La masacre de mujeres indígenas sale del silencio en Estados Unidos

A principios de abril, el FBI lanzó la cuarta campaña "Operation Not Forgotten" (Operación No Olvidados), centrada en los casos de violencia sin resolver en los territorios indígenas, en particular las desapariciones y asesinatos de mujeres y niños. Se trata de una respuesta a la crisis actual que afecta a esta población.

No obstante, como resume la directora Sabrina Van Tassel, quien dedica su último documental "Les Disparues" (Las Desaparecidas) a este fenómeno, "las mujeres indígenas siempre han sido asesinadas, siempre han desaparecido, y esto desde el primer contacto con los colonos". Pocahontas —cuyo nombre real era Matoaka— es uno de los primeros ejemplos: a diferencia de la versión romántica de Disney, fue secuestrada por colonos ingleses y luego casada con un hombre blanco.

El FBI recibe cada año más de 5.000 denuncias de mujeres y niñas indígenas desaparecidas o asesinadas. Pero ante la falta de datos completos, se desconoce el número real a nivel nacional, subraya la ONG Centro Nacional de Recursos para las Mujeres Indígenas (NIWRC). Además, estos casos se resuelven en menor proporción que la media: según el Instituto de Salud Indígena Urbano, en el estado de Washington, las poblaciones indígenas representan menos del 2% de los habitantes, pero el 5% de los casos sin esclarecer.

En el vecino Canadá, se estima que entre 2009 y 2021, la tasa de homicidios de mujeres y niñas indígenas, mestizas e inuit fue seis veces mayor a la del resto de la población.

Detrás de estas cifras se esconde una realidad cotidiana escalofriante: "Casi todas las familias conocen a una mujer desaparecida o asesinada", señala Van Tassel. Se trata de un fenómeno masivo y de larga data, que durante décadas estuvo fuera de los medios de comunicación y la esfera política, y del que solo se ha comenzado a hablar a mediados de los años 2010.

Este fenómeno contrasta con la cobertura mediática de ciertos casos que involucran a víctimas blancas. El rostro de Gabby Petito, una joven estadounidense blanca que desapareció en 2021 durante un viaje con su pareja, apareció en las pantallas de todo el mundo. Sin embargo, en Wyoming, donde fue hallado su cuerpo, "se sabe que hay alrededor de 710 mujeres indígenas desaparecidas, y nadie ha ido nunca a buscarlas", destaca Van Tassel. Efectivamente, 710 mujeres indígenas desaparecieron en ese estado entre 2011 y 2020, de las cuales el 85 % eran menores, según un informe.

Este contraste ilustra el "missing white woman syndrome" (síndrome de la mujer blanca desaparecida) denunciado por las activistas indígenas. Es decir, la atención desproporcionada que se le da a las desapariciones de mujeres blancas frente al silencio que rodea a las de las mujeres racializadas, especialmente las indígenas. En su caso, la invisibilización se ve reforzada por los prejuicios: "Realmente existe un racismo, en el sentido de que se considera que estas chicas llevan una vida de drogas y alcohol, y que han desaparecido porque, en cierto modo, es culpa suya", describe la documentalista.

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Muchas mujeres indígenas viven en condiciones de gran precariedad, lo que las hace particularmente vulnerables. Las reservas suelen estar ubicadas en zonas rurales remotas, donde el acceso a la atención médica es limitado y los servicios sociales carecen de recursos suficientes.

"Los indígenas son los más afectados en todos los aspectos", destaca Van Tassel. Suicidio, diabetes, homicidio, violación… A esta fragilidad material se suma una fragilidad psicológica. El trauma se transmite de generación en generación. En su documental, la historia de Marie Ellen Johnson-Davis, una joven desaparecida, revela la magnitud de las heridas: "En su familia, pude constatar que todas las mujeres de al menos tres generaciones habían sido violadas", explica.

Esta repetición de la violencia, de madre a hija, instaura la idea de una fatalidad. Los depredadores, por su parte, saben identificar estas vulnerabilidades: "Un depredador no va a atacar a la persona más fuerte de la manada. Va a atacar a la más débil", precisa la directora.

Las adicciones —al alcohol, a las drogas— son a la vez una consecuencia del trauma y un factor agravante. Tienen sus raíces en las políticas coloniales: cambio brusco en la alimentación, destrucción de los referentes culturales, violencia en los internados, falta de atención. "No contaron con el sistema necesario para poder curarse y, por lo tanto, reprodujeron el trauma", indica Van Tassel.

Más allá de estos factores, hay un elemento estructural que hace que las indígenas estadounidenses sean particularmente vulnerables: un vacío legal. Las naciones indígenas son reconocidas como "naciones soberanas" dentro de Estados Unidos. Este estatus les otorga cierta autonomía política y judicial, pero también crea zonas grises en la aplicación de la ley.

Durante décadas, la policía tribal no tuvo derecho a detener a personas que no fueran indígenas, incluso en los delitos cometidos dentro de su territorio. El FBI, que en teoría tiene competencia para los crímenes cometidos en las reservas, no cuenta ni con la estructura ni con los recursos para atender sistemáticamente estos casos. "El FBI no está diseñado para eso", opina la documentalista. "Normalmente, investiga el tráfico de drogas interestatal y el terrorismo. En este caso, se le pide que se ocupe de violaciones o desapariciones a gran escala, sin contar con los recursos adecuados".

En Montana, que cuenta con siete reservas indígenas y una de las tasas más altas del país de desapariciones y homicidios de mujeres indígenas, las investigaciones se ven obstaculizadas por el entrecruzamiento de competencias entre la policía tribal, las autoridades locales y el FBI. El resultado: las investigaciones se retrasan, si es que llegan a iniciarse. Muchos casos se convierten en "cold cases" (casos frizados), que quedan en suspenso durante años. Los agresores actúan conscientes de esta impunidad.

Ante esta situación, se han producido algunos cambios legislativos tímidos. En 2013, la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres (VAWA, por sus siglas en inglés), una ley federal destinada a proteger a las víctimas de violencia, se extendió finalmente a las mujeres indígenas, que durante mucho tiempo habían quedado excluidas debido al estatus de las naciones indígenas. Esta disposición constituyó un avance importante tras décadas en las que los tribunales tribales no podían generalmente ejercer su competencia penal sobre personas no indígenas.

Esta competencia se amplió posteriormente mediante la VAWA de 2022. Ahora abarca, bajo ciertas condiciones, otros delitos, en particular ciertos tipos de violencia sexual y la trata con fines sexuales. Sin embargo, las normas siguen siendo complejas: según la naturaleza de los hechos, la condición del autor y de la víctima y el lugar donde se cometió el delito, las autoridades tribales, estatales y federales pueden tener todas un papel a desempeñar.

Y desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, varias organizaciones indígenas denuncian un retroceso. Un informe del Urban Indian Health Institute (UIHI) del 15 de julio de 2026 señala, en particular, una caída en el financiamiento de los programas indígenas de lucha contra la violencia. Según la encuesta del UIHI, el 64% de las organizaciones y programas encuestados afirman haber sido muy afectados por los recortes en la financiación federal desde 2025.

La directora del UIHI, Abigail Echo-Hawk, quien compareció ese mismo día ante la Cámara de Representantes, agregó: "La promesa de seguridad pública pretende ser universal, pero para los pueblos indígenas es una promesa que nunca se ha traducido en recursos ni en una realidad concreta". En su testimonio, recuerda que Estados Unidos tiene, en virtud de los tratados, la obligación legal de financiar la seguridad y la salud de las naciones indígenas americanas, y que la desaparición repentina de estos fondos constituye un incumplimiento directo de dichos compromisos.

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Ante la inacción de las autoridades, las comunidades se organizan. Redes de búsqueda, campañas publicitarias, recaudaciones de fondos para ofrecer recompensas, creación de bases de datos locales: la autoorganización se convierte en la norma. "Las comunidades, cada vez más, ya no recurren al FBI, porque saben que eso no lleva a ninguna parte", recalca Van Tassel. Ellas mismas llevan a cabo las investigaciones, cotejan los testimonios y mapean las zonas de riesgo.

Los indígenas Ute Mountain Ute, que viven principalmente en Colorado, han lanzado un programa que combina psicólogos, equipos de prevención del suicidio, mentoría por parte de los ancianos, actividades al aire libre, enseñanza de la lengua ute y capacitaciones dirigidas a todos los servicios tribales. El objetivo es fortalecer los lazos comunitarios y, al mismo tiempo, mejorar el acceso a una atención psicológica adaptada a la cultura indígena, para así evitar los peligros de las adicciones y las relaciones de riesgo.

Para muchas comunidades, una de las respuestas fundamentales pasa por reconectarse con su cultura. Las lenguas, las ceremonias, los relatos y las prácticas ancestrales —que fueron sistemáticamente destruidas por las políticas coloniales— son el eje central de los esfuerzos de reconstrucción. Para la directora, esta reconexión es parte de la solución: "El hecho de poder sentirse orgulloso de su cultura, de su familia, de interesarse por la historia de su cultura, es algo que les da una razón para existir".

En el ámbito mediático, las desapariciones de mujeres indígenas siguen apareciendo raramente en las portadas de los periódicos nacionales, pero está surgiendo un movimiento en el ámbito cultural: documentales, podcasts, libros. Obras de ficción como la serie Yellowstone o la película de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon (Los Asesinos de la Luna) ponen de relieve la violencia contra las poblaciones indígenas.

Para las activistas, la cobertura mediática es crucial: permite ejercer presión sobre las instituciones y dar voz a víctimas que durante mucho tiempo han sido silenciadas. "No harían falta cinco documentales como el mío, harían falta cincuenta", insiste Van Tassel.

Para que las mujeres indígenas dejen de ser "chicas a las que nadie va a buscar", como dice la documentalista, serán necesarias varias transformaciones profundas del sistema judicial estadounidense: otorgar poderes reales a las policías tribales e instaurar una coordinación automática entre las diferentes fuerzas de seguridad, a fin de evitar que las desapariciones caigan en las grietas del sistema.

También será necesario cambiar radicalmente la forma en que la sociedad estadounidense percibe a los pueblos indígenas: pasar de una visión colonial heredada de los internados y los desplazamientos forzados a un pleno reconocimiento de su dignidad, su soberanía y su cultura.