Nómina educativa de Veracruz alcanzaba para pagar hasta a fallecidos

Pagos a trabajadores con plazas geográficamente incompatibles, empleados con licencia sin goce de sueldo, personal dado de baja e incluso personas registradas como fallecidas forman parte de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el manejo de la nómina educativa de Veracruz durante 2025.

En la auditoría 2126 al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), la ASF dejó 48 millones 657 mil 604 pesos pendientes de aclarar y emitió ocho pliegos de observaciones por un probable daño a la Hacienda Pública Federal.

El monto más importante corresponde a 38.9 millones de pesos pagados a 105 trabajadores que ocuparon plazas en más de un centro de trabajo, cuyas ubicaciones resultaron geográficamente incompatibles.

La fiscalización también encontró 4.6 millones de pesos pagados a 36 trabajadores mientras tenían licencia sin goce de sueldo, otros 2.2 millones entregados a 87 empleados después de su fecha de baja.

Incluso fueron identificados pagos a trabajadores que aparecían como fallecidos. En la nómina federal quedaron sin aclarar 345 mil 946 pesos correspondientes a dos personas con registro de defunción, mientras que en la estatal se observaron 302 mil 75 pesos pagados a 12 trabajadores en esa misma condición.

La ASF detectó además 543 mil 355 pesos pagados a un trabajador que desempeñaba actividades en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sin que se acreditaran funciones vinculadas con la educación básica y normal.

La revisión alcanzó 38 mil 21 millones de pesos, equivalentes al 98.5 por ciento de los recursos del FONE transferidos a Veracruz. Durante la auditoría, el gobierno estatal reintegró nueve millones 875 mil pesos a la Tesorería de la Federación.

La fiscalización también puso bajo la lupa contrataciones de la Secretaría de Educación de Veracruz. En seis adquisiciones realizadas mediante adjudicación directa, la ASF determinó que las circunstancias extraordinarias invocadas para exceptuar la licitación pública no fueron debidamente acreditadas.

Además, en contratos por 142.4 millones de pesos para la compra de televisores, mesas y sillas, encontró bienes sin resguardos debidamente formalizados y falta de inventarios actualizados para identificar su ubicación, asignación y control.

Las observaciones aún están sujetas al proceso de aclaración y seguimiento, por lo que los 48.6 millones de pesos no constituyen todavía un daño patrimonial definitivo. La entidad fiscalizada tendrá oportunidad de presentar documentación para solventarlas o, en su caso, las acciones podrán continuar conforme al procedimiento legal.