Madres buscadoras bloquean Fiscalía en Chiapas exigen justicia por feminicidios

Tuxtla Gutiérrez.— Madres buscadoras mantienen desde hace seis días protestas y bloqueo carretero afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que exigen justicia por feminicidios y desaparición de sus familiares.

Además, ayer dos mujeres originarias del municipio de La Trinitaria se encadenaron a la entrada del edificio de la fiscalía para demandar justicia por un asunto agrario y presuntos abusos de las autoridades ejidales.

Adriana Gómez Martínez, cuya hija menor de 13 años de edad apareció muerta el 14 de enero de 2020 dentro de las instalaciones del Instituto del Deporte de Chiapas (Indeporte), dijo que hace 15 días se iniciaron en Comitán de Domínguez las actuales manifestaciones.

“Pensamos que ahí encontraríamos una fiscalía con cero corrupción, que brillaba por la justicia, pero no fue así; tuvimos que hacer un plantón por abuso de autoridad.

“Resulta que también encarcelaron a cuatro compañeras, y además las extorsionaron con 20 mil pesos y las amenazaron de que si seguían denunciando les quitarían 200 mil pesos”, comentó.

Esa es la razón, agregó, por la que se encuentran afuera de la fiscalía, donde compete al fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca revisar los casos, porque las carpetas de investigación se encuentran también en esa sede.

Las demandas por justicia y contra la impunidad por feminicidios y desapariciones, aseguró, se remontan a casi siete años, sin que obtengan respuesta satisfactoria. “Nos ha fallado el Estado, nos sigue fallando la fiscalía”.

Irma Vázquez Pérez y una compañera se encadenaron afuera del inmueble. Acudieron del municipio de La Trinitaria, ubicado en la frontera de Chiapas, para denunciar “abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y extorsión” por parte de algunas autoridades ejidales cuando exigían justicia por asuntos agrarios.

Sobre las protestas de las madres buscadoras y por feminicidios, el fiscal Llaven Abarca dijo que en dos ocasiones se les invitó a una mesa de trabajo, pero no han aceptado.

“Se les va a respetar su derecho a manifestarse. No habrá desalojo ni se ordenará ningún tipo de agresión, para nada”, aseguró.