Rentas justas: advierten riesgo de mercado negro sin fiscalización efectiva

Ante la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México, que se discute en el Congreso capitalino, existe la posibilidad de que propietarios e inquilinos mantengan sus contratos de arrendamiento en la informalidad con el propósito de evitar los trámites administrativos, las obligaciones fiscales y las restricciones a los incrementos de las rentas, advirtió José Eduardo Beristain Martínez, vocero de la Comisión Técnica de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de México.

En entrevista con El UNIVERSAL, el especialista señaló que algunos propietarios podrían optar por no registrar sus contratos y asumir el riesgo de recibir sanciones en lugar de sujetarse a las disposiciones de la iniciativa, entre ellas la limitación de los incrementos anuales de las rentas conforme a la inflación del año anterior.

“Hay gente que procurará correr mejor el riesgo para evitar tener que ser sujeto al aumento de la inflación anual”, sostuvo Beristain Martínez, quien explicó que anteriormente algunos arrendadores optaban por cambiar de inquilino al concluir un contrato para establecer un precio de renta superior.

Con la iniciativa que presentó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el pasado 14 de octubre, Beristain Martínez explicó que se contempla que el valor de la renta sólo se incremente conforme a la inflación reportada por el Inegi; sin embargo, dijo que los propietarios de inmuebles tendrán que valorar qué les conviene más, si asumir los riesgos de la informalidad o contar con mayor certeza jurídica.

Recordó que si el arrendador no realiza el registro digital del contrato, el inquilino podría denunciarlo y generar una sanción. “Incluso está pensada una multa de 25 a 51 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes por no entregarle al inquilino el contrato, una copia del original. Y por no registrarlo, la multa puede ser de uno a tres meses de la renta pactada”.

Beristain Martínez explicó que los arrendadores tendrán un plazo de 30 días posteriores a la firma del contrato para realizar su registro mediante una plataforma digital, disposición que actualmente se encuentra contemplada en el Código Civil de la Ciudad de México, pero que se busca reforzar con la nueva legislación.

El especialista consideró necesario que la iniciativa precise las sanciones que corresponderán a propietarios e inquilinos en cada circunstancia, con el objetivo de evitar incertidumbre sobre las obligaciones que deberán cumplir ambas partes.

Las dificultades que enfrentan los jóvenes para independizarse, los requisitos para acceder a una vivienda y las propuestas para darles mayor estabilidad a los inquilinos fueron los temas abordados durante la tercera mesa de diálogo sobre dicha iniciativa en el Congreso capitalino.