Víctimas de violencia vicaria acusan a fiscalía y jueces de la CDMX de proteger a agresores

Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada
Domingo 3 de mayo de 2026, p. 9

“Me robaron el derecho a ser madre de mis hijos”, dice Paola Domínguez Ramos, una de las decenas de mujeres afectadas por el Poder Judicial y la fiscalía de la Ciudad de México, a quienes, con argucias legales y corrupción, las despojan de la patria potestad y se les niega el derecho a ver y convivir con sus niños.

Bajo el expediente 1051/2017 en el juzgado 8 de lo familiar, Paola lleva seis años sin ver a sus dos hijos. Su ex marido, Omar Guadarrama Gutiérrez, obtuvo de manera sospechosa la guarda y custodia, y en 2020 aprovechó la pandemia de covid para negarse a que se le permitiera convivir con los niños.

Desde entonces, a pesar de la ilegalidad, ninguna autoridad judicial ha procurado justicia ni ha defendido el cacareado interés superior de los menores y su derecho a convivir con su madre. Al contrario, han perdido los expedientes o simplemente han aplicado tortuguismo para atender las peticiones legales de la madre.

“Pareciera que los juzgados de la Ciudad de México son atendidos por los abogados de los agresores y de mi contraparte. Somos muchas sufriendo violencia institucional y a nadie parece importarle, ni siquiera al presidente del tribunal, Rafael Guerra Álvarez, quien a pesar de las quejas no hace nada”, dice Paola en entrevista con La Jornada.

No es la única que se ha quejado ante las autoridades. Así están decenas de mujeres, como Marsha Marion Martínez Guajardo, Carla Pérez Abedrop o Elena Lozanova, entre otras, quienes han denunciado por mala praxis a jueces como Juan Miguel Morales Monter, ahora magistrado; Araceli Cortés Eslava; Tania Cabezas San Román, Elisa Acevedo Solís; Sofía Regalado Espinosa; la magistrada Rebeca Florentina Pujol Rosas, y el magistrado Ricardo Oropeza Bueno, así como a la secretaria actuaria Ana Lilia Hernández Baños.

También se quejan de la fiscal coordinadora de género, Gema Guadalupe Chávez Durán, o del fiscal de delitos cometidos en agravio de niñas, niños y adolescentes, Fabián García García.

Abogados y autoridades en contubernio

El expediente de Paola consta de cuatro mil hojas y su proceso ha pasado por ocho jueces. Cuenta que todo empezó al solicitar el divorcio y el pago de pensión para sus hijos, Emiliano y Mateo, de 11 y 17 años, respectivamente.

En ese momento, su ex esposo le dijo: “No te voy a dar nada, hazle como puedas”. Dice que él hizo efectiva la amenaza y la dejó con “una mano adelante y otra atrás” y le quitó los niños “a la mala”.

“Al principio yo no sabía los términos ni los detalles de este tipo de procesos. Como muchas de nosotras, no tenía ni la menor idea. Confié en el abogado que tenía, pero en realidad me estaba viendo la cara. Me traicionó porque el juez decidió quitarme la custodia sin razón alguna. El abogado de mi ex era muy amigo de la mano derecha del juez y mi abogada estudió con el defensor de mi ex cónyuge. Entonces perdí la custodia porque ella se vendió; así, ellos lograron que mi proceso estuviera hecho con las patas.”

Agrega que finalmente la hicieron firmar un convenio en el que omitieron establecer las reglas claras de la convivencia, lo que permitió que su ex marido impidiera de manera reiterada que viera a los menores. “No hicieron bien las cosas; no establecieron los días de convivencia ni vacaciones, cumpleaños o Navidad”.

Asegura que nunca le explicaron por qué le quitaron la custodia: “Yo no sabía que podía meter un amparo o una apelación porque mi abogada me decía que tenía que poner buena voluntad frente a todo lo que el juez hacía”.

Finalmente, el acuerdo firmado no especificaba los días que ella conviviría con sus hijos. “Cuando le reclamé al secretario me dijo: ‘como si no supiera señora: son cada 15 días, y así tiene que ser’, y mi ex marido alegó: ‘si no está en el papel, yo no voy a permitir las convivencias de mis hijos con su mamá’. Seis años después, nadie lo ha obligado ni le ha retirado la patria potestad por violar la ley constantemente”.

Añade: “Solicité mil veces la modificación del convenio porque no era justo que me quitaran a mis hijos y que además no me permitieran convivir bien con ellos. Nunca hicieron el cambio. Dijeron que tenía solamente dos visitas a la semana, los lunes y miércoles que pasara por ellos a la escuela y tenía que entregarlos a las 7 de la noche, bañados y cenados, en la casa de su papá. En realidad convivía media hora con mis hijos porque tenían sus actividades, pero desde el 19 de marzo de 2020 su papá ya no permitió nada más y no he vuelto a verlos”.

El caso de violencia vicaria contra Marsha Marion Martínez Guajardo, de 45 años, entrenadora de acondicionamiento físico, exhibe la corrupción y desatención del estamento judicial para defender el bien superior del menor y proteger a las mujeres de sus agresores.

Marsha Marion residió unos años en California, Estados Unidos. Cuando llegó a vivir a México solicitó el divorcio, en diciembre de 2018. Su ex marido, Rafael Gerardo Olvera Serrano, está fichado por las autoridades estadunidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Pese a que él cuenta con tres sentencias en su contra por violencia familiar, el 7 de noviembre de 2019 las autoridades judiciales le quitaron a Marsha la patria potestad de sus hijos, una niña de seis y un niño de cuatro.

“Mi ex marido me inventó una carpeta con 23 acusaciones de abuso infantil contra mis hijos. En tres semanas se llevó a cabo una audiencia inconstitucional donde me impusieron medidas de protección para estar lejos de mis niños, y a continuación él solicitó cambio de guarda y custodia”.

La más grande obsesión de su agresor, afirma, es “matar a su ex esposa. Se ponía muy violento y me amenazaba. El abuso se incrementó hasta lo inimaginable. Ahí están tres sentencias contra él por violencia familiar para comprobar el tipo de agresor que es, y a pesar de todo eso me quitan a los niños”.

Luego de tres amparos, agrega, le regresaron a sus hijos, en marzo del año pasado, “después de obligarlos a convivir con su agresor, tenerlos con terceros emergentes y vivir con amenazas de su agresor. Es asqueroso el sistema judicial. En el juzgado estaban muy a favor de mi ex pareja, aceptando que yo era una agresora”.

Recuerda que hasta que cambiaron al juez Morales Monter le regresaron a sus hijos, y pese a que su ex pareja tenía medidas de protección para impedir el contacto con los niños, “logró que el juez me investigara y que una magistrada dijera que no tengo las facultades óptimas para criar a mis hijos, inventándome trastornos siquiátricos que el propio instituto de siquiatría desmintió”.

La anterior fue la estrategia para mantenerla alejada de sus hijos y que en el propio juzgado intentaron obligarla a reconciliarse con su ex cónyuge. “Fue su manera de doblarme para intentar la reconciliación. Me decían que yo era conflictiva y que ‘no era para tanto’ la violencia que viví. Yo les decía: ‘me tienen al lado del señor que me viola, ¿y quieren que le agarre la mano?’ ‘¿Qué está pasando?’, le preguntaba a la magistrada Rebeca Florentina Pujol Rosas”.

La batalla legal ha continuado hasta hoy. “No voy a descansar hasta verte muerta”, le repetía Olvera Serrano. “Mi vida sigue corriendo peligro, pero a las autoridades eso no les importa. Él pertenece a la delincuencia organizada; ahí están los reportes de la DEA (Oficina para el Control de Drogas estadunidense)”.

Marsha Marion recuerda que bajo la gestión del ex fiscal Ricardo Guzmán Cruz durante dos meses le escondieron una carpeta en la que estaba denunciada por su ex marido. “Fue con presión que por fin me dejaron verla. Mi hija afirmaba que su papá le decía que declarara que yo le pegaba a su hermano, pero eso no era cierto. Con esa estúpida denuncia me quitaron a mis hijos durante seis años”.

A su vez, Paola Domínguez Ramos lamenta que a tantas mujeres les quiten a sus hijos con argucias y por la corrupción que impera en el Poder Judicial de la Ciudad de México. “La jueza vio la alienación parental que tienen mis hijos y no tuvo los pantalones para quitarle los niños a su padre agresor”.

Asegura que su hijo Mateo ya está “totalmente alienado” por su padre. “Siento que ya lo perdí por culpa del gobierno y de su papá. Es como si nadie leyera mi expediente. Mis hijos están secuestrados y el Poder Judicial no hace nada. No es posible tanto valemadrismo y desinterés. Estamos hablando de menores; no de mí, que tengo un daño muy fuerte sustentado por sicólogos. No tienen los pantalones para quitar al agresor de mis hijos”.

Sin pensión para los hijos

El caso de Carla Pérez Abedrop, sobreviviente de cáncer de mama, también exhibe la corrupción y desatención del Poder Judicial. Estuvo casada con el español Álvaro Moya Corral durante tres años, y cuando ella le pidió el divorcio, él le advirtió: “Te voy a quitar todo, incluidos los niños”.

Relata que ha sufrido violencia sicológica, económica y vicaria; igual que a otras mujeres, su ex esposo la llenó de demandas. Por su enfermedad, decidió cambiar de residencia y se fue a vivir a la Ciudad de México donde llevó parte de los procesos judiciales.

“Me quedé un año con mis hijos y aproveché para meter la demanda de divorcio en 2023. En ese momento él se me vino como demonio; a continuación cerró la llave económica y se negó a dar pensión.”

Carla recuerda que vivió violencia institucional porque tanto agentes del Ministerio Público como jueces “se vendieron; viví una situación 20 mil veces peor que como estaba. A base de corrupción de las autoridades, me quitó la casa, la camioneta; nos quitó todo, y lo peor es que me quitó a mis hijos durante 13 meses”.