La Jornada: ABC: rectificación histórica

17 años del incendio en la guardería ABC, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que son imprescriptibles los delitos cometidos en la tragedia que cobró la vida de 49 niños y dejó 106 heridos, lo que abre la puerta a investigar y perseguir a más ex funcionarios vinculados con los hechos. Los integrantes del pleno aprobaron por unanimidad el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que concluyó que la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, y la omisión del Estado en su deber de cuidado hacia los menores constituyeron “violaciones graves” a los derechos de la infancia. La ministra María Estela Ríos González enfatizó que la catástrofe fue producto de un modelo neoliberal que privatizó el servicio de las guarderías del Estado, lo cual debe recordarse y tenerse en cuenta al rechazar eventuales intentos privatizadores.

Debe remarcarse: la muerte de 25 niñas y 24 niños no fue un accidente. El siniestro del 5 de junio de 2009 en una bodega improvisada como estancia para pequeños en la capital sonorense y el comportamiento posterior de las autoridades condensan la descomposición institucional imperante en las administraciones panistas. Durante el sexenio de Vicente Fox, se modificó la Ley General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para “flexibilizar” los requisitos exigibles a los privados que deseaban administrar una guardería subrogada, es decir, un servicio privado pagado con recursos públicos. En los hechos, esto significó la entrega indiscriminada de concesiones para el manejo de las estancias a personas sin experiencia ni capacitación alguna en el cuidado de bebés y niños. Se había creado un boyante negocio para los dueños de las casas cuna, quienes explotaron la necesidad de las familias trabajadoras y cobraron al IMSS por sus servicios, muchas veces negligiendo las más elementales normas de seguridad que deben observarse al estar a cargo de la educación y las vidas de infantes.

El incendio demostró que los políticos blanquiazules crearon el modelo de subrogación con el propósito de enriquecerse a sí mismos y a sus allegados. Una de las dueñas de la guardería ABC, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, es prima tanto de la entonces primera dama Margarita Zavala Gómez del Campo como de Lourdes Laborín, esposa de quien era gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo. Estas conexiones se mostrarían determinantes en la impunidad de que gozaron todos los implicados, desde los socios hasta los funcionarios que debieron supervisar la seguridad de las instalaciones, como el director del IMSS que firmó el contrato con la ABC, Juan Molinar Horcasitas, y quien encabezaba el instituto al momento del siniestro, Daniel Karam.

Con dichos antecedentes, el proyecto de la ministra Ortiz debe leerse como una rectificación histórica que lava, de alguna manera, el oprobio perpetrado contra la sociedad mexicana por sus antecesores hace tres lustros. En 2010, la Suprema Corte se puso a disposición del calderonato para consumar el operativo de Estado que dio impunidad a los personajes poderosos cuyas acciones desembocaron, por acción u omisión, en la tragedia de la guardería. Pese a que su comisión investigadora de-terminó que en las estancias subrogadas del IMSS había un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia, así como que ese organismo carecía de fundamento legal para contratar a terceros, en junio de 2010 el pleno de la Corte desechó el proyecto de dictamen del ministro Arturo Zaldívar, quien ubicó a 14 funcionarios federales, estatales y municipales como responsables de violaciones graves de garantías individuales en el incendio. Contra sus propias evidencias, la SCJN decidió no fincar responsabilidades, avalar la constitucionalidad del sistema de subrogación de guarderías y deslindar a Karam, Molinar y Bours de lo ocurrido. Es inevitable señalar la burla contra las víctimas que supuso regalar impunidad a sus asesinos el mismo mes en que se cumplían cinco años del incendio.

No es exagerado decir que la sentencia de ayer bastaría, en sí misma, para justificar la reforma al Poder Judicial impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación, pues la impunidad en torno al caso ABC es uno de los mayores agravios contra el país y uno de los peores ejemplos de abuso del poder en el periodo neoliberal. Con el camino abierto a la justicia, es tarea de fiscalías y tribunales dedicar un esfuerzo incansable al esclarecimiento de lo ocurrido y el establecimiento de responsabilidades penales a los culpables.

Nota original publicada en el portal de La Jornada: https://www.jornada.com.mx/2026/06/19/opinion/002a1edi?partner=rss.