Nicaragua ha establecido una amplia red transnacional para vigilar e intimidar a sus opositores en el exilio, afectando a «cientos de miles» de personas, según advirtió el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU este martes.
Un informe elaborado por estos expertos describe una compleja estructura de vigilancia e inteligencia utilizada para monitorear, intimidar y atacar a los nicaragüenses que residen en el extranjero. Este informe se presentará el 16 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Los expertos señalaron que esta red, sostenida por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, involucra al ejército, la policía, las autoridades migratorias y las misiones diplomáticas.
El comunicado del grupo indica que el gobierno ha despojado arbitrariamente a 452 nicaragüenses de su nacionalidad, dejando a miles más en una situación de apatridia de facto al negarse a renovar o proporcionar documentos, y ha impedido el regreso de muchos a Nicaragua. Además, se menciona que desde 2018, se han desviado fondos públicos para financiar la represión mediante la creación de una estructura paralela dentro del partido gobernante.
Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, destacó que «la represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua». Agregó que «la persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para asegurar que nadie se interponga en el camino del régimen».
El comunicado también reporta al menos una docena de casos de asesinatos o intentos de asesinato contra críticos en el exilio, incluyendo el asesinato en junio de 2025 en Costa Rica del mayor retirado del ejército y opositor, Roberto Samcam. Reed Brody, otro miembro del comité de expertos, subrayó que «el mal uso y desvío de recursos públicos han contribuido directamente a graves violaciones de derechos humanos».
Este grupo de investigación es un órgano independiente creado en marzo de 2022 con el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, encargado de investigar los abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando las protestas contra el gobierno fueron reprimidas de manera violenta.Tomado de https://www.rfi.fr/
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