Juez ampara a propietaria para que rente departamentos por aplicación

Las asambleas de condóminos no pueden impedir que los propietarios de departamentos puedan rentar sus inmuebles por aplicación, resolvió el juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Hugo Roberto Pérez Lugo.

Con esta resolución, el juzgador otorgó un amparo a la propietaria de dos departamentos, ubicados en el desarrollo residencial Agatha del Valle, en la colonia Xoco, para renta por estancias temporales vacacionales mediante la aplicación Airbnb.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó que, al amparar a la quejosa, se ordenó a la agrupación de condóminos a convocar a una asamblea extraordinaria, en la que se fijen posturas de todos los que habitan en la zona de viviendas y modifiquen su reglamento, a fin de que la demandante pueda alquilar los inmuebles.

De acuerdo con los antecedentes de este caso, la propietaria de los dos departamentos en el desarrollo residencial Agatha del Valle se inconformó con la Asamblea General de Condóminos de una unidad habitacional, luego de que se le impidió la renta de corto plazo, mediante plataformas o aplicaciones digitales.

La organización de vecinos argumentó que falta de regulación adecuada de las plataformas digitales de estancia corta representa riesgos en materia de seguridad, calidad de alojamientos, a comunidades locales y genera inequidad fiscal.

El juez Pérez Lugo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil, resolvió que la asamblea de condóminos no puede modificar el reglamento interno del conjunto habitacional para prohibir a los dueños de unidades privativas el arrendamiento en esa modalidad.

La libertad de trabajo, se destacó en la sentencia, es un derecho vinculado claramente con la autonomía personal, en la medida en la que permite a los individuos dedicarse a la actividad profesional que mejor se adapte a su plan de vida.

De esta forma, la Asamblea de Condóminos no tiene facultades para limitar el uso y goce de la propiedad privada de los dueños de las unidades privativas, lo que se consideró inconstitucional.