De redes sociales al territorio: la violencia digital contra defensores ambientales en México

La mañana del 11 de marzo de 2026, Erik Saracho regresaba a su casa después de llevar a su hija a la escuela. Un hombre se acercó mientras el defensor ambiental atravesaba el cancel de seguridad instalado en su casa. Saracho levantó la mano para saludarlo. El desconocido sacó un arma y le disparó. La bala lo hirió en el brazo. Su esposa le ayudó a contener la hemorragia. Sobrevivió, pero las agresiones continuaron en internet. Algunos perfiles difundieron la versión de que él mismo había organizado el atentado para presentarse como víctima y convertirse en un héroe ante la comunidad.

Meses antes del ataque fue hostigado por sus acciones de defensa del territorio en San Francisco, Nayarit. Saracho forma parte de organizaciones como Alianza Jaguar que han cuestionado desarrollos inmobiliarios y turísticos en Bahía de Banderas. En diciembre de 2025, el portal local Vallarta en Línea lo acusó, sin presentar pruebas, de bloquear el progreso para proteger supuestos intereses económicos vinculados con las rentas de Airbnb. La publicación estuvo acompañada por un video en Facebook y provocó comentarios hostiles en un grupo con 41,000 integrantes.

Quienes administraban el grupo eliminaron las publicaciones agresivas y bloquearon 163 perfiles, muchos identificados con seudónimos. Esto hizo que no quedara registro de todos los comentarios. Saracho había denunciado formalmente el acoso digital desde enero y había pedido a las autoridades que resguardaran los datos antes de que desaparecieran.

Las investigaciones todavía no han esclarecido si los comentarios de Facebook y el atentado fueron impulsados por las mismas personas, pero su historia permite observar cómo las publicaciones en plataformas digitales pueden alimentar un ambiente hostil alrededor de una persona defensora del medio ambiente que ya enfrenta amenazas y conflictos en el territorio.

Al principio, Saracho subestimó el efecto de esos posts. Su percepción cambió cuando las acusaciones comenzaron a influir en la manera en que la comunidad lo miraba. “Cuando generan desprestigio a tu alrededor, la gente de tu alrededor la cree, y aunque tú seas inmune a ese veneno, ese veneno permea en la gente alrededor de ti”, contó en su momento.

La violencia comienza antes de que deje heridas visibles

En 2025, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó 135 eventos de agresión contra personas, comunidades y organizaciones defensoras en México. Dentro de esos episodios contabilizó 314 agresiones específicas, ya que un mismo caso puede incluir estigmatización, intimidación, vigilancia, amenazas, procesos judiciales y ataques físicos. La estigmatización fue la agresión más registrada y mostró un incremento pronunciado: pasó de 20 casos en 2024 a 90 en 2025.

La organización no ha logrado identificar un patrón uniforme en el que las agresiones en internet resulten en ataques físicos; sin embargo, en los últimos años, ha registrado un crecimiento sostenido de la violencia en plataformas digitales, donde circulan algunas de las primeras amenazas, descalificaciones y acusaciones falsas alrededor de personas defensoras.

Este contenido en línea ayuda a construir narrativas contra quienes defienden el territorio y puede sumarse a procesos de hostigamiento más amplios que, en ocasiones, escalan hacia la criminalización, las agresiones físicas o el asesinato.

“Muchos procesos de defensa donde hay agresiones empiezan por intimidación, difamación, amenaza y estigmatización, y van escalando en nivel de gravedad […]. Hay un un nivel grande de agresiones en estas plataformas. Para nosotros, como organización que documenta, es muy difícil mapearlas e identificarlas todas”, explica Felipe Romero, gerente de Derechos Humanos de CEMDA, en entrevista con WIRED en Español.

La estigmatización reduce una labor compleja a etiquetas que buscan deslegitimarla. CEMDA ha identificado que utilizan términos como “pseudoambientalistas” o personas “en contra del desarrollo”. A través de la difamación, muchas veces se busca atribuir hechos falsos a quienes realizan labores de defensa, por ejemplo, acusarlos de actuar contra el gobierno o de recibir financiamiento de determinados actores.

Romero ubica parte del origen de estas narrativas en el discurso político del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Esos adjetivos empezaron en una plataforma y en un ámbito muy del Ejecutivo federal. Después los fuimos encontrando replicados por autoridades estatales, municipales y actores empresariales”, señala.

CEMDA observa una especie de efecto de cascada: el Estado instala una forma de describir a las personas defensoras y otros actores la retoman hasta normalizar la idea de que cuestionar un proyecto equivale a oponerse al progreso. En casos particulares, la organización ha documentado colaboraciones entre autoridades, empresas y otros grupos para debilitar una labor de defensa.

Las plataformas digitales aceleran este proceso. Romero destaca que Facebook tiene un peso especial en los conflictos locales porque concentra grupos vecinales y comunitarios donde una publicación puede generar decenas de comentarios estigmatizantes, intimidatorios o amenazantes. CEMDA también ha localizado agresiones en X (antes Twitter), WhatsApp y páginas que adoptan la apariencia de medios informativos.

El problema se extiende más allá de México. Una encuesta de Global Witness publicada en 2025 mostró que el 92% de las personas defensoras participantes había sufrido alguna forma de abuso o acoso en línea. Facebook fue la plataforma mencionada con mayor frecuencia, seguida de X y WhatsApp. Entre quienes reportaron violencia digital, el 82% señaló al menos una plataforma propiedad de Meta.

El propio organismo reconoce que las personas defensoras de los derechos humanos suelen recurrir a las plataformas digitales para organizarse, compartir información y realizar campañas, pero en los últimos años, se han convertido en espacios donde reciben acoso cibernético (stalking), su información personal es divulgada sin su consentimiento (doxing) y son víctimas de ciberataques.

Fabricar a un “enemigo” antes de llevarlo ante un juez

En Yucatán, Sergio Oceransky recibió más de 149 publicaciones en su contra entre septiembre de 2023 y mayo de 2026, según documentó una investigación publicada por Mongabay y CLIP a inicios de junio. El director de la Fundación Yansa, que acompaña a comunidades mayas en la defensa de sus tierras y de la selva, fue presentado en Facebook, YouTube y sitios que imitaban el formato de noticias como manipulador, agente extranjero que engaña a la comunidad y parte de un supuesto plan para dividir México.

La campaña de desprestigio coincidió con procesos judiciales en su contra. En abril de 2026 fue acusado de extorsión en Jalisco y detenido durante unas horas; días después, un juez resolvió no vincularlo a proceso por falta de elementos. Los portales que ya lo habían desacreditado retomaron la detención para reforzar una narrativa que lo presentaba como alguien que obtenía beneficios personales de los conflictos ambientales.

Para Oceransky, responder a esas acusaciones ha implicado desgaste y tiempo que deja de destinarse a los procesos comunitarios. Su caso ayuda a entender el aumento de agresiones contra integrantes de organizaciones civiles registrado por CEMDA, pues los eventos pasaron de 21 en 2024 a 57 en 2025, un crecimiento de 171%.

Durante 2025, la asociación identificó una plataforma llamada «Contra Activistas Fifí» que publicaba textos contra agrupaciones ambientales, mientras defendía políticas y obras vinculadas con el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el fracking, la minería, la reforma energética y los hidrocarburos. La página carecía de información suficiente para conocer quién la administraba, por lo que CEMDA clasificó a sus responsables como desconocidos.

La dificultad de identificar a quienes agreden

Una publicación puede difundirse en plataformas digitales rápidamente, replicarse en sitios distintos y desencadenar decenas de comentarios.

Rastrear su origen requiere experiencia en seguridad digital y, aun con ella, atribuir una agresión a una persona concreta puede resultar complicado. El registro también se dificulta por la escala. CEMDA explica que un solo comentario podría constituir una agresión distinta, pero documentarlos todos implicaría vigilar permanentemente páginas y grupos comunitarios.

Además, muchos de esos intercambios ocurren en ámbitos locales a los que una organización no tiene acceso, mientras que otros se borran antes de que alguien guarde capturas, enlaces, fechas o nombres de usuario. Romero afirma que esta dificultad ayuda a explicar por qué el aumento documentado probablemente representa apenas una fracción de lo que ocurre en realidad.

La moderación de las plataformas tampoco ofrece una respuesta suficiente. Cerca de tres cuartas partes de las personas encuestadas por Global Witness dijeron haber denunciado los abusos, pero apenas 12% quedó satisfecha con la actuación de las empresas que administran las redes sociales. Casi dos terceras partes consideraron que características como la polarización algorítmica, la escasa moderación, el anonimato, la presencia de bots y la monetización ayudaban a agravar el hostigamiento.

En México, las propias organizaciones enfrentan una brecha de capacidades. “Se ha avanzado en mejorar, por ejemplo, la seguridad física de las organizaciones, de las comunidades, de los colectivos. También se ha atendido el tema psicosocial y cuestiones de acceso a la justicia, pero las agresiones digitales son todavía un tema complejo que no se está atendiendo del todo”, añade Romero.

Para las mujeres, el ataque alcanza otros ámbitos

En abril de 2025, fotografías de Miryam Vargas Teutle comenzaron a circular en páginas de Facebook acompañadas de mensajes que desacreditaban su trabajo. Vargas es periodista comunitaria de Cholollan Radio y defensora nahua de la tierra y el territorio en San Bernardino Tlaxcalancingo, Puebla.

Durante esos mismos días recibió mensajes intimidatorios por WhatsApp de personas identificadas como autoridades locales. Le exigían un supuesto “derecho de réplica” y advertían que quienes integraban la radio tendrían que pagar por utilizar la frecuencia o podrían perderla. La defensora también reportó la presencia continua de una patrulla estacionada frente a su casa. La organización defensora de la libertad de expresión y el acceso a la información Article 19 México documentó estos hechos como parte de un mismo contexto de intimidación y pidió investigar el origen del ciberacoso.

El informe de CEMDA registró un aumento en las agresiones contra mujeres defensoras del ambiente y el territorio: pasaron de 55 casos documentados en 2024 a 89 en 2025. Muchas enfrentan ataques por su trabajo y también por ser mujeres, una presión que puede aumentar si son indígenas, viven en condiciones económicas precarias o pertenecen a la diversidad sexual. En internet, el hostigamiento puede alcanzar además su vida personal y su entorno cercano. “También se agrede a familiares, a hijos, a mascotas”, explica Felipe Romero.

Para Romero, registrar cada publicación, amenaza o comentario intimidatorio permite entender mejor el nivel de riesgo. “Eso ayuda a identificar las vulnerabilidades y las posibilidades de sufrir ciertos tipos de agresiones», dice. «Si se trata de ataques digitales, también permite definir una estrategia para disminuir los riesgos”.

Pero documentar no basta. CEMDA plantea que las autoridades deben reaccionar desde las primeras señales, investigar las amenazas, evitar discursos que desacrediten a quienes defienden el territorio y garantizar que las agresiones digitales formen parte de las evaluaciones de riesgo y de las medidas de protección. El informe también recomienda sancionar la estigmatización y la difamación contra personas, colectivos y comunidades defensoras.

En San Francisco, Nayarit, muchos de los comentarios contra Erik Saracho desaparecieron cuando los perfiles fueron bloqueados. El ataque armado, en cambio, dejó una herida imposible de borrar. Su caso muestra por qué una amenaza o una campaña de desprestigio en internet debe incorporarse desde el inicio a las medidas de protección. Esperar a que la violencia trascienda la pantalla puede significar atenderla cuando el riesgo ya llegó demasiado lejos.

Nota original publicada en el portal de es.wired.com el 20 de julio de 2026: https://es.wired.com/articulos/de-redes-sociales-al-territorio-la-violencia-digital-contra-defensores-ambientales-en-mexico.

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