– Autor, Servicio turco de BBC News
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Disparos en las calles, tanques en movimiento, aviones sobrevolando a baja altura los edificios gubernamentales, el Parlamento bajo ataque: todo transmitido en directo por televisión.
Incluso para Turquía, un país que había sufrido tres golpes de Estado y dos intervenciones militares más, la noche del 15 de julio de 2016 no tuvo precedentes.
Nunca antes el Parlamento turco había sido atacado, ni el puente del Bósforo en Estambul —ahora llamado oficialmente Puente de los Mártires del 15 de Julio— había presenciado tal derramamiento de sangre cuando los civiles respondieron al llamado del presidente Recep Tayyip Erdogan para resistir a los golpistas.
En una intervención en directo a través de una aplicación móvil desde un lugar desconocido, Erdogan instó a sus seguidores a salir a las calles esa noche. Las mezquitas de todo el país amplificaron su mensaje mediante altavoces.
Por la mañana, el intento de golpe de Estado había sido derrotado. Un total de 253 personas murieron, entre ellas 184 civiles, mientras que 34 presuntos conspiradores también perdieron la vida.
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El intento de golpe de Estado duró apenas unas horas, pero sus consecuencias han transformado la política turca durante la última década, alterando el equilibrio de poder interno y redefiniendo las relaciones del país con el exterior.
El gobierno de Erdogan culpó a la red del clérigo islamista Fethullah Gulen, radicado en Estados Unidos, de orquestar el intento de golpe de Estado. Hasta su muerte, ocurrida en 2024, Gulen negó haber tenido alguna implicación en estos hechos.
El estado de emergencia fue declarado días después del complot y se mantuvo vigente hasta 2018, siendo prorrogado siete veces.
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Durante ese período, las autoridades llevaron a cabo una de las mayores purgas de la historia moderna de Turquía. El gobierno afirmó que estas medidas eran necesarias para desmantelar la red de Gulen.
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El movimiento religioso de Gulen, que en su día fue un estrecho aliado del presidente Erdogan, había ocupado puestos influyentes en todo el Estado y la burocracia turca durante décadas.
Tras el intento de golpe de Estado, decenas de miles de militares —entre ellos altos mandos y generales—, jueces, fiscales, policías, académicos y funcionarios públicos fueron arrestados, destituidos o suspendidos de sus cargos.
Cientos de escuelas privadas e instituciones educativas presuntamente afiliadas a la red de Gulen fueron clausuradas, junto con varias universidades.
Los críticos argumentan que la represión se extendió mucho más allá de los presuntos golpistas y partidarios del movimiento Gulen, y que tuvo como objetivo un espectro más amplio de disidencia.
Figuras de la oposición afirman que, tras las purgas, otras comunidades religiosas ganaron influencia dentro de las instituciones estatales. Los funcionarios del gobierno rechazan esas acusaciones.
Podría decirse que la consecuencia política más significativa del intento de golpe de Estado fue la consolidación del poder del presidente Erdogan.
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En 2017, los votantes aprobaron por un estrecho margen cambios constitucionales que sustituyeron el sistema parlamentario por una presidencia ejecutiva con amplios poderes. Los cambios entraron en vigor al año siguiente, cuando se abolió el cargo de primer ministro y se ampliaron las atribuciones presidenciales.
Sus defensores afirman que el nuevo sistema proporcionó estabilidad política, una toma de decisiones más rápida y una gobernanza más eficaz.
Sin embargo, los críticos argumentan que concentró demasiado poder en la presidencia y, en particular, en torno a una sola persona.
El centro de estudios Freedom House, con sede en Estados Unidos, sostiene que la capacidad de los legisladores para influir en las políticas públicas se ha visto significativamente debilitada bajo el sistema presidencial.
«[Erdogan] actúa con frecuencia contra los ministerios y los organismos públicos independientes que desafían sus deseos», afirma la organización en su informe más reciente sobre Turquía.
Dogan Cetinkaya, profesor asociado de la Universidad de Estambul, comparte esa valoración.
El sistema presidencial se caracteriza por la «arbitrariedad y una estructura institucional ambigua», argumenta.
El gobierno turco llevaba años recibiendo críticas por cuestiones de derechos humanos y libertades civiles, pero la preocupación se intensificó tras el intento de golpe de Estado y las purgas que lo siguieron.
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Mientras miles de jueces y fiscales acusados de tener vínculos con el movimiento de Gulen eran destituidos de sus cargos, las organizaciones de derechos humanos y las instituciones europeas expresaron su preocupación por la independencia judicial.
«Tras el 15 de julio, las instituciones del sistema político y administrativo de Turquía fueron desmanteladas y perdieron su autonomía», afirma el profesor Cetinkaya.
«El Poder Judicial y el Legislativo dejaron de funcionar como centros de poder significativos».
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Desde entonces, organizar manifestaciones públicas se ha vuelto cada vez más difícil, ya que las autoridades imponen con frecuencia restricciones a las reuniones y despliegan fuertes medidas de seguridad.
La libertad de prensa también se ha deteriorado debido a la creciente influencia del gobierno sobre la propiedad de los medios de comunicación y al enjuiciamiento de periodistas destacados. Turquía ocupa actualmente el puesto 163 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras.
La libertad de expresión sigue siendo un tema controvertido. Recientemente, un popular comediante fue arrestado por insultar al presidente, sumándose a la larga lista de periodistas, políticos y figuras públicas que enfrentan investigaciones.
«Turquía se ha vuelto cada vez más autoritaria en la última década, consolidando su poder a través de cambios constitucionales y el encarcelamiento de opositores políticos, periodistas independientes y miembros de la sociedad civil», argumenta Freedom House.
En marzo de 2025, el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, considerado por muchos como el rival potencial más formidable de Erdogan en unas futuras elecciones presidenciales, fue arrestado junto con decenas de funcionarios municipales por cargos relacionados con corrupción, los cuales niegan. Su juicio continúa.
En mayo de 2026, una orden judicial interfirió de hecho en el liderazgo de su partido, el principal de la oposición, el CHP, y sustituyó a su líder por un predecesor, en una medida que la oposición calificó de «golpe judicial».
Sin embargo, el gobierno rechaza las acusaciones de retroceso democrático. Argumenta que los cambios introducidos tras el intento de golpe de Estado y las purgas posteriores fortalecieron la estabilidad política, la seguridad nacional y las instituciones democráticas al eliminar a individuos vinculados a organizaciones que considera una amenaza para el Estado.
«Considero que el sistema actual es una respuesta desarrollada por el Estado para superar la amenaza existencial expuesta por el intento de golpe de Estado», afirma Nuri Salik, profesor asociado de la Universidad Yıldırım Beyazıt.
«En lugar de verlo únicamente como un paso hacia el autoritarismo, lo considero una extensión del instinto de autopreservación del Estado».
Durante décadas, el ejército turco se consideró a sí mismo como el guardián de la república laica fundada por Mustafa Kemal Atatürk y, en repetidas ocasiones, intervino en la política durante períodos de agitación política.
Tras el intento de golpe de Estado de 2016, una serie de reformas estructurales pusieron a las Fuerzas Armadas firmemente bajo control civil.
Se introdujeron nuevas estructuras de reclutamiento y mando, se reorganizaron o cerraron academias militares y hospitales, y se empezó a reubicar a las unidades militares fuera de los centros urbanos.
Muchos analistas creen que estos cambios han puesto fin, de hecho, a la era de la intervención militar en la política turca.
«El ejército siempre ha existido como un mecanismo de tutela sobre la política», afirma el profesor Salik.
«En la historia moderna de Turquía, [el 15 de julio] el pueblo se resistió activamente a una intervención militar por primera vez. En ese sentido, marcó un punto de inflexión importante», señala.
Salik cree que los militares han perdido por completo su capacidad para influir en la política turca.
«Este es el cambio más significativo», afirma.
La política exterior de Turquía también sufrió cambios importantes tras el intento de golpe de Estado.
En los meses y años que siguieron, Ankara lanzó tres importantes operaciones militares transfronterizas en el norte de Siria, dirigidas tanto contra el grupo Estado Islámico como contra las Unidades de Protección Popular (YPG).
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Turquía considera que las YPG están afiliadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), catalogado como organización terrorista por el gobierno turco, Estados Unidos y la Unión Europea. En los últimos años han surgido esfuerzos para reactivar un proceso de paz con el PKK, aunque el progreso sigue siendo incierto.
Salik sostiene que el intento de golpe de Estado reforzó un enfoque centrado en la seguridad dentro del Estado turco.
«La protección del Estado se convirtió en la prioridad absoluta», afirma.
Turquía también ha adoptado una política exterior más diversificada, fortaleciendo sus lazos con Rusia a pesar de seguir siendo un miembro clave de la OTAN. La compra del sistema de defensa aérea ruso S-400 provocó una importante ruptura con Washington, lo que derivó en sanciones estadounidenses y la exclusión de Turquía del programa del avión de combate F-35.
Sin embargo, la semana pasada el presidente estadounidense Donald Trump dijo que levantaría las sanciones e indicó su disposición a reconsiderar la cuestión de la venta de los F-35, aunque es probable que cualquier medida de este tipo enfrente una importante oposición en el Congreso.
Nota original publicada en el portal de bbc.com el 15 de julio de 2026: https://www.bbc.com/mundo/articles/cn4dk580358o?at_medium=RSS&at_campaign=rss.
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