Las mujeres que sostienen las familias víctimas de la represión en El Salvador: “Me gustaría ser hormiga para entrar en la cárcel y decirle a mi hijo que aquí sigo esperándolo”

Cuando su nieta Keila Aguilar, de seis años, le pide por cuarta vez que baile con ella al ritmo de su ídolo en YouTube, María Lidia Lemus, de 51 años, suspira hondo, reúne las últimas energías del día y acepta. Tras unos pasos en su casa en la colonia Mejicanos, en San Salvador, se deja caer en el sillón, agotada, mientras la niña corre al cuarto y vuelve con un abecedario. “Tenemos que hacer la tarea para mañana, mamá”. Así la llama Keila. María Lidia asiente con la resignación de quien aún no termina de aceptar la realidad. “Nunca imaginé ser mamá a mis 51 años”, reconoce.

En 2022, Keila empezó a vivir con su abuela paterna. El 7 de abril de ese año, su padre, César Enrique Aguilar Lemus, de 22 años, fue detenido bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele, señalado de pertenecer a una agrupación ilícita. “Iba a jugar a la cancha cuando la policía lo detuvo sin una orden judicial ni evidencias. Lo único que sé es que está en la cárcel La Mariona, pero desde entonces no he vuelto a verlo ni a hablar con él”, murmura Lemus. Su hijo y su nuera son unos de los 92.000 detenidos desde el inicio del régimen de excepción, decretado el 27 de marzo de 2022 y prorrogado medio centenar de veces. Para hacerse una idea: en España, un país con casi ocho veces la población de El Salvador, hay poco más de 62.000 personas en prisión.

En el país centroamericano no solo una de cada 50 personas está en la cárcel, sino que el 36% no debería estarlo. Un reciente informe oficial filtrado ha revelado que más de 33.000 detenidos no figuran como pandilleros en los registros policiales.

Cuando los hijos desaparecen en las cárceles salvadoreñas, son casi siempre las mujeres, madres y abuelas, quienes sostienen a las familias, tanto afuera como dentro de la cárcel. Porque, más allá de una ración mínima de comida, el sistema penitenciario apenas cubre las necesidades básicas de los reclusos.

En San José Guayabal, a una hora de la capital salvadoreña, Irma Elizabeth Sánchez Maldonado, de 63 años, sufre una doble ausencia. Vive en una pequeña casa a pocos metros de la de su hijo José Alexander Alfaro Sánchez, detenido en julio de 2022, tres días después de Samuel Vásquez Sánchez, su otro hijo. “Fue la semana más fea de mi vida, se llevaron mis únicos hijos. Ellos no están ‘manchados’ [tatuados, una pista que el Estado interpreta como pertenencia a una pandilla]. Tampoco tienen antecedentes penales. Son inocentes”, solloza.

Desde la detención, Alexandra Guadalupe, de 13 años, vive sola en la casa de su familia; pero pasa la mayor parte del tiempo donde su abuela, cuya residencia está a unos 50 metros. “Duerme casi siempre conmigo. Yo cocino e intento cuidarla como puedo, pero sin el salario de su papá es duro sobrevivir”, sigue. En 2022, Alexandra se quedó sola. Su padre fue capturado un domingo mientras trabajaba en casa y, a los pocos meses, su madre migró a México para trabajar y enviar remesas.

Cuidados y carga económica

María Lidia Lemus, Irma Elizabeth Sánchez y sus nietas son solo un ejemplo de las miles de víctimas invisibles del régimen de Bukele. Un informe de la ONG Cristosal advirtió en 2023 de que las familiares de los capturados han tenido que asumir en solitario la carga de cuidados y de sostén económico de los hogares.

La pesadilla se ha recrudecido desde 2022, cuando, a través del régimen de excepción, el presidente declaró una guerra contra las pandillas. Si bien en el país se redujo la tasa de homicidios de 108 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,3 en 2025 ―según el Ministerio de Seguridad―, el coste en materia de derechos humanos ha sido muy elevado, según denuncian organizaciones nacionales e internacionales.

El Salvador es, actualmente, el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo. Además, según ha denunciado Human Rights Watch, un sistema perverso de premios a policías a cambio de cuotas de arresto ha generado un sistema de detenciones arbitrarias masivas sin vínculos con la mara Salvatrucha 13 o Barrio 18, las pandillas que Bukele pretendía combatir.

Las violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo el régimen de excepción podrían constituir crímenes de lesa humanidad, según un informe del Grupo Internacional de Expertos en Derechos Humanos.

El presidente Bukele criticó el informe y aseguró, a través de su cuenta en X, que “las organizaciones de derechos humanos se han convertido en los bufetes legales de los delincuentes”. “Ellos quieren que los criminales sigan asesinando inocentes; para eso trabajan, para eso les pagan. Su labor es engañar a la población para debilitar el apoyo a medidas que pueden traer seguridad a sus familias. Su verdadero objetivo es perpetuar el sufrimiento de la gente honrada”, sostuvo.

“Que un 36% de personas encarceladas no tengan relación con pandillas es un error inaceptable”, afirma Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen de excepción (Movir), que desde 2022 acompaña a las familias de los detenidos y que ya ha apoyado a 5.000 familias, buscando información sobre los detenidos. “Este Gobierno tiene que perseguir a los pandilleros, no a jóvenes inocentes detenidos solo por haber nacido en zonas controladas por las maras. Muchas familias nos dicen que mientras sus hijos están presos, algunos pandilleros están libres en sus colonias”.

Paquete con comida para los presos

Media hora al sur de San Salvador, en el municipio de Panchimalco, Rebeca Judith López, de 42 años, pasa el día viendo los vídeos de su hijo Josué Miguel García en TikTok. Desde que está en la cárcel, es todo lo que le queda. “Mira el ‘peligroso pandillero’ de Bukele”, dice con ironía mientras enseña sus fotos en el teléfono. La primera vez que lo detuvieron, tenía 18 años e iba camino de la escuela. Nunca llegó. Meses después fue liberado por falta de pruebas, pero, dos años más tarde, lo recapturaron bajo la misma acusación: agrupación ilícita. “Mi hijo nunca se metió con las pandillas. Por el contrario, casi no quería salir de casa para que no lo afiliaran forzosamente”.

Atrás dejó una relación que terminó poco después del arresto y un niño que apenas vio: se llama Josué, como él, y tiene dos años. “Lo cuido como si fuera mío. Pero ahora tengo dos gastos más: lo de mi nieto y lo de mi hijo detenido, que antes trabajaba”, cuenta López.

Cada mes, López viaja al penal La Esperanza, conocido como La Mariona, para entregar una enorme bolsa con cereales, leche en polvo, azúcar, sopas instantáneas, artículos de higiene, toallas, medicinas, café instantáneo y ropa. Todo blanco, como exige el uniforme penitenciario. Entre los familiares lo llaman “el paquete”.

“Cada paquete cuesta 150 dólares (unos 130 euros). Para mis dos hijos son 300 (más de 260 euros). Es muchísimo para mí”, cuenta Sánchez, que laboraba en una fábrica de zapatos, donde ganaba 89 dólares al mes (78 euros). Ya no trabaja y tampoco cuenta con una jubilación. Antes la ayudaban sus hijos; ahora, tiene que pedir dinero a sus hermanos para hacer dos paquetes cada cuatro meses. Más no puede, pero nunca se olvida de agregar medicamentos. Hace unos años consiguió acceder al expediente médico de sus dos hijos que sufrían cefaleas, sarna y problemas renales. Desde entonces, no sabe nada, pero sigue incluyendo las medicinas.

“El problema es que no sabemos si nuestros hijos reciben el paquete. Los custodios nos dan solamente un recibo con el número de celda. Nada más”, agrega Lemus.

Llegue o no llegue, las madres siguen preparándolo y enviándolo. El paquete es el único hilo que las conecta con sus hijos. “A veces no tengo ni para los pañales de mi nieto y me pregunto: ¿dejo de comprar zapatos a los hijos que están afuera o a mi hijo que está adentro?”, dice López, que ha vuelto a trabajar como niñera y gasta casi 2.000 dólares anuales (más de 1.700 euros) en paquetes. “Lo importante es que mi hijo esté bien. Aunque a veces tengo miedo de que se vuelva loco por el encierro”, lamenta.

Al menos 537 personas han muerto bajo custodia durante 52 meses de régimen de excepción y el 94% de los fallecidos no tenían perfil de pandillero, según la ONG Socorro Jurídico Humanitario.

Llorar día y noche

La pequeña Keila no solo ha perdido a su padre. Su madre y su abuela materna también fueron encarceladas unos meses después. A veces se levanta en la noche y pregunta por el paradero de sus padres. “Al comienzo lloraba día y noche. Un día me dijo: ‘Mamá, yo no me voy a morir, porque usted me cuida. Lo que se va a morir es mi papá porque come mal, ¿verdad?’. A mí se me paró la sangre”, suspira Lemus.

Le contó la verdad a su nieta. “Todo el mundo me recomendaba decirle que estaba en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Él es inocente y no tenemos que avergonzarnos. Hay que decir la verdad a los niños sobre el régimen criminal en el cual vivimos”, sostiene.

Un día mi nieta me dijo: ‘Mamá, yo no me voy a morir, porque usted me cuida. Lo que se va a morir es mi papá porque come mal, ¿verdad?’

María Lidia Lemus, abuela de Keila

Lemus ha vuelto a trabajar, a pesar de convivir desde hace 20 años con un VIH que agrava su cansancio. Tiene una tortillería y con esto sostiene la comida, los estudios y los gastos básicos de su nieta. “Me gustaría llevarla a conocer Guatemala, pero no podemos viajar porque no soy su madre legal. Necesitaría un permiso de la Procuraduría General firmado por los padres. Es irónico, ¿no?”, añade. Su mayor miedo es que el Juzgado de la Niñez le quite a Keila por problemas económicos y una casa clasificada como demasiado pequeña para las dos. “Toda mi energía es para ella. A veces se pone muy nerviosa porque quiere hablar con su padre y me da pena”.

Alexandra Guadalupe, la nieta de Sánchez, ya no quiere ni celebrar su cumpleaños. “El pastel siempre se lo compraba él. Ahora está triste y silenciosa. ¿Por qué ni siquiera nos permiten verlo? ¿Por qué este Gobierno quiere romper los vínculos familiares?”, pregunta.

Parecen familias de desaparecidos más que de detenidos. La mayoría de los presos de El Salvador no tienen rostro público, ni se sabe en qué condiciones viven. Desde abril han empezado los juicios masivos que agrupan a cientos de personas bajo una misma acusación, sin investigaciones individualizadas ni defensas efectivas. “El régimen no quiere liberar a los inocentes. Más bien quiere encerrarlos para evitar que salgan a la luz las fallas del sistema judicial”, comenta Samuel Ramírez, de Movir.

Sánchez se frota las manos con angustia. Teme que sus dos hijos sean condenados a cadena perpetua, recientemente autorizada por la Asamblea Nacional a solicitud de Bukele. Este pensamiento constante afecta su rutina. Últimamente, se ha olvidado el gas encendido después de cocinar los frijoles. “Todo esto me ha generado un decaimiento. A veces olvido la puerta abierta en la noche y caigo en la cama sin consciencia. Es como un cansancio sin fin”, asegura.

Como ella, muchas madres de hijos detenidos transitan entre desesperación e ilusión. En San Salvador, Lemus acuesta a Keila, le desea feliz noche y regresa a una fantasía que la acompaña desde el primer día: “Me gustaría ser hormiga para entrar en la cárcel y decirle a mi hijo que aquí sigo esperándolo”.

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