Los Ángeles — Las fianzas de inmigración, que son determinadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los jueces de inmigración, permiten que los no ciudadanos en proceso de deportación sean liberados mientras se resuelve su situación. Sin embargo, ICE frecuentemente no devuelve estos fondos, incluso cuando se cumplen todas las condiciones establecidas.
El monto promedio de estas fianzas es de $6,000 por persona, aunque pueden ser considerablemente más altas.
A pesar de que estas cifras son inalcanzables para muchos, los familiares y amigos de los detenidos que logran pagar tienen el derecho contractual de recuperar el dinero, más intereses, una vez que se resuelven sus casos de inmigración. Sin embargo, esto no siempre ocurre, según afirman los expertos.
Para abordar lo que los activistas pro inmigrantes describen como un “robo sistemático millonario”, se ha presentado recientemente una demanda colectiva en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York contra ICE, cuestionando la incapacidad de la agencia para devolver el dinero de las fianzas a miles de familias inmigrantes.
La demanda busca corregir la retención ilegal de cientos de millones de dólares en pagos de fianzas, afectando principalmente a hogares de bajos ingresos.
Douglas Cortez, uno de los demandantes, firmó un contrato con ICE en noviembre de 2013 por $10,000 para liberar a un amigo (cuyo nombre no puede ser revelado por temor a represalias de ICE). Su amigo cumplió con las condiciones de la fianza y, en agosto de 2023, su caso fue desestimado. Según el contrato, ICE debía cancelar la fianza, notificar a Cortez y reembolsar el depósito de $10,000 más intereses. Sin embargo, más de un año después, esto no ha sucedido.
Este caso no es aislado, sino parte de un patrón de comportamiento de la agencia, según los activistas.
“Esta demanda busca responsabilizar a ICE por violar los derechos de las familias inmigrantes”, afirmó Deepak Gupta, socio fundador de Gupta Wessler LLP, una firma nacional especializada en litigios complejos y derechos constitucionales.
“ICE no está por encima de la ley y ha fallado en cumplir su obligación contractual de cancelar fianzas, notificar a los pagadores sobre la cancelación y, en última instancia, devolver el dinero que les corresponde”, agregó Gupta, quien colabora con abogados, expertos en políticas y grupos de defensa para promover la justicia.
El activista sostiene que el gobierno federal ha retenido cientos de millones de dólares que no le pertenecen.
Tras una investigación de dos años, se estima que ICE está reteniendo más de $300 millones, aunque el monto total y las personas afectadas solo pueden confirmarse con los registros de la agencia.
Una parte de este dinero permanece en manos de ICE, mientras que una gran cantidad ha sido transferida a la cuenta de fondos no reclamados del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es la más grande de cualquier agencia federal y crece en aproximadamente $10 millones anualmente.
La demanda, presentada por Gupta Wessler LLP y Motley Rice LLC, surge de una colaboración con una clínica jurídica de la Escuela de Derecho Benjamin N. Cardozo y busca certificar una clase nacional de personas que pagaron fianzas para detenidos y cuyo dinero no se les ha devuelto.
Rosa Santana, directora ejecutiva interina de Envision FreedomTomado de https://www.latimes.com/espanol/mexico/
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