestran hasta qué punto el racismo antinegros y antilatinos ha jugado un papel crucial, desde la boatlift de los inmigrantes cubanos y haitianos de Mariel en 1980, en la presentación de la migración como una crisis de seguridad nacional.

La promesa del programa de los republicanos para 2024 de “deportar a los izquierdistas pro-Hamas” de los campus universitarios nos recuerda cómo las políticas antimigrantorias han solido estar unidas a pánicos políticos sobre los extranjeros subversivos, desde la ley McCarran-Walter de 1952, que incluía a comunistas y anarquistas entre los “extranjeros expulsables”, hasta la Ley sobre Enemigos Extranjeros de 1798 (Alien Ennemies Act 1798), utilizada para justificar el internamiento masivo de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra mundial (y ahora también citada por Trump y sus acólitos como un medio para eludir los obstáculos jurídicos a la detención de millones de inmigrantes sin papeles).

Actualmente, el Congreso está a punto de adoptar la ley Laken Riley, con un considerable apoyo de los demócratas, ampliando aún más la detención obligatoria, incluso para inmigrantes en situación regular, bajo pretexto de una inexistente oleada de “criminalidad inmigrante”.

Aunque la ideología xenófoba de MAGA apenas ha cambiado respecto a sus predecesoras -distinguiéndose sobre todo por su grosería sin disimulos-, sus esfuerzos por transformar el racismo nativista en una plataforma política central tienen también precedentes en la historia reciente de la ley sobre la inmigración y de su aplicación.

La administración de Bill Clinton, y en particular su apoyo a proyectos de ley como la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de la Responsabilidad de los Inmigrantes (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsability Act), criminalizando la inmigración, supuso un giro en la “máquina de expulsar” de los Estados Unidos. Como ha señalado Silky Shah, directora ejecutiva de Detention Watch Network, el giro punitivo de los años Clinton facilitó la fusión de la aplicación de las leyes de inmigración con el complejo industrial carcelario en un único y mismo paisaje carcelario.

En 2014, bajo la presidencia de Barack Obama -apodado “el deportador jefe” mucho antes de la entrada en funciones de Trump-, el mismo Tom Homan, entonces alto responsable de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), comenzó a promover la idea de utilizar la “separación familiar” para desalentar la inmigración. Aunque Obama dudó en poner en marcha esta idea, honró sin embargo a Homan al otorgarle al año siguiente el Presidential Rank Award. Como dice Silky Shah, el trabajo de la administración Obama para conectar el sistema de detención/deportación con las fuerzas del orden “se extendió y puso en pie una poderosa maquinaria” que más tarde explotará Trump.

Ganancia privada, propaganda pública

La privatización ha constituído una dimensión importante de estos sistemas imbricados. Amparándose en benévolas “reformas”, la administración Obama supervisó tanto el aumento de enjuiciamientos federales por delitos de inmigración como la readmisión ilegal y el creciente recurso a prisiones privadas y “alternativas a la detención” para migrantes, incluyendo diversas formas de vigilancia y de encarcelamiento electrónico.

Por su parte, y hasta sus últimos días, la administración Biden ha prorrogado los lucrativos contratos con las sociedades que gestionan las instalaciones privadas donde se amontona la mayoría de las personas migrantes sin papeles detenidas -además de los detenidos de la ICE que ya se encontraban en centros de detención privados en julio de 2023- a pesar de los casos documentados de “negligencia médica, muertes evitables, utilización punitiva del aislamiento en celdas, ausencia de procedimiento regular y tratamiento discriminatorio y racista”, como ha informado The Guardian. Incluso siguen abiertos los centros de detención que el propio Inspector General del Departamento de Seguridad Interior (Department of Homeland Security) había pedido explícitamente su cierre.

Los grupos de defensa de los derechos humanos han protestado contra las brutalidades derivadas de la dependencia de la administración Biden respecto a la industria de la detención, que alcanza varios miles de millones de dólares y está dirigida por sociedades como GEO Group (antes Wackenhut) y CoreCivic (antes Corrections Corporation of America). Entre tanto, como informa The Lever, sociedades de capital-riesgo han realizado considerables inversiones en centros de detención federales para inmigrantes, “lo que significa que intereses opacos de Wall Street, no obligados a rendir cuentas y que consiguen grandes beneficios, están dispuestos a ganar centenares de millones de dólares deteniendo y vigilando a los inmigrantes del país”.

La industria penitenciaria privada, cuyas acciones se habían disparado por la nueva victoria electoral de Trump, espera ahora un maná de su segunda administración. Como ha declarado el presidente ejecutivo de GEO Group en una conferencia telefónica sobre los resultados tras las elecciones: “Esperamos que la futura administración Trump adopte un enfoque mucho más agresivo en lo que se refiere a la seguridad de las fronteras, así como la aplicación de la ley en el interior del país, y que solicite del Congreso fondos suplementarios para alcanzar estos objetivos”. Esta agresividad creciente respecto a las personas migrantes se traduce directamente en un aumento de los ingresos de GEO y similares.

El beneficio a obtener del castigo racializado de los sin papeles no acaba con la detención y la expulsión, sino que incluye también el control y la vigilancia electrónica de migrantes. El Programa de Vigilancia Intensiva del ICE (Intensive Supervision Appearance Program) incluye tobilleras, “relojes” de vigilancia y aplicaciones de reconocimiento facial para smartphone, así como la extracción de datos, todos ellos objeto de lucrativos contratos con el gobierno.

Aun con cierto escepticismo sobre la capacidad de la administración Trump para poner en práctica todos sus draconianos planes, Evan Benz, abogado del Centro America por los derechos de los inmigrantes, señala que no hay “ningún medio rentable o práctico para que el ICE detenga y expulse legalmente a los más de tres millones de migrantes incluidos en el registro de personas no detenidas, a pesar de lo que Trump y sus esbirros fascistas puedan soñar para el próximo año”-; incluso un fracaso de la campaña de deportación masiva seguiría siendo rentable para los intereses de las prisiones privadas, a la vez que extendería la miseria y el terror entre los migrantes.

Una economía del miedo               

Observar la máquina de detención y de expulsión que están poniendo en marcha Trump y su gabinete de fanáticos adinerados es contemplar toda una economía política del miedo y del castigo, que genera ganancias privadas partiendo del carburante de la propaganda demagógica, tanto recogiendo los beneficios psicológicos del nativismo como llenando las cajas de las empresas.

El miedo ha sido siempre un factor económico para las y los trabajadores inmigrados: les obliga a aceptar empleos mucho menos remunerados, obstaculiza la sindicalización y permite la acción de los empleadores déspotas. Como explica Nicholas De Genova, investigador especialista en estudios migratorios, la principal función de la expulsión en las economías capitalistas que dependen de la mano de obra inmigrada y sin papeles no es expulsar a estos trabajadores, sino subordinarlos, convirtiéndolos en mano de obra barata y controlable por el hecho de ser expulsables.

El propio Homan ha pedido la extensión de las visas temporales para trabajadores temporeros a los trabajadores migrantes que trabajan todo el año en la industria lechera, que depende de tal manera de los trabajadores sin papeles que su ausencia haría duplicar el precio de la leche. Cuando no se les señala como amenaza para la seguridad nacional, los trabajadores sin papeles son reducidos a factores de producción, menos importantes que los animales de los que se ocupan y que las mercancías que producen.

Está claro que el destinatario principal de los planes de deportación masiva de Trump no es la “criminalidad de los migrantes”, sino esa amplia parte de la clase trabajadora estadounidense compuesta por trabajadores sin papeles y por todos aquellos y aquellas que caen bajo la temible sombra de la expulsabilidad, incluyendo los estudiantes activistas que se movilizan contra el genocidio. La defensa de la vida de las personas migrantes no es sólo una prioridad para todo movimiento por la justicia social, sino también una lucha política y sindical. Para que esta lucha gane amplitud, habrá que romper la ecuación reaccionaria que une a la clase trabajadora con la piel blanca y la ciudadanía nacional y que perdura desde finales del siglo XIX.

En 2018, miles de personas se movilizaron contra el programa de separación de familias de la ICE -incluyendo a políticos demócratas como Kamala Harris, que adoptó después un mensaje de “firmeza ante la inmigración”. En una prometedora declaración, Liz Shuler, presidente de la AFL-CIO, dijo recientemente que la lucha contra las redadas en lugares de trabajo y las deportaciones masivas era una “prioridad absoluta” para el movimiento obrero. Para contrarrestar el ataque de Trump contra los migrantes, será necesario que el movimiento, en cuyo centro se encuentran los trabajadores migrantes, vaya más allá de las preocupaciones humanitarias y se dedique a la ardua pero necesaria tarea de desmantelar la máquina de expulsar.

 

Alberto Toscano enseña en la School of Communications de la Universidad Simon Fraser y codirige el Centre for Philosophy and Critical Theory de Goldsmiths, Universidad de Londres. Ha publicado recientemente Late Fascism: Race, Capitalism and the Politucs of Crisis (Verso), Terms of Disorder: Keywords for an Interregnum (Seaguil) y Fanaticism: On the Uses of an Idea (Verso, 2010, 2017 segunda edición). También ha traducido trabajos de Antonio Negri, Alain Badiou, Franco Fortini y Furio Jesi.

Trump, la répression anti-migratoire et les profits de la peur

Traducción: viento sur

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