El segundo mandato del presidente Trump comenzó con un enfrentamiento con la gobernadora demócrata de Maine, Janet Mills, sobre atletas estudiantes transgénero. Este desacuerdo escaló más allá de una simple disputa política, convirtiéndose en lo que parece ser una campaña de represalia dirigida contra el estado de Maine.
Tras una confrontación pública en un evento de la Casa Blanca para la Asociación Nacional de Gobernadores, donde Mills se negó a ceder en su posición, la administración Trump inició una serie de acciones contra Maine. Estas acciones, detalladas en informes del Washington Post y el New York Times, incluyen:
- Cancelación de contratos de la Administración del Seguro Social: El jefe interino de la SSA, Leland Dudek, ordenó la rescisión de dos contratos, a pesar de las advertencias de que esto aumentaría el fraude. En un correo electrónico, Dudek justificó la decisión calificando a la gobernadora Mills de «falta de respeto» y «improfesional», priorizando el castigo sobre la gobernanza responsable. Si bien esta decisión se revirtió más tarde, provocó llamamientos a la renuncia de Dudek por parte del representante Gerry Connolly.
- Investigación del Departamento de Educación: El Departamento de Educación inició una investigación sobre Maine.
- Congelación de fondos federales: El Departamento de Agricultura congeló los fondos federales para los programas educativos de Maine.
- Cancelación de fondos de la NOAA: La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica canceló los fondos para Maine Sea Grant.
Estas acciones siguieron a la exigencia pública de Trump en las redes sociales de una disculpa completa de la gobernadora Mills. Las acciones de la administración sugieren un patrón de medidas punitivas contra un estado cuya gobernadora se negó a cumplir con los deseos del presidente.
La campaña de represalias plantea serias preocupaciones sobre el abuso de poder y la posibilidad de que futuras administraciones utilicen los fondos federales como herramienta para castigar a los estados disidentes. Este comportamiento representa una desviación significativa de las normas establecidas de gobernanza y plantea preguntas sobre el estado de derecho en los Estados Unidos. El incidente subraya una tendencia preocupante de tácticas autoritarias empleadas para silenciar la oposición política.
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