El pasado domingo, Estados Unidos deportó a El Salvador a 238 individuos identificados como presuntos integrantes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, a pesar de una orden judicial que intentaba frenar dichas deportaciones.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó la llegada de estos individuos, quienes fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en El Salvador, donde permanecerán al menos un año.
La deportación se llevó a cabo después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa rara vez utilizada, para acelerar la expulsión de estos presuntos pandilleros. Sin embargo, un juez federal había emitido una orden para detener temporalmente estas deportaciones, argumentando que la ley se aplica en situaciones de guerra y cuestionando su uso en este contexto.
Además de los miembros del Tren de Aragua, Estados Unidos deportó a 23 presuntos integrantes de la pandilla salvadoreña MS-13, incluyendo a dos líderes destacados. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, agradeció a Bukele por su colaboración y describió al mandatario salvadoreño como «el líder de seguridad más fuerte de nuestra región».
Este acuerdo entre ambos países incluye un pago de 6 millones de dólares por parte de Estados Unidos a El Salvador para cubrir los costos de encarcelamiento de aproximadamente 300 presuntos pandilleros durante un año.
La decisión de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y del gobierno venezolano, que calificaron la medida como una violación de los derechos humanos y un uso inapropiado de una ley destinada a tiempos de guerra.
A pesar de la controversia legal y ética, las deportaciones se llevaron a cabo, y los individuos deportados permanecen bajo custodia en El Salvador, mientras se debate la legalidad de las acciones emprendidas por la administración estadounidense.
Tomado de http://radiosonora.com.mx/feed
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