Fobaproa: desfalco eterno

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que la deuda contraída por Ernesto Zedillo en la década de 1990 para rescatar a bancos y grandes empresas “es impagable” y seguirá pesando sobre las finanzas públicas.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, hasta abril de 2025 se habían pagado 945 mil 895 millones de pesos sólo en intereses, y aún se debía un billón 159 mil 484.8 millones de pesos, correspondientes a la deuda original del Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa), aprobada por el Congreso a instancias de Zedillo en 1999.

Lo erogado hasta el año pasado representa más de 2 millones de millones de pesos al actualizar los pagos con la inflación, cantidad mucho mayor a la que Zedillo dijo que costaría la socialización de la deuda privada de los millonarios.

La mandataria recordó las consecuencias sociales del atraco perpetrado por el cogobierno de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN): millones de pequeños deudores quedaron en bancarrota, perdieron ahorros y vivienda y se vieron obligados a migrar ante la destrucción del empleo y de los precios agrícolas.

Zacatecas, la entidad visitada ayer por la presidenta Sheinbaum, fue una de las más golpeadas por el impacto del neoliberalismo y la corrupción: cada año entre 1990 y 2005, el estado perdió alrededor de uno por ciento de sus habitantes, quienes emprendieron el camino hacia el norte más para huir del hambre que en busca del “sueño americano”. Cuando la sangría se detuvo, no fue porque las cosas mejorasen aquí, sino porque la crisis financiera de 2008 redujo las perspectivas de trabajo en Estados Unidos.

A menor escala, la expulsión de mexicanos se replicó en todo el país, con hasta medio millón de personas que migraban cada año entre 1995 y 2005.

Hace casi 30 años, Zedillo aseguró que en sólo 20 habrían sido cubiertos tanto el monto original como sus intereses. Lejos de ello, en 2025 el Estado mexicano tuvo que destinar 52 mil 451 millones de pesos al Ramo 34, correspondiente a las “Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, es decir, al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), heredero del Fobaproa.

De esa cantidad, 96 por ciento corresponde a dueños de grandes capitales y apenas 4 por ciento a ciudadanos de a pie. Para hacerse una idea del peso de ese monto en las finanzas públicas, vale decir que supera en mil millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; casi iguala a los 58 mil millones de pesos asignados a la Universidad Nacional Autónoma de México, y es mil 900 por ciento más que lo ejercido por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

En suma, incluso hoy, tras ocho años de administraciones federales que intentan revertir los peores estragos del neoliberalismo, la deuda ilegítima cargada al pueblo de México priva al país de recursos indispensables para cubrir las necesidades más acuciantes e invertir en el desarrollo productivo. Es evidente que no se pueden hacer estimaciones contrafactuales, pero también es imposible pasar por alto que hoy la realidad de millones de mexicanos podría ser sustancialmente mejor si el dinero público arrojado al barril sin fondo del rescate de la banca se hubiera canalizado a otros propósitos.