Optan presas en un penal de SLP por reconstruirse

Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 7 de junio de 2026, p. 13

Para Nancy Aurora Navarro Gil estar en prisión tiene una disyuntiva: “es enriquecedor o enloquecedor”. Ella optó por lo primero. Y lleva dos años aprendiendo nuevas habilidades y enfrentando su proceso judicial con entereza y esperanza.

Llegó al penal de San Luis Potosí acusada de homicidio y lesiones en comisión por omisión culposa e incumplimiento a las normas de operación y funcionamiento. Su caso fue muy mediático. Hoy se cumplen dos años de la tragedia del antro Rich, ubicado en Plaza Alttus.

Aquel fatídico 7 de junio, el barandal de cristal cedió y cayeron una docena de jóvenes que esperaban ver al cantante Kevin Moreno. Murieron Rodrigo Espinosa, de 17 años, y Manuel Alejandro Infante Puente, de 21. Ocho personas resultados heridas. El caso exhibió una red de corrupción de autoridades estatales y municipales de San Luis Potosí, quienes permitieron operar ese bar restaurante como antro, sin los debidos permisos y vigilancia. La cadena de complicidades se rompió por el eslabón más débil de la cadena sin consecuencias para ningún funcionario.

Y Nancy Aurora, quien tramitó el permiso del bar, sigue en prisión dos años después: “Creo que le pedí mal a Dios mi deseo. Con tanto trabajo que tenía le pedí vacaciones. Tal vez manifesté mal mi deseo. Ahora me dio dos años de vacaciones en el lugar incorrecto”, dice en entrevista con La Jornada, sentada en la pequeña biblioteca del penal.

Abogada de profesión, comenta que muy pronto se dio cuenta que no le gustaba litigar. Fue entonces cuando decidió trabajar en bares y antros: “No me gustó ser abogada, en cambio, mi otro trabajo era muy divertido, era como ir de antro todas las noches, con sus preocupaciones y sus cosas. Era un trabajo divertido”.

Ahora participa en un ensamble musical que la organización civil Perteneces ha llevado al área femenil de este centro de reinserción: “Venía con mucho miedo. Si caes en depresión es peor. Decidí juntarme con gente decente. No caer en nada indebido. Dedicarme a mí. Tengo mucho tiempo para mí, por eso decidí aprender cosas, leer mucho. Voy a todos los cursos”.

Tiene pareja en el penal con carta de concubinato y está ilusionada con la boda, la fiesta y la luna de miel: “Lo que más extraño es a mi familia, a mis perros”, dice sin poder evitar el llanto.

Se seca las lágrimas y añade: “Tengo muchos planes para cuando salga. Echarle ganas a la vida y recuperar lo que perdí. Formar parte o crear una asociación civil para apoyar a las presas. Siempre me ha gustado ayudar. El optimismo me mantiene cuerda”.

El cielo ganado

Ana Paola Martínez Elizondo tiene 52 años y apoya en las labores de la biblioteca de este penal. En tan sólo 16 meses ha prestado más de 3 mil 300 libros a las internas. Algunas quieren leer novelas complejas o con cientos de páginas, por eso les recomienda empezar por cuentos.

“Ya las voy conociendo: a unas les gustan las historias de amor, otras de fantasía, suspenso, autoayuda, temas religiosos, históricos, poemas. Me encanta estar entre libros, me gusta mucho leer. Aquí son las clases de música que nos traen los de Perteneces. Cuando estoy aquí es como si estuviera en otro lado”.

Ana Paola lleva dos años y tres meses con prisión justificada por un delito de ejercicio abusivo de las funciones. Su asunto saltó a la prensa en enero de 2024 como el “Fraude del siglo”, con un desvío de la Dirección General de Pensiones de hasta por 700 millones de pesos. Según la Fiscalía de San Luis Potosí, durante los años 2020, 2021, 2022 y parte de 2023, la tesorería de la Dirección de Pensiones gestionó la apertura de más de 60 cuentas bancarias para desviar dinero que recibía.

Ana Paola no era funcionaria, pero aparecía como la única administradora de la empresa financiera involucrada e identificada como Trapesa. En la operación policial detuvieron a siete personas, la mayoría funcionarios. Entre los detenidos estaba su esposo. Las autoridades detectaron que fueron depositados 153 millones de pesos a una cuenta bancaria de Trapesa.

“Mi esposo ya fue desvinculado con un amparo federal junto a otras dos personas. Sólo quedamos cuatro de los siete detenidos. Yo estoy aquí por complicidad, pero soy inocente. Se trata de un delito patrimonial con penas de dos a 12 años de prisión”.

Su esposo obtuvo la libertad en septiembre del año pasado y recuperó su trabajo: “Al principio esta prisión significaba lo peor y más porque llegamos los dos. Cerraron mi casa, nos quitaron los carros. Después de su libertad, ya nos regresaron la casa, los carros y nos desbloquearon las cuentas. En la vida pensé llegar a un lugar como este y más porque iba por el camino recto, trabajando normal, haciéndonos de nuestras cosas a base de créditos. Nunca se me hubiera ocurrido que estaría en un lugar como este. Jamás”.

Sin poder contener el llanto, dice que lo que más extraña es a sus dos hijos, de 18 y 21 años; y también a su perra y su gata. Comenta que añora cosas tan simples como su baño y su regadera; su casa. Y por supuesto a sus amigas.

Ana Paola se ha convertido en un sostén emocional para sus compañeras, las cuida siempre: “Me dicen tú pareces la mamá de la estancia. Les pongo el agua en la noche, y también el despertador cuando tienen que levantarse temprano. Estoy bien, claro que quisiera estar afuera. Aquí he encontrado buenas amigas”.

Comenta que recibe visitas de su familia. Su papá, de 81 años, asiste todos los fines de semana: “Mi papá me dice que aunque no trabajara ahí donde fue el fraude, este era mi destino. Tenías que pasar por esto. Ya tienes el cielo ganado, me dice, con todo lo que hemos pasado aquí. Se sufre, no tanto por el encierro, sufro más por la gente que está afuera. Ya van dos navidades que paso aquí. Mi esposo ya está afuera y va a seguir luchando por mí”.

Ana Paola cumplió 23 años de casada. Su esposo la anima y le dice que tiene que salir sana porque la están esperando afuera. Su proceso va en la etapa intermedia y sigue a la espera de que le concedan unos amparos, aunque desconoce si llegará a juicio.

Todos los días hace ejercicio e intenta comer sano. Su objetivo es controlar el estrés y la tristeza: “Yo sé que se va a hacer justicia. Aquí no se acaba la vida, la vida sigue. En este lugar es donde me di cuenta que soy muy fuerte. Todas las que estamos aquí somos fuertes”.

Ser abogada

La directora de Prevención y Reinserción Social, Carmen Concepción Villa Galarza, permite un recorrido por el penal dividido con salones de actividades. En el aula de manualidades, las internas realizan arreglos florales de diferentes materiales. En el salón de costura, Alicia del Carmen Barrera Rodríguez, de 54 años, elabora bolsas para su venta.

Cuenta que lleva ocho años aquí por el delito de fraude. En un proceso judicial con irregularidades la sentenciaron a 16 años. Trabajaba en una agencia de viajes en Querétaro y por la sobreventa de boletos de las aerolíneas en 2011 se cometió un fraude: “No salieron bien las cosas. No se les pudo dar el servicio que ellos habían contratado. En ese entonces, las líneas áreas sobrevendían los vuelos. Por ley lo pedían hacer y cambiaban fechas de viajes”.

El tiempo pasó y en 2013 se regresó a Querétaro donde trabajaba dando clases en la escuela de Artes y Oficios. Cinco años después, unos hombres la detienen en la calle: “Está usted detenida por robo de auto”, le dijeron.

“Me trajeron a la prisión y hasta el día siguiente es cuando me leyeron todo y me dijeron que era por un fraude cometido en 2011 en la agencia de viajes. Es verdad que yo me adjudiqué responsabilidades que no me correspondían porque yo era sólo una intermediaria. Quería responderles a los clientes y finalmente aquí estoy”.

Trabajó en la oficina de boletos City Center en Querétaro con la línea área alemana Lufthansa. Nunca tuvo problemas. Pero cuando se trasladó a vivir a San Luis Potosí empezó a atender a otros clientes: “Siento que fui responsable, pero también creo que pude haber puesto límites, hablar las cosas claras y no haber llegado a esto. Los clientes dijeron que yo les ofrecí algo y no les di el servicio. Yo le pagué al proveedor y ya no tuve respuesta de él. Las líneas áreas cambiaron fechas, entonces los pasajeros ya no querían viajar así”.

En total, el monto del fraude es de 400 mil pesos. La sentenciaron a 16 años: “Hay compañeras que vienen por homicidio y les han dado seis años de prisión. Tuve una mala defensa técnica. Mucho la ignorancia en cuestiones jurídicas. Uno cree y hace lo que los abogados dicen”.

Cuenta que las personas que la acusaron nunca vinieron a las audiencias judiciales: “Ya no se volvieron a presentar y sin embargo, todo el proceso continuó. Ahora que estoy estudiando derecho me doy cuenta que no tenía por qué haber llegado a la sentencia”.

Alicia fue juzgada con el sistema tradicional de justicia y cuenta que nunca conoció ni habló con los jueces que llevaron su caso: “Nunca. Ni ellos me han visto. Todo fue en papel. Me llevaban a la rejilla y el secretario de acuerdos hacía todo”.

Alicia decidió estudiar derecho, va en el último semestre: “Quiero aplicar los conocimientos para ayudar a los demás. Aquí tenemos una red de apoyo entre todas nos solidarizamos y nos hermanamos mucho. Tenemos días malos y otros terribles. Cuesta mucho el día a día. Me levanto y veo que sigo aquí”, dice sin poder contener el llanto.

Próximamente pedirá la libertad condicional, un beneficio que dan por la mitad de la sentencia: “El inconveniente es la reparación del daño, es decir, los 400 mil pesos, porque no los tengo, de lo contrario ya los hubiera pagado. Pido una oportunidad para volver a casa con mi familia y para hacer las cosas bien. Quiero demostrar que soy una persona diferente a la que llegó hace ocho años.