Guatemala: El asesinato de Foppa, una señal de “debilitamiento de los DDHH y las garantías democráticas”

El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, de 43 años, hablaba sin reservas sobre las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, y contra el llamado "pacto de corruptos", una supuesta red criminal que incluye a políticos, empresarios y crimen organizado. Y a pesar de tener escolta, Foppa, como se le conocía, perdió la vida tras ser atacado a balazos el sábado pasado.

“Exigimos una investigación profunda, independiente y transparente, porque no estamos hablando únicamente del asesinato de un abogado. Estamos hablando de una persona que utilizaba activamente las redes sociales para informar a la ciudadanía, para denunciar los posibles actos de corrupción y también para cuestionar las decisiones políticas y señalar situaciones que se consideraban injustas en Guatemala”, reacciona para RFI Nancy Roblero, directora de la ONG Acciona por el Cambio Social (AXC ONG).

“Solórzano Foppa fue exfiscal y superintendente de la Administración Tributaria, pues su asesinato representa mucho”, prosigue Roblero, al tiempo que subraya el “señalamiento a personas que no estaban implicadas en el caso”, denunciando “el encubrimiento que está haciendo el Estado de colocarle armas y evidencias a personas inocentes”.

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“Este asesinato realmente tiene un significado bastante extenso debido a la criminalización de las personas que están hablando en torno a las denuncias hacia el Gobierno, hacia el Estado. Y también nos deja ver un escenario muy desolado, muy difícil para todas las personas que están ejerciendo su derecho a la libre expresión en el país”, estima la directora de AXC ONG.

Una señal de debilitamiento de los derechos humanos

“Para nosotros como organización, es muy importante señalar que este asesinato representa una señal profundamente preocupante sobre el debilitamiento de los derechos humanos y las garantías en Guatemala”, indica Roblero.

“Actualmente, se está criminalizando a muchas personas. Estamos retrocediendo a los años 80 cuando estábamos viviendo el crimen organizado, entonces nos estamos dando cuenta que estamos en un Estado que está asesinando a las personas, que está señalando profundamente y para nosotros es preocupante sobre el debilitamiento de los derechos humanos y las garantías democráticas de Guatemala”, recalca.

Según ella, el Gobierno manda un mensaje de miedo que va en contra de la libertad de investigación y expresión: “Este mensaje de miedo, de represalias, de denuncias, de cuestionar, de investigar o de expresarse libremente, se está dando a través del gobierno de Guatemala”, afirma.

Algo que preocupa también dentro de AXC ONG, porque “trabajamos esta parte de denuncias públicas, y porque estamos viviendo en narcogobiernos y más que estamos en contexto transfronterizo. Nosotros vivimos en el departamento de San Marcos, uno de los que están próximos a la frontera con México, pues también vemos de primera mano cómo actúan los narcogobiernos en este contexto”, enfatiza Roblero.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, repudió "enérgicamente" el asesinato. "Sus autores, materiales e intelectuales, deben pagar las consecuencias con todo el peso de la ley", escribió en su cuenta en la red social X.