Reforma fiscal: debate impostergable

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el martes al Congreso su propuesta de Paquete Económico 2027, el cual contempla la Ley de Ingresos, el decreto de Presupuesto de Egresos y modificaciones a la Ley del ISR, la Ley de Derechos y la Ley Aduanera.

El secretario Édgar Amador Zamora explicó que el paquete se sostiene en cinco pilares: crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento, protección de los programas de bienestar, fortalecimiento de los ingresos, un gasto más eficiente y una reducción del déficit público de 4.1 a 3.9 por ciento del PIB.

En el rubro de fortalecimiento de los ingresos son centrales el combate a la evasión y la elusión fiscal –con énfasis en la lucha contra el huachicol y las empresas factureras–, así como el avance del sector formal.

Como ejemplo de los propósitos expresados por el titular de Hacienda y ratificados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Presupuesto de Egresos establece una reducción de 3.2 por ciento en términos reales al gasto del gobierno federal, y un incremento de 100 mil millones de pesos a los programas sociales que ya suponen uno de cada 10 pesos erogados por la Federación.

También cabe notar que el Paquete Económico se alinea de manera explícita con la política establecida por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador desde el arranque de su gobierno: evitar la creación de nuevos impuestos y el alza de los existentes, y cubrir las necesidades presupuestales con el combate a la evasión fiscal, que alcanzó niveles escandalosos durante el periodo neoliberal, y acabando con los gastos superfluos de altos funcionarios a expensas del erario.

Hasta el momento, dicha estrategia ha rendido frutos que están a la vista de todos en forma de programas sociales elevados a la categoría de derechos en beneficio de decenas de millones de mexicanos; de grandes obras de infraestructura como los ferrocarriles de pasajeros, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería Olmeca o la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, la más grande de América Latina; y de impuestos que se han mantenido sin variación por casi una década.

La excepción son los gravámenes destinados a desincentivar el consumo de productos dañinos como la comida ultraprocesada, las bebidas azucaradas o el tabaco. Éstos se han incrementado de manera importante por motivos recaudatorios y, sobre todo, de salud pública.

Sin embargo, comienza a hacerse patente el agotamiento de este exitoso modelo, como muestran la dificultad para contener el déficit fiscal y los cada vez más complejos equilibrios del Ejecutivo para impulsar unos objetivos prioritarios sin desfinanciar otros. De este escenario resulta inevitable concluir que no puede postergarse por mucho tiempo una reforma fiscal de gran calado a fin de elevar los ingresos públicos, equilibrar las finanzas y garantizar que el presupuesto siga siendo la herramienta redistributiva y de reducción de la desigualdad que ha sido en los últimos ocho años.

Si bien el rediseño del sistema tributario se encuentra más que justificado en términos técnicos y de interés nacional, es preciso reconocer que llevar a cabo una reforma fiscal es una de las operaciones políticas más delicadas que pueda afrontar cualquier administración, pues ningún contribuyente desea pagar más impuestos y la impopularidad de los tributos es un arma electoral irresistible para las oposiciones.

Por ello, la sociedad debe asimilar una serie de hechos que permitan evaluar las alternativas con serenidad y perspectiva: México recauda tributos por apenas 18.3 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo cual lo coloca a la cola entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cuya recaudación promedio se ubica en 34.1 por ciento del PIB. Incluso en el contexto latinoamericano existe un rezago grave, con apenas seis países que recaudan menos y 21 que recaudan más.

Con estos datos, se vuelve insostenible cualquier pretensión de que la carga tributaria actual es excesiva y de que no existe margen para aumentarla sin generar distorsiones económicas.

Lo más importante: la realidad desarma de manera inapelable el discurso que culpa a los impuestos de todos los males de la economía. Basta con una comparación para acabar con ese mito: los cinco países que más recaudan como porcentaje del PIB son Dinamarca, Francia, Austria, Italia y Bélgica; los cinco que recaudan menos son Somalia, Bangladesh, Guinea Ecuatorial, Níger y Sierra Leona.

Está claro, entonces, que si México desea incrementar el bienestar de su población hasta los niveles existentes en el primer grupo, requiere elevar su recaudación a la misma magnitud, al mismo tiempo que garantiza que los recursos se manejan con honestidad y poniendo en primer lugar a los sectores más desfavorecidos.