Nicaragua ha establecido una «amplia» red transnacional destinada a vigilar e intimidar a sus opositores en el exilio, afectando a «cientos de miles» de personas, según advirtió este martes el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU.
Un informe elaborado por estos expertos «describe una extensa arquitectura de vigilancia e inteligencia utilizada para monitorear, intimidar y atacar a los cientos de miles de nicaragüenses que residen en el extranjero», declaró el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
Este informe, que se presentará el 16 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, señala que la estructura operativa del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo incluye al «ejército, la policía, autoridades migratorias y misiones diplomáticas».
Según el comunicado, «el Gobierno ha despojado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 nicaragüenses, ha dejado a miles más en una situación de apatridia de facto al negarse a renovar o proporcionar documentos, y ha impedido el regreso de muchos a Nicaragua».
Además, se menciona que «desde 2018, se han desviado fondos públicos para financiar la represión mediante la creación de una estructura paralela dentro del partido en el poder».
Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, afirmó que «la represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua». Añadió que «la persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para asegurar que nadie se interponga en el camino del régimen».
El comunicado también destacó que «se han reportado al menos una docena de casos de asesinatos o intentos de asesinato contra críticos en el exilio, incluyendo el asesinato en junio de 2025 en Costa Rica del mayor retirado del ejército y opositor, Roberto Samcam».
Reed Brody, otro miembro del comité de expertos, subrayó que «el mal uso y desvío de recursos públicos han contribuido directamente a graves violaciones de derechos humanos».
Este grupo de investigación es un organismo independiente con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Fue creado en marzo de 2022 con la misión de llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre los abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando las protestas contra el gobierno fueron reprimidas de manera violenta.Tomado de https://www.rfi.fr/
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