“El dinero no va a devolver mi piel”: sobreviviente de violencia ácida

Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 21 de junio de 2026, p. 8

“¡Nos están quemando!”, expresa María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de violencia ácida, luego de atender tres casos de mujeres quemadas por sus parejas durante junio. Las cifras van en aumento. Según el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), de enero a octubre del año pasado se registraron 393 casos de violencia ácida en México: “No se cuenta con un marco jurídico exclusivo para este delito, ni hay protocolos para la atención, es por eso que los casos van al alza”, dice la saxofonista en entrevista con La Jornada.

Malena es sobreviviente de feminicidio en grado de tentativa al sufrir en 2019 un ataque con ácido perpetrado por tres hombres que le ocasionaron quemaduras de segundo y tercer grado en 80 por ciento de su cuerpo. El autor intelecutal era su pareja, el empresario Juan Antonio Vera Carrizal, quien sigue impune. A pesar de haber sido vinculado a proceso con prisión preventiva justificada por tentativa de feminicidio, éste simuló 13 enfermedades y las autoridades de Oaxaca lo trasladaron desde 2024 a un hospital privado donde nunca ha sido visto.

“Han pasado casi siete años y no alcanzan las palabras para retratar verbalmente lo que me han obligado a vivir. No sólo son los procesos legales, sino también sicológicos, siquiátricos, médicos, dermatológicos, sociales y familiares. Cuando no existen sentencias condenatorias, ejemplares, el Estado mexicano está mandando un mensaje: ‘agresor, puedes venir a quemar y matar una mujer con violencia ácida y no te va a pasar nada’. Así de crudo es el mensaje, por eso los casos de mujeres quemadas van en aumento”, lamenta.

Ley Malena

Malena se convirtió en luchadora social y se presentó en la Organización de Naciones Unidas (ONU) para hablar de la ley que lleva su nombre. Cuenta que buscó que se tipificara el delito de violencia ácida con la llamada Ley Malena, que reconoce un nuevo tipo de violencia en la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en este caso, la ácida, que “es cuando queman a una mujer con sustancias como ácidos, sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables, irritantes o líquidos en altas temperaturas como el agua o el aceite caliente. Esta norma es para crear protocolos de acción y tipificarlo como un delito autónomo, que deje de conocerse como lesiones simples y pase a ser un delito extremo como el feminicidio. Esto posibilita a la víctima a luchar para que la sentencia de su agresor sea la más alta”.

Al respecto, la saxofonista comenta que 18 estados de la República ya aceptaron integrar la Ley Malena a sus legislaciones, aunque aún faltan Zacatecas, Chihuahua, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato y estado de México, entre otros. “Con la Ley Malena, aunque no quemen a la mujer, con tan sólo la amenaza ya se vincula a proceso al agresor. Ese es un gran logro, aunque muchos gobiernos se resisten a aprobar esta norma”.

Los tres casos registrados de violencia ácida en lo que va junio contra mujeres fueron en Ecatepec, estado de México, Celaya y Morelos; dos con ácido y uno con gasolina. Los agresores fueron las parejas sentimentales, pero según las estadísticas del Banavim, también las mujeres son quemadas por hijos, tíos, concubinos o compañeros de trabajo. “Estos crímenes van a la alza y urge que el gobierno haga algo”, denuncia María Elena.

Historia de terror

Malena sigue luchando para obtener justicia. Los agresores intelectuales de su caso son Juan Antonio Vera Carrizal, quien sigue impune y su hijo Juan Antonio Vera Hernández, quien se encuentra en calidad de prófugo de la justicia, mientras la fiscalía de Oaxaca se niega a brindar avances o ficha de búsqueda. De los tres autores materiales, dos se encuentran en prisión preventiva justificada: Rubén Loaeza Charrez, Rubicel Hernández Ríos y su padre Ponciano Hernández Yescas, quien presuntamente murió. “Nunca me mostraron un documento científico que señalara cuál fue la causa de su fallecimiento. Me pone a pensar y reflexionar muchas cosas porque al final esta supuesta muerte beneficia a Vera Carrizal”, menciona.

El agresor intelectual es poderoso política y económicamente. “Él tiene gasolineras en todo el estado de Oaxaca, también tiene cubierto el territorio de radiodifusoras comerciales y culturales y financia radios comunitarias donde la narrativa de lo que dice de mí se queda porque repite mentiras. Asimismo tiene farmacias en todo el estado. Cuenta con poder y amparo político. La propia Secretaría de Seguridad Pública dice que sí está vigilándolo en el hospital donde ya no está. Son mentiras, no hay policías”.

El día de los hechos, Juan Antonio Vera Carrizal le dijo a su hijo Juan Antonio Vera Hernández que buscara quién se encargara de matar a “una pinche noviecita que se pasó de pendeja”.

“Su hijo le encarga a su empleado Rubén Loaeza Charrez, quien trabajaba en una construcción de una gasolinera propiedad de Vera Carrizal, que buscará entre los albañiles que laboraban ahí y seleccionó a Ponciano y a su hijo Rubicel. Les pagó 30 mil pesos: les mostró fotografías mías, mi domicilio, qué es lo que me tenían que decir y cómo era mi actividad normal. No es una suposición, fue el testimonio que dio Ponciano, el primer detenido. Pero ahora como dicen que él supuestamente murió, no hay testimonio en la etapa oral, entonces al que beneficia es a Vera Carrizal.”

Añade: “Son muchas aristas que rodean este proceso, principalmente las muchas deficiencias que aquejan no sólo en mi caso, sino a la mayoría de las víctimas en México, si no es que a todas. Hay mucha corrupción desde los peritos, Ministerios Públicos, fiscales y el apadrinamiento con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Le han brindado toda la impunidad al agresor. Se incumple esta promesa constitucional de una justicia pronta y expedita”.

Laberinto judicial

Por el caso de Malena han pasado 10 jueces y juezas. Han sido años de audiencias, expedientes, carpetas de investigación, peritos y testigos. Y aún con todas las pruebas, el juez absolvió a todos.

“Denuncié la parcialidad que tenía el juez José Gabriel Ramírez Montaño con el agresor. Llegó a decir a los testigos “así no dice en la carpeta”. Un juez no es parte, por eso lo denuncié y está suspendido de labores, aunque sigue recibiendo 30 por ciento de su sueldo. Ese juez es un riesgo y representa un peligro para las víctimas.

“Las irregularidades continuaron y luego otro juez le permitió salir de la cárcel para una supuesta revisión médica. A mi agresor le han permitido todo. No hay ningún expediente clínico ni exámenes de laboratorio reales. El tribunal le hace válido todo para que siga en calidad de enfermo con 13 enfermedades que se derivaron de una hemorroide y de depresión. Todo es una simulación.”

Malena cuenta que las audiencias judiciales, además de ser revictimizantes, la han sometido a largas sesiones judiciales: “Ha sido súper cansado porque si quería ir al baño me decía ‘ya deje de estar alargando este proceso’. Cuando di mi testimonio, la agente del Ministerio Público decía: “le puede decir a la víctima que se apure”. Me llegó a acusar incluso de mentirosa”.

Finalmente, el juez absolvió a Vera Carrizal, pero la boleta de liberación fue suspendida por la jueza María Antonia Esteva Domínguez, por corrupción y tráfico de influencias. “En ese momento tenía conocimiento de que el agresor le dio 25 millones de pesos al juez Ramírez Montaño, información que también la hizo del conocimiento público el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz”, indica.

Simulación médica

A base de corrupción, Vera Barrizal fue trasladado en diciembre de 2024 al Hospital Reforma, luego en febrero del año pasado las autoridades de Oaxaca dijeron que seguía hospitalizado, pero que no podían dar la ubicación por razones de seguridad. “No está en ningún hospital, es mentira. Cuando fuimos, abrieron la puerta del dormitorio y las persianas estaban cerradas, el cuarto olía a humedad. Es evidente que él ya no estaba ahí. He tratado de investigar quién es el dueño del hospital, pero es una asociación civil”.

Añade: “Lo que sucede cada que se intenta visitar al supuesto paciente es que desde recepción llaman inmediatamente a su familia que llegan con tres o cuatro camarógrafos, con mujeres encapuchadas y hombres vestidos de civil armados. También envían a la policía estatal con 20 o 30 elementos para agredirnos. Su hija Guadalupe Vera Hernandez nos insulta y me provoca para que sus camarógrafos graven mis errores. Es terrible”.

Afirma que Vera Carrizal ya era investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera “por tráfico de huachicol, lavado de dinero y por intentar demostrar que tuvo pérdidas millonarias de alrededor de 500 millones de pesos, para no declarar y no pagar impuestos. Vía amparo, pidió que le descongelaran las cuentas y ganó; todos sabemos cómo se ganan los amparos en México”.

Revictimización constante

María Elena dice que las víctimas de violencia ácida aún no encuentran justicia por el vacío legal que existe. Su caso se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde analizan los amparos del caso.

“El ministro presidente y la ministra Loreta Ortiz hacen suya mi solicitud. Es un brillo de esperanza. No es que vaya a tener justicia completa, son sólo los amparos; pero si la Corte emite una resolución a favor de la víctima, se va a continuar con la reposición del juicio oral, tendremos que repetir el proceso de ir a declarar por todo lo que he pasado, con peritos y testigos”, abunda María Elena.

Mañana lunes 22 de junio, Malena tendrá su ceremonia de graduación en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, como música saxofonista: “Entendí que tenía que trascender de víctima a sobreviviente. Soy la sobreviviente que lucha. Nadie me va a devolver mi piel. Ni con la reparación del daño. Ningún dinero me va a devolver mi piel, mis años, mis sueños. Y ser desobediente es el acto de amor más grande que puedo hacer por mí y por mi familia, por mis compañeras de lucha”, finalizó.