Los retos estratégicos de las izquierdas tras el fracaso de Sumar

Con el proyecto político de Sumar desarticulado y finiquitado, las izquierdas del Estado deben reflexionar sobre cómo afrontar los próximos años. Pensarlo en términos de simple reproducción electoral de élites, considerando reconstituir en 2027 una nueva marca electoral con un nuevo reparto interno de posiciones entre los dirigentes de IU, Podemos, Comuns, Sumar, Más Madrid, etc., sería un desastre. ¿Por qué? Porque estamos presenciando una transformación del marco político-institucional español que dificulta, cada vez más, que esta vía permita a la izquierda ser útil a las y los ciudadanos. De manera que el único destino al que conduce es a la marginalización del espacio político ubicado a la izquierda del PSOE, al auge de la extrema derecha y, con ello, a una transformación cultural de la sociedad que dificultará enormemente, a medio plazo, la reconstrucción de cualquier posible proyecto transformador. A la vez, reabre un escenario de retrocesos y represión para los movimientos de liberación nacional dentro del Estado. Pero vayamos por partes. 

Veamos primero la transformación del marco político-institucional que dificulta, cada vez más, obtener logros políticos mediante la simple presencia parlamentaria o gubernamental; en segundo lugar, la marginalización de la izquierda, el avance de la extrema derecha y el panorama adverso para los movimientos de liberación nacional; y, en tercer lugar, cómo repensar la estrategia.

1. La transformación del marco político-institucional que dificulta obtener logros políticos mediante la simple presencia parlamentaria o gubernamental

Asistimos en los últimos años a una transformación del marco político-institucional español que dificulta, cada vez más, que las izquierdas puedan obtener logros políticos actuando desde la oposición o desde un gobierno de coalición. ¿Cuáles son estas transformaciones?

1.1 Las dificultades de obtener logros desde la oposición: la desparlamentarización y administrativización de la acción gubernativa

En el interior de los sistemas políticos estatales diferenciamos dos niveles de creación de normas: el nivel constitucional-legislativo, correspondiente al ámbito del derecho constitucional y asociado tradicionalmente al poder legislativo, donde la creación de normas es fruto de un proceso de mediación. Y el nivel técnico-administrativo, propio del derecho administrativo y asociado tradicionalmente al poder Ejecutivo y a la administración pública, en el que la creación de normas se da fruto de un procedimiento de regulación. Pero ¿cuál es la diferencia entre crear normas por vía de uno u otro?

Por un lado, proceso y procedimiento coinciden en la descripción de un mismo fenómeno, ambos explican la producción de normas. Sin embargo, el proceso es un término que permanece en el ámbito de la dinámica social, caracterizándose por ser abierto y cambiante, dependiendo de la correlación de fuerzas entre los actores sociales en lucha, tanto en su diseño como en su contenido. El procedimiento, por el contrario, es una secuencia de actos más estructurada y rigurosamente reglada, limitada a la esfera de lo procedimental normativo.

Y, por otro lado, de manera similar, mediación y regulación son también mecanismos de creación de normas. No obstante, en la mediación la función legislativa se articula a través de un vínculo entre el mecanismo de recepción de demandas ciudadanas y el mecanismo de emisión de soluciones a las primeras. Es un proceso de negociación entre las partes en conflicto o de-
sacuerdo, con el objetivo de llegar a una solución. Es la conversión en Derecho de la plural y conflictiva realidad social. Mientras que la regulación es un mecanismo de imposición, por parte de una autoridad competente (gobierno, agencia reguladora, etc.), de normas con carácter vinculante y sanciones en caso de incumplimiento, la mediación es una dinámica interactiva bidireccional, la regulación es una imposición unidireccional.

En resumen, el proceso de mediación crea normas a partir de la relación de poder que se genera entre actores políticos o entre sociedad civil y Estado. Mientras que el procedimiento de regulación regula la organización de la administración interna de un país y la actividad de la misma, a la vez que ejerce monitoreo e inspección, por una agencia pública, sobre procesos de producción, prestación de servicios, conductas de los individuos, etc., para garantizar el interés general en sus diversas manifestaciones (protección de la  salud, la sostenibilidad del medio  ambiente, la libre  competencia, la  libre información para las y los consumidores, etc.), imponiendo sanciones en caso de incumplimiento. 

En el nivel constitucional-legislativo el objetivo es la creación de normas a partir del debate político. En el nivel técnico-administrativo el procedimiento de regulación busca garantizar la aplicación técnica y eficiente de normas preestablecidas. En consecuencia, la naturaleza dinámica, abierta y conflictiva del momento normativo en el nivel constitucional-legislativo, caracterizado además por decisiones de amplio alcance y su desarrollo en un espacio expuesto al escrutinio público, convierte a este ámbito en el terreno más favorable para desplegar la lucha política y alcanzar objetivos, totales o parciales, mediante la organización y movilización política. Por el contrario, el procedimiento administrativo, con su rigidez estructurada y su orientación técnica, limita la posibilidad de conformarse en un campo de transformación social real.

Teniendo claro estos dos niveles o mecanismos de creación de normas, la tesis que aquí defiendo es que estamos asistiendo a un proceso, cada vez mayor, de desparlamentarización y administrativización de la acción gubernativa que hace que el gobierno, una vez superado el trámite de investidura, pueda gobernar y resistir los cuatro años de legislatura sin, prácticamente, necesidad de legislar. Esto es, sin necesidad de llevar a cabo procesos de mediación, sino tan solo procedimientos de regulación. Y ello resta capacidad de amenaza a los partidos de izquierdas en la oposición para condicionar y arrancar logros políticos al PSOE, mediante la negociación, a pesar de que sus votos sean indispensables para una mayoría parlamentaria.

El neoliberalismo ha transformado el tipo de intervención del Estado en la garantía de derechos. Durante el Estado social del siglo XX, el Estado garantizaba derechos, servicios y prestaciones sociales mediante la asunción de tres responsabilidades (Parejo, 2016: 73): 

a) La responsabilidad de garantía, también calificada de directiva, referida al deber de aseguramiento de que tales derechos, servicios o prestaciones se realicen adecuadamente; 

b) La responsabilidad de cumplimiento o ejecución, referida a la prestación pública directa o realización efectiva por parte de la administración de las tareas, servicios o prestaciones necesarios; y, 

c) la responsabilidad de financiación, atendiendo a la cobertura económica por parte del erario público del desarrollo de los derechos, servicios o prestaciones en beneficio de los destinatarios. 

Al hacerse cargo de manera agrupada de las tres dimensiones de responsabilidad, el Estado prestaba el derecho o servicio social en régimen de monopolio o de competencia con el sector privado. 

Por el contrario, en el Estado neoliberal actual se produce una desegregación de estas tres responsabilidades. El Estado retiene la responsabilidad de garantía referida al deber de asegurar que la prestación de derechos sociales se haga cumpliendo los objetivos constitucionales y garantizando el interés general. Aunque las otras dos responsabilidades, la de la ejecución y financiación, son trasladadas a la sociedad, léase al mercado.

Con ello, el Estado ahora garantiza derechos mediante lo que la iuspublicistica neoliberal alemana empezó, en el año 2000, a definir como un modelo de “regulación de la autorregulación” –RegulierteSelbstregulierung– (Enders, 1997: 108-133; Hoffmann-Riem, 1997: 433 y ss.; Schmidt-Assmann, 1997: 358-371). ¿A qué se refiere exactamente este concepto?

Lo que viene a decir es que ante la complejización de la arquitectura institucional y normativa fruto de la nueva era de capitalismo transnacional financiero, donde múltiples legalidades y actores públicos y privados multinivel actúan sobre nuestras realidades sociales, políticas, culturales y económicas, el Estado es, ahora, incapaz de poder asumir por completo la provisión de toda la regulación y legislación que tal cantidad frenética de actores, niveles, flujos, sistemas y relaciones que atraviesan su territorio requieren. Ello hace emerger una gran cantidad de formas de autorregulación del mercado al margen del Estado. En concreto, podemos hablar de formas de autorregulación transnacional, autorregulación tecnocrática, autorregulación técnico-profesional, autorregulación financiera, autorregulación en la resolución de disputas, autorregulación ciberespacial, etc. (Noguera, 2023: 96-98).

Esta marabunta de procesos y regulaciones que desbordan la capacidad de intervención y de respuesta del Estado, le imposibilita absorber el desarrollo complejo de la sociedad bajo el aparato administrativo estatal. De modo que lo único que le queda para poder hacer cumplir los objetivos constitucionales y garantizar el interés general, la protección del medio ambiente, la seguridad de las y los consumidores y los derechos de las personas es –afirman las nuevas corrientes neoliberales del derecho administrativo– intentar emitir normas limitadoras para controlar, dentro de su territorio, la inercia salvaje del sistema y los efectos negativos de su vorágine autorregulatoria.

Es decir, no desaparece el carácter imperativo de la regulación estatal, pero lo que sucede es que esta regulación ya no se dirige a organizar directamente la prestación de derechos y servicios sociales en régimen de monopolio o competencia con el mercado. Ahora el Estado acepta voluntariamente la existencia de un sistema global que lo desborda y sus dinámicas de autorregulación que le superan, y asume que su función debe centrarse, exclusivamente, en intentar condicionarlo mediante la “regulación de la autorregulación”. Esto es, el establecimiento de cauces y de controles públicos sobre un sistema autorregulado con el objetivo de minimizar al máximo sus efectos nocivos sobre el interés general, el medio ambiente, la seguridad de las y los consumidores o los derechos de las persones.  

El Derecho estatal se ubica ahora en una posición intermedia entre la vieja regulación estatal jerárquica, a través de la cual el poder público se responsabilizaba íntegramente de la garantía, prestación y financiación de los derechos y servicios, y la emergente autorregulación privada global. Este pasa a adoptar, como decimos, la forma intermedia de una “regulación de la autorregulación” mediante la fijación de límites y controles al sistema autorregulado con el fin de conseguir la satisfacción de fines públicos (Brandt, 2000: 125).

Tal transformación neoliberal de la función del Estado y del Derecho administrativo implica una desparlamentarización de la acción gubernativa, a la vez que una administrativización de la misma. La acción política gubernativa es cada vez menos un proceso de mediación y más un procedimiento de regulación. 

Este cambio en la función política del gobierno se manifiesta en hechos como:

El fin del principio de anualidad presupuestaria. Décadas atrás, la no aprobación de las cuentas gubernamentales suponía un revés de tal envergadura que obligaba a dimitir al Gobierno de turno, abocando a nuevas elecciones generales. No era posible seguir gobernando después de que las Cortes hubieran tumbado el programa económico, que no es más que una traducción del programa político, del Ejecutivo. Hoy en día, los gobiernos, estatal y autonómicos, resisten toda una legislatura sin necesidad de aprobar presupuestos anualmente.

La posibilidad de gobernar sin legislar. Otro de los elementos que evidencia la pérdida de centralidad del Congreso en tanto que órgano fundamentalmente legislador es la tendencia generalizada en España a la sustitución de las leyes por Decretos-ley gubernamentales. Desde 2016 en adelante, ha sido usual que, todos los años, el número de Decretos leyes dictados supere el de leyes ordinarias.

La banalización de la acción de control parlamentario sobre el gobierno. En un sistema que ha dejado de ser bipartidista, ya no existe un único partido de oposición que utilice el control parlamentario para presentar al electorado un proyecto político alternativo con la esperanza de ganar su confianza en las próximas elecciones. Como resultado, el control parlamentario ha perdido la efectividad que tenía en épocas anteriores. Actualmente, los actores políticos se han multiplicado y el Congreso se ha transformado en un escenario donde cada diputado se preocupa más por la repercusión de sus intervenciones en las redes sociales que por el verdadero impacto del mismo sobre el control parlamentario. (Gómez Corona, 2021: 120-129):

En resumen, tal desparlamentarización y administrativización de la acción de gobierno resta, como señalábamos, capacidad de amenaza y negociación a los partidos de izquierdas en la oposición para condicionar y arrancar logros políticos al PSOE, mediante la negociación, a pesar de que sus votos sean indispensables para la mayoría.

1.2 Las dificultades de obtener logros desde un gobierno de coalición:
la Constitución inservible

Paralelamente a lo anterior, los sucesos de la última década han convertido el sistema constitucional español en un sistema inservible para conseguir logros desde un gobierno de coalición. Hoy, la Constitución no es útil para garantizar un ejercicio eficaz de los poderes públicos. En este contexto, la opción de renovar un gobierno de coalición con el PSOE para usar el Estado como herramienta de transformación tampoco asegura ningún éxito. Me explico.

Una Constitución es el supuesto y el instrumento del hacer político y, por tanto, uno de sus objetivos es organizar los poderes públicos en orden a hacer del Estado una unidad eficaz de poder y de implementación de políticas. Eficaz no quiere decir en favor de las mayorías, sino simplemente útil para cumplir los objetivos políticos del partido que gobierna. Las políticas se realizan con arreglo a fines.

El régimen constitucional del 78 fue diseñado para generar estabilidad y eficacia en estrecha correlación con un modelo bipartidista. No es la Constitución la que crea el bipartidismo, sino el bipartidismo el que crea la Constitución de 1978. Esta no es una normatividad abstracta, sino que fue la estructura normativa concreta de una realidad política y social en la que la sistematización de un sistema de relaciones de poder bipartidista fue considerada como la mejor opción para un reparto del poder entre los principales actores de la transición, así como para asegurar la gobernabilidad y reproducción estable del régimen del 78. El objetivo a conseguir actuó como condicionante de un diseño constitucional pensado para ser eficaz en el interior de un sistema de funcionamiento bipartidista. Y, de hecho, este fue un modelo que operó exitosamente para el régimen y sus agentes hasta 2015.

A partir de entonces, el 15-M, el Procés y las TIC, han roto la lógica bipartidista. Las revueltas, aunque puedan fracasar en la historia corta, a menudo provocan cambios en la historia larga que emergen lentamente con el tiempo y alteran las dinámicas políticas y sociales de un país. La Constitución del 78 representa una sistematización de un determinado tipo de relaciones de poder político que ya no existe.

El 15-M implicó un cambio cuantitativo en el sistema de partidos. El viejo modelo, con únicamente dos grandes partidos de Estado y donde los otros pequeños partidos estatales tenían nula capacidad de presión sobre el Gobierno, es sustituido ahora por uno nuevo donde aparecen nuevas fuerzas políticas intermedias necesarias para gobernar. El Procés implica un cambio cualitativo que hace que los partidos catalanes, vascos y gallegos, que han de ejercer de bisagra en España, ya no sean nacionalistas conservadores de orden preocupados por garantizar la estabilidad del Estado (CiU y PNV), sino fuerzas soberanistas cuya naturaleza ha mutado de leales socios en la gobernabilidad a la de partidos extractivistas que negocian para cada apoyo puntual contrapartidas que mostrar como trofeo en su territorio. Y, en cuanto a las TIC, el poder de las redes sociales y la indiferencia de los ciudadanos ante toda forma de participación política que no sea la que ofrecen las comunidades digitales, permite la aparición de nuevos líderes y partidos sin estructura territorial alguna que consiguen representación parlamentaria distorsionando aún más el juego de mayorías y minorías.

Este nuevo escenario político, que ha llegado para quedarse, ha generado un desfase entre diseño constitucional y realidad político-social que impide ejercer con normalidad las funciones fundamentales del Estado: la ejecutiva, la legislativa y la judicial.

La imposibilidad de gobernar en solitario y la necesidad de Ejecutivos de coalición dificulta la propia tramitación de proyectos de ley que reciben resistencias dentro de la coalición de gobierno. La dificultad de crear mayorías parlamentarias convierte el poder legislativo en lento, sin capacidad de acción e ineficiente para hacer funcionar el vínculo legislativo entre el mecanismo de recepción de demandas ciudadanas y el mecanismo de emisión de soluciones a las primeras. Y en lo que respecta al poder judicial, el incremento de las interdependencias parlamentarias que otorga mayor capacidad de presión a los partidos intermedios, ha agudizado, hasta límites extremos, el activismo de jueces y tribunales conservadores que obstaculizan la aplicación de leyes aprobadas y rompen la relación directa entre acción gubernativa y resultados.

Todo esto convierte al sistema político-constitucional en inservible, ya que, independientemente de si detenta la presidencia del gobierno el PSOE o el PP, hoy es incapaz de garantizar un ejercicio eficaz de los poderes públicos. Y si consideramos que una de las principales necesidades de las personas en sociedad es la de ser gobernadas, de ser bien gobernadas si tienen suerte, pero sea como fuera, de ser gobernadas, cuando no reciben tal gobernanza, la consecuencia es la frustración y desafección hacia los espacios y actores tradicionales de la política. El Estado cobra existencia y sentido mediante sus funciones y cuando estas dejan de operar pierde su razón de ser, lo que se refleja en una clara crisis constitucional y en hastío ciudadano.

En este contexto de Constitución y Estado inservible, seguir posicionado como un partido de gobierno subordinado al PSOE, dentro de un sistema constitucional ineficaz que no permite hacer política, te arrincona a la marginalidad electoral y despeja el campo a la extrema derecha que capitaliza la insatisfacción de las masas, cansadas de un sistema institucional disfuncional al que la izquierda está asimilado.

En resumen, ante las cada vez mayores dificultades para obtener logros políticos, ni desde la oposición ni desde el gobierno, reeditar una estrategia de simple reproducción electoral de élites con una nueva marca política que no cambie nada no hace más que conducir al progresivo aislamiento de la izquierda.

2. El avance de la extrema derecha, la transformación cultural en la idea de buen gobierno y las repercusiones sobre los movimientos de liberación nacional
El aislamiento político de la izquierda abre la puerta al auge de la extrema derecha (Vox, Aliança Catalana, etc.) y la penetración de su discurso xenófobo entre amplios sectores populares desencantados. Y, con ello, se produce, a la vez, una transformación cultural de la sociedad que dificultará enormemente, a medio plazo, la reconstrucción de cualquier posible proyecto transformador de futuro. En concreto, supone cambios en la manera en que gran parte de la población pasa a percibir lo que constituye un buen gobierno. Abriéndose así contextos sociales idóneos para la aprobación de leyes regresivas en materia de derechos que terminan afectando negativamente a todas las personas, autóctonas y extranjeras por igual. 

En el proyecto político del Estado Constitucional democrático del siglo XX, la idea de buen gobierno se basa en la noción de legitimidad. Esta, a su vez, está relacionada con los principios de participación y representación política democrática, así como con la garantía de los derechos. Un gobierno que respeta y cumple estos dos principios (participación democrática y garantía de derechos) es un gobierno considerado legítimo y, en consecuencia, considerado un buen gobierno cuyas normas son aceptadas por quienes obedecen. En este modelo, el foco de atención está puesto en quien obedece, en el pueblo. Quienes obedecen deben creer en la legitimidad de quien manda porque este es el fundamento de su autoridad. 

Sin embargo, el cada vez mayor avance de la extrema derecha y la influencia social de su discurso xenófobo transforman la idea que los ciudadanos y cudadanas tienen sobre lo que sería el buen gobierno. La vinculación entre inmigración y delincuencia va construyendo una imagen del inmigrante como peligroso, vago, malhechor y perturbador de nuestro orden, seguridad y bienestar, que amplifica socialmente un sentimiento de miedo, peligrosidad y odio que hace que, poco a poco, la idea de buen gobierno de la ciudadanía deje de construirse menos sobre los procesos y la noción de legitimación y más sobre la idea de seguridad.  

El cambio en las preocupaciones e inquietudes principales de la ciudadanía hacia la inseguridad provoca que, para cada vez más gente, lo que determina si estamos ante un buen o mal gobierno ya no es si este cumple los dos principios de legitimidad antes citados, sino si es capaz de atacar el problema que sienten que los amenaza. Pudiendo, incluso, aceptar cualquier medida, aunque vulnere derechos humanos básicos, si para lograr el objetivo securitario de gobierno es necesario. 

La contradicción o tensión en el imaginario colectivo entre, por un lado, la conciencia de lo regresivo que determinadas medidas pudieran ser para los derechos e todos y todas y, por otro lado, la convicción aceptada de que solo mediante un ejercicio firme y autoritario del poder se permite garantizar de manera efectiva el ejercicio eficaz de los objetivos de seguridad del gobierno, se resolvería, aquí, en favor de lo segundo. A diferencia del anterior modelo, el foco de atención aquí está puesto no en quien obedece, sino en quien ejerce la autoridad, en el gobernante. El mando duro y autoritario es el fundamento de su autoridad. 

Es por este motivo que podemos afirmar que la marginalización de la izquierda y, en su lugar, la penetración cultural del discurso racista de la extrema derecha en el seno de nuestras sociedades puede suponer, en el sentido aquí expuesto, un cambio cultural en la forma en que gran parte de las clases populares pasan a concebir lo que para ellos sería un buen gobierno. Y ello podría abrir contextos idóneos para que la aprobación de leyes regresivas en materia de los derechos de todos y todas pudiera ser aceptada y considerada socialmente necesaria para una amplia mayoría. El caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele y la popularidad de sus medidas lesivas de los derechos humanos es un ejemplo de ello. En un país donde impera una idea de buen gobierno basada no en la noción de legitimidad, sino en la de seguridad, la vulneración generalizada e indiscriminada de derechos humanos, en nombre de la seguridad, ha devenido la principal baza de la popularidad y apoyo al Presidente.

Además, algunos de los más perjudicados por esta nueva regresividad en materia de derechos avalada por la nueva cultura política serían, no solo los movimientos sociales y organizaciones anticapitalistas estatales, sino también y, sobre todo, los movimientos de liberación nacional catalán, vasco y gallego. Teniendo en cuenta que la generación de resentimiento contra los soberanismos ha sido una de las estrategias tradicionales de la derecha para intentar unificar a su electorado en torno a una causa común, presentarse como defensora de los intereses de los nacionales frente a un supuesto adversario externo le permite consolidar su liderazgo y mantener el apoyo popular. No cabe duda que los primeros damnificados de las leyes restrictivas de derechos serían los movimientos independentistas.

De acuerdo con esta regla, la conclusión que uno puede sacar es clara: un escenario de cultura política que avale, e incluso que considere como un eficaz y buen gobierno, la adopción de medidas regresivas contra los enemigos de la nación es el peor posible para avanzar en el reconocimiento de los derechos nacionales de las naciones sin Estado dentro del territorio español. La inexistencia de una izquierda estatal fuerte en el Estado y el fortalecimiento político y cultural de la extrema derecha son, claramente, contraproducentes para el avance en logros de los movimientos sociales y organizaciones anticapitalistas del Estado, así como para los movimientos de liberación nacional existentes en él.

3. Por una Coordinadora por la justicia social y la soberanía de los pueblos
Todo lo anterior demuestra que tanto la izquierda estatal como las izquierdas independentistas comparten un interés común en la existencia de un proyecto de izquierdas fuerte en el Estado: la primera, para no desaparecer; y la segunda, para evitar un escenario estatal de retroceso para sus proyectos. Para ello, es necesario reactivar una estrategia que vaya mucho más allá de que los dirigentes instalados en cargos institucionales simplemente rehagan una nueva marca electoral con un reparto de puestos entre ellos, lo cual no puede dar más que malos resultados y cada vez menos capacidad de lograr avances sociales, incrementando la marginalización de la izquierda en favor de la extrema derecha.

Lo que se necesita no es una nueva marca electoral nacional-española, sino un proceso renovado de movilización y acumulación de fuerzas que permita recuperar a amplios sectores populares, ahora objetivo de la extrema derecha, y organizar nuevos instrumentos políticos para la izquierda estatal. Esto solo será posible mediante la creación de estructuras o bloques sociales plurales para la organización y movilización. No se trata de formar un nuevo partido que intente reabsorber las diversas luchas y organizaciones territoriales en una sola entidad que compita en todas las circunscripciones con otros partidos de izquierda transformadora, como en su momento quiso hacer Podemos, Más País o Sumar. Más bien, es necesario establecer estructuras de coordinación de movilizaciones (una Coordinadora por la justicia social y la soberanía de los pueblos) que, a través del diálogo y la acción conjunta, permitan a los distintos partidos, organizaciones y movimientos sociales en los territorios del Estado convocar acciones compartidas sobre temas cruciales como la vivienda, entre otros. Con ello debe buscarse reactivar un nuevo ciclo de movilización que fortalezca el espacio de las izquierdas transformadoras, tanto estatales como independentistas, otorgando referencialidad y respetando a las estructuras organizativas y lógicas nacionales ya presentes en cada uno de los territorios, de manera que su relación no sea de competencia electoral sino de mutuo reconocimiento.

Albert Noguera es profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València y militante de la CUP

Referencias
Brandt, Eberhar (2000) “Regulierte Selbstregulierung im Umweltrecht”, Die Verwaltung, 4, 125 y ss.

Enders, Christoph (1997) “Die Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 1996 in Dresden”, AöR, 122, 108–133.

Gómez Corona, Esperanza (2021) “La desparlamentarización del sistema político español. De parlamentarismo excesivamente racionalizado a un Parlamento diluido”, Revista de Derecho Político, 111, 109–136.

Hoffmann-Riem, Wolfgang (1997) “Tendenzen in der Verwaltungsrechtsentwicklung”, DÖV, Heft 11, 433 y ss.

Noguera, Albert (2023) El asalto a las fronteras del Derecho. Revolución y poder constituyente en la era de la ciudad global. Madrid: Trotta.

Parejo, Luciano (2016) Estado y Derecho en proceso de cambios. Madrid: Tirant lo Blanch.

Schmidt-Assmann, Eberhard (Hrsg.) (1997) Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource. Baden-Baden: Nomos-Verl.-Ges. 

Tomado de https://vientosur.info/