Confusión y pánico: la última embestida de Trump contra los migrantes empuja a los solicitantes de la ‘green card’ a abandonar el país

Confusión, incertidumbre y pánico. Es la consecuencia de la última ocurrencia de la Administración de Donald Trump para echar a los migrantes del país. El 22 de mayo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) lanzó un memorando por el que obliga a los solicitantes de la residencia permanente, la conocida como green card (tarjeta verde), a realizar el trámite desde fuera de Estados Unidos, lo que obligaría a cientos de miles de personas a abandonar el país. El anuncio ha caído como una bomba entre los abogados de inmigración y sus clientes que, desorientados ante la falta de información, no saben si se enfrentan a la detención si continúan los trámites en el proceso conocido como ajuste de estatus, que desde hace décadas concede la residencia permanente a más de medio millón de personas al año sin tener que salir del país.

“Volvemos a la intención original de la ley de asegurar que los extranjeros naveguen correctamente por el sistema de inmigración de nuestra nación. A partir de ahora, un extranjero que esté temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la tarjeta de residente permanente (green card), debe regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias extraordinarias”, anunció el portavoz de USCIS, Zach Kahler, el pasado 22 de mayo.

En el año fiscal 2024 (de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024) se concedieron más de 1,3 millones de green cards, de las que unas 780.000 fueron a través del ajuste de estatus, es decir, desde dentro de EE UU. La otra opción para conseguir la residencia permanente es hacerlo a través de un consulado, que es lo que ahora promueve el Gobierno.

“Fue una sorpresa para todos nosotros. El impacto que ha tenido ha sido titánico en comparación con cualquier otra cosa que hayamos visto por parte de esta Administración. Sin duda, la respuesta que he presenciado —tanto por parte de los clientes como de nuestros propios miembros— es algo sin precedentes en mis 30 años de experiencia”, declaraba esta semana Jeff Joseph, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. La organización improvisó un encuentro virtual el jueves pasado para atender las numerosas peticiones de medios, abogados y afectados, confundidos ante la vaga información que ofreció el USCIS.

Los propios profesionales admitieron que no hay claridad sobre quién estará obligado a salir del país para solicitar la green card, pero la mayoría de los expertos coincide en que los más afectados serán las personas que obtienen la residencia por medio de un familiar: están casadas con un ciudadano estadounidense, tienen padres que lo son o tienen un hijo adulto de esa nacionalidad. Ellos son también la mayoría de los solicitantes del ajuste de estatus. Beneficiarios de programas humanitarios, como el Estatus de Protección Temporal o DACA (Acción Diferida para los que llegaron en infancia), que ya han padecido el acoso del Gobierno estadounidense, también se cuentan entre los que estarán impactados por la nueva política. Además, se incluirían personas que cuentan con peticiones de empleo aprobadas, los ganadores de la visa de diversidad y los inmigrantes especiales —como los trabajadores religiosos—. Fuera quedan quienes obtuvieron la residencia como asilados y refugiados, aunque Trump ya ha cancelado estos programas casi en su totalidad.

El memorando que ha hecho saltar las alarmas establece que las solicitudes de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos deben considerarse un “remedio discrecional extraordinario” y un “acto de gracia administrativa”. La orientación sugiere que estas solicitudes pueden ser denegadas si el solicitante no logra demostrar, por otros medios, que merece un ejercicio favorable de la discrecionalidad.

Un día antes de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el USCIS, anunciara el cambio, los oficiales de inmigración ya sorprendieron a quienes acudían a sus entrevistas con preguntas que antes solo se destinaban a quienes habían tenido algún altercado anterior con las autoridades, como haber sido deportado. Cuatro son las cuestiones con las que intimidaban a los solicitantes: ¿Por qué solicitó el ajuste de estatus en lugar del procesamiento consular? ¿Existe algún factor que le impida realizar el procesamiento consular? ¿Aún conserva vínculos familiares en su país de origen? ¿Y por qué decidió no regresar a su país una vez que venció su periodo de estancia autorizado?

“Subyace la presunción de que se están haciendo las cosas de manera incorrecta si se permanece en el país más allá del tiempo permitido y, posteriormente, se solicita el ajuste de estatus”, sostiene Joseph. “Se ha tomado un estándar que habitualmente se reserva para los criminales más violentos y se ha trasladado como requisito de elegibilidad para el ajuste de estatus, de modo que ahora es necesario demostrar la existencia de circunstancias extraordinarias tan solo para poder acceder al proceso de solicitud de la tarjeta de residencia”, agrega. Quienes ya han pasado las entrevistas apuntan que ni los oficiales del USCIS saben cómo seguir las instrucciones.

La discrecionalidad es lo que mantiene en vilo a migrantes y abogados. La Administración defiende que el ajuste de estatus se estableció como medida excepcional, pero los expertos y la tradición de más de siete décadas lo rebaten. En 1952, el Congreso de EE UU aprobó el ajuste de estatus para evitar la carga, la demora y el riesgo de salir del país para tramitar la tarjeta de residencia por vía consular. Desde entonces, el Congreso ha ampliado reiteradamente, mediante ley estatutaria, el grupo de personas elegibles para el ajuste de estatus.

Si alguien que entró con una visa de turista o de estudiante, por ejemplo, se enamoró y se casó con un ciudadano estadounidense, podía permanecer en el país mientras solicitaba la residencia permanente o green card. La obligación de salir del país para hacerlo, como apunta el memorando, propiciaría la separación familiar por años o indefinida, en algunos casos. La Administración ha prohibido la entrada o la tramitación de visas de los ciudadanos de más de 90 países, por lo que para ellos el reingreso no es viable.

“Si a esas personas provenientes de esos países —como Cuba, Venezuela, Afganistán e Irán— se les dice que deben acudir al consulado de su país de origen para obtener una visa, no pueden hacerlo, no existe forma de llevar a cabo el procesamiento consular. Por lo tanto, su única oportunidad sería obtener la tarjeta de residencia estando dentro de Estados Unidos y ahora, al parecer, esa puerta también se está cerrando”, explica Julia Gelatt, directora asociada del Programa de Estados Unidos en el Migration Policy Institute (MPI).

“Más preguntas que respuestas”

Desde que el memorando se hizo público, a Wendy Rodríguez, abogada de inmigración de Texas, le han llovido las preguntas de sus clientes. Como todos los de su gremio, intenta descifrar el significado de las nuevas normas. “Hay más preguntas que respuestas”, admite.

Rodríguez ha enviado un escrito a todos sus clientes explicándoles los nuevos riesgos si solicitan el ajuste de estatus. Les dice que si acuden a la entrevista en el USCIS, preparen documentación que muestre que son personas de bien: si participan en actividades cívicas, si van a la iglesia, si trabajan, lo indispensables que son en su familia…

Sus clientes le trasladan el miedo de tener que salir del país. “Son muchos miedos: está el miedo a no poder regresar; el miedo a que en el momento de salir se cometan violaciones migratorias que requieran un perdón que estando dentro de Estados Unidos no es necesario; el miedo del cambio de leyes, y la inseguridad en general de sus países. El factor número uno es el hecho de que no hay un tiempo fijo en el que va a concluir el proceso y eso significa que vas a estar lejos de tu familia varios años”, apunta por teléfono. Los trámites que se realizan a través de consulados son más lentos, pueden demorar más años y, además, no se pueden recurrir.

Rodríguez cree que el memorando no se va a aplicar. “La Administración está dando instrucciones que van en contra de la ley, de lo que ya el Congreso votó y acordó, por eso no creo que lo vamos a ver implementado. Si no se entregó ya una demanda, están por entregarla”, confía. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración está recopilando casos de personas afectadas para recurrir el memorando. Afirman que tarda un tiempo juntar los casos y argumentos para ello, pero aseguran que ya se han puesto en marcha para llevar el caso a los tribunales.

Una de las grandes incógnitas es si el memorando afectará a las personas que ingresaron en Estados Unidos con una visa temporal de trabajo H-1B, para profesionales especializados, que forman parte de los 1,2 millones de migrantes con solicitudes de tarjeta de residencia pendientes. Desde el Instituto Cato afirman que este grupo también deberá autodeportarse para continuar los trámites.

En respuesta a las preguntas enviadas por EL PAÍS, el DHS respondió por correo electrónico que “esta política no tendrá un impacto perceptible en los solicitantes altamente cualificados ni en los profesionales cualificados que han cumplido con la ley. Estos extranjeros benefician al interés nacional, aportan beneficios económicos a los Estados Unidos y seguirán mereciendo el ejercicio favorable de la discrecionalidad”. El departamento confirmó el deseo de la Administración de expulsar del país a los migrantes con menos recursos: “El presidente continúa priorizando una inmigración que fortalece a Estados Unidos en los ámbitos cultural, social y financiero, al tiempo que previene la migración masiva proveniente del Tercer Mundo, la cual perjudica a nuestro país y a los estadounidenses”.

Las nuevas normas están encaminadas a ampliar el número de personas que pueden deportarse, ya que, a pesar de las operaciones masivas de detención, aún no se cumple el objetivo del presidente de expulsar a un millón de personas por año. Las numerosas trabas que la Administración ha impuesto a los extranjeros plantean la conveniencia de querer continuar en el país.

“Algunas personas con un alto nivel educativo, que desempeñan trabajos profesionales y contribuyen activamente a la sociedad y a la economía de Estados Unidos, podrían llegar a pensar: ‘Este es un obstáculo más que pone en riesgo mi capacidad para permanecer aquí legalmente’. Podrían cuestionarse si realmente vale la pena luchar por quedarse”, opina Gelatt. “Tal vez ese sea precisamente uno de los objetivos subyacentes: alterar la forma en que la gente sopesa los beneficios frente a los riesgos, hasta el punto de que lleguen a la conclusión de que les resultaría más sencillo desarrollar su carrera profesional en cualquier otro lugar que no sea Estados Unidos”.

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