El cerco político, judicial y legislativo sobre Alejandro Moreno Cárdenas comenzó a cerrarse esta semana. La detención del contador vinculado a su hermano y la de quien fue su director de Comunicación Social en el estado de Campeche ocurrieron al mismo tiempo que el partido gobernante, Morena, reactivó la operación para retirarle la inmunidad parlamentaria (fuero). A todo esto se suma la reorganización de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y la confrontación abierta entre legisladores del PRI y del oficialismo. Los acontecimientos forman parte de una ofensiva que coloca al senador y presidente nacional del PRI ante el momento más delicado de su trayectoria política.
La orden para procesar el retiro de su fuero ya fue dada. Fuentes gubernamentales aseguran que tanto la dirigencia de Morena como la Presidencia de la República pidieron a la Cámara de Diputados reactivar el expediente y resolverlo durante el periodo ordinario que comienza en septiembre. La instrucción alcanza a la bancada parlamentaria coordinada por Ricardo Monreal y obligará a recomponer la Sección Instructora, órgano encargado de determinar si existen elementos suficientes para retirar la inmunidad al dirigente priista.
El lunes fue detenido en la Ciudad de México Luis Antonio Espinosa Campos, contador que prestó servicios a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del líder partidista. Un día después, la Fiscalía Anticorrupción de Campeche aprehendió a Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de Comunicación Social durante la gestión de Moreno en dicha entidad federativa.
Ambos son investigados por su presunta participación en operaciones vinculadas a la empresa de medios Mayavisión y compañías señaladas por emitir facturas falsas. La indagatoria se concentra en un presunto desvío de 36 millones de pesos mexicanos (alrededor de 1.8 millones de dólares estadounidenses), aunque las autoridades también revisan pagos por cerca de 97 millones de pesos (aproximadamente 4.8 millones de dólares) efectuados a esa compañía durante la administración de Moreno. El objetivo es corroborar si los servicios contratados fueron efectivamente prestados.
Las capturas evidencian una nueva ofensiva legal contra el dirigente, quien acumula diversos cuestionamientos sobre su gestión pública. La Fiscalía de Campeche ha solicitado levantarle el fuero para procesarlo por presunto peculado y uso indebido de atribuciones, causa en la que destaca un presunto desvío de 83.5 millones de pesos (unos 4.1 millones de dólares). En abril, las autoridades estatales remitieron información complementaria a la Cámara de Diputados, dejando el caso listo para dictamen.
El obstáculo operativo inmediato reside en la conformación de la Sección Instructora. Hugo Éric Flores, quien la presidía, solicitó licencia tras apartarse del grupo parlamentario de Morena para estructurar un nuevo proyecto partidista. En el recinto legislativo se perfila a Sergio Gutiérrez Luna para asumir el cargo y dirigir el procedimiento. La designación aún debe formalizarse en conjunto con la salida de Raúl Bolaños-Cacho, del Partido Verde, quien pasará a presidir la Cámara. La reestructuración será coordinada por la Junta de Coordinación Política.
Si bien Ricardo Monreal no puede determinar unilateralmente el desafuero —al tratarse de una resolución colegiada que finalmente vota el pleno—, sí lidera los tiempos de la mayoría parlamentaria, las alianzas legislativas y la consolidación de votos. Por su parte, Ariadna Montiel, presidenta de Morena, ha reclamado de forma pública una pronta resolución del expediente.
El debate se tensó tras el enfrentamiento entre los legisladores Arturo Ávila (Morena) y Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI), quienes intercambiaron descalificaciones, acusaciones de nexos con el crimen organizado y forcejeos en el Senado, motivados en gran parte por las denuncias internacionales que Moreno ha promovido en Estados Unidos contra el gobierno mexicano y liderazgos oficialistas.
En un inicio existían reservas dentro del partido gobernante para iniciar el proceso de desafuero, recordando el precedente de Andrés Manuel López Obrador en 2005 y buscando evitar victimizar al opositor. No obstante, dicha postura cambió tras las reiteradas visitas de Moreno a Washington, donde ha acusado a la administración de Claudia Sheinbaum de autoritarismo y señalado presuntos vínculos de dirigentes con actividades ilícitas.
Moreno acumula cinco visitas oficiales a la capital estadounidense en el actual periodo gubernamental. En su más reciente viaje presentó una queja ante el Departamento de Estado contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), acusándolos de censura por prohibir el uso de determinados calificativos contra el gobierno en mensajes públicos. Asimismo, ha sostenido encuentros con congresistas y representantes internacionales solicitando medidas contra funcionarios mexicanos.
Para el oficialismo, estas acciones precipitaron la decisión de avanzar con el desafuero, interpretando los viajes como una búsqueda de respaldo exterior ante la inminente pérdida de inmunidad. En contraparte, el líder del PRI argumenta ser víctima de una persecución de Estado y califica las detenciones de sus colaboradores como actos de presión judicial.
Ante el avance del procedimiento, el senador podría optar por litigar su defensa desde el Congreso, acudir ante tribunales internacionales o solicitar asilo político en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, donde su equipo evalúa el posible respaldo de la administración estadounidense frente al caso.
En el contexto de Campeche, la gobernadora Layda Sansores también afronta controversias. Recientemente fue captada viajando en clase ejecutiva hacia Madrid junto a su hermana Laura Sansores, presidenta del sistema de asistencia social estatal (DIF), y acompañantes. El traslado ocurrió tras declaraciones de la propia mandataria sobre una severa falta de liquidez en las finanzas de su estado, sin que hasta el momento se hayan transparentado los motivos de la visita a España ni el origen de los recursos utilizados para el viaje.
Este hecho se suma a otros episodios polémicos en la entidad, como la detención y posterior liberación de José Alberto Abud, exrector universitario y crítico de la gestión estatal, así como las denuncias por medidas cautelares y requerimientos judiciales dirigidos contra periodistas locales y medios de comunicación independientes.
Paralelamente, la firma financiera UBS advirtió sobre el impacto del debilitamiento institucional en la confianza de los inversionistas y el desempeño económico general de México, en un entorno de presiones fiscales y la próxima renegociación del tratado comercial T-MEC.
Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó y amplió las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para ordenar el congelamiento preventivo de cuentas bancarias sin necesidad de orden judicial previa, determinando que los jueces no otorgarán suspensiones provisionales durante los juicios de amparo. Sin embargo, el máximo tribunal puntualizó que cada bloqueo deberá estar debidamente sustentado con elementos probatorios objetivos y no podrá basarse únicamente en reportes periodísticos o presunciones sin fundamentación legal.
Nota original publicada en el portal de El Universal el 13 de agosto de 2026: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/se-cierra-el-cerco-contra-alito-moreno/.
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