Alcaldes de Morena rechazan centralizar contratos sin aval de cabildos

Pachuca. — Ante el rechazo que ha generado la reforma constitucional impulsada por Morena para otorgar mayores facultades a los presidentes municipales en la celebración de contratos y convenios sin autorización previa del Cabildo, el dirigente estatal del partido, en Hidalgo, Marco Antonio Rico Mercado, reconoció que podría recurrirse a un plan B si la propuesta no obtiene el respaldo necesario.

En este caso al menos una decena de municipios gobernados por Morena ha rechazado la modificación al artículo 141 de la Constitución de Hidalgo.

La iniciativa fue promovida en el Congreso local por el legislador morenista Miguel Ángel Moreno Zamora y aprobada el pasado 6 de octubre. Con esta modificación se pretende eliminar el requisito de autorización previa del Ayuntamiento para determinados contratos y convenios celebrados por los alcaldes.

Para completar el procedimiento de reforma constitucional se requiere el respaldo de al menos 43 de los 84 ayuntamientos. Sin embargo, la propuesta enfrenta resistencia, ya que a la fecha, al menos 19 municipios habían votado en contra y 16 a favor, por lo que todavía no se alcanzaba la mayoría necesaria para su ratificación.

La oposición también se ha manifestado entre legisladores de Morena, como Tania Meza Escorza, quien votó en contra de la iniciativa. Ante este escenario, Rico Mercado aseguró que la dirigencia estatal no dará instrucciones para modificar el sentido de las votaciones ni promoverá sanciones partidistas contra quienes se opongan.

No obstante, defendió la reforma al considerar que busca evitar que los contratos municipales queden sujetos a presiones políticas, negociaciones entre regidores o desacuerdos que retrasen el ejercicio presupuestal.

El dirigente morenista admitió que existe la posibilidad de que la reforma no prospere, por lo que consideró necesario analizar una alternativa. Asimismo, sostuvo que la modificación no eliminaría los mecanismos de vigilancia sobre los recursos públicos, pues los órganos de fiscalización y control conservarían sus atribuciones, mientras que los regidores mantendrían facultades para aprobar y modificar el presupuesto, revisar las cuentas públicas y presentar observaciones ante las instancias correspondientes.

Aunque reconoció la necesidad de contar con un plan B, Rico Mercado precisó que todavía no existe una propuesta alterna definida. Señaló que primero esperarán las resoluciones de los ayuntamientos y, posteriormente, analizarán las acciones que podrían impulsarse para modificar las disposiciones relacionadas con las contrataciones municipales.