La justicia de Venezuela anunció el viernes por la noche la liberación de 379 presos políticos, un día después de la aprobación de una histórica ley de amnistía. Esta información fue compartida por un parlamentario que supervisa el proceso impulsado por el gobierno interino tras la caída de Nicolás Maduro. En un discurso transmitido por la televisión estatal, la presidenta encargada Delcy Rodríguez defendió que esta ley representa un avance hacia «una Venezuela más democrática, más justa y más libre».
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El diputado Jorge Arreaza, quien lidera la comisión legislativa encargada de redactar la ley, anunció en una entrevista que los 379 amnistiados «deben ser excarcelados entre la noche de hoy y la mañana de mañana (sábado)». Aunque el gobierno de Rodríguez ya había otorgado libertad condicional a 448 opositores tras la captura de Maduro en enero, aún quedaban cerca de 650 presos políticos en prisión antes de esta nueva liberación, según la ONG Foro Penal.
Dudas sobre el verdadero alcance de esta ley
Sin embargo, expertos han expresado escepticismo sobre el verdadero impacto de esta ley, impulsada por Rodríguez y aprobada por consenso en el Parlamento. Algunos detenidos, como militares implicados en actividades «terroristas», podrían no beneficiarse de la amnistía.
Hiowanka Ávila, de 39 años, expresó su preocupación a la AFP, señalando que «muchos somos conscientes de que la ley de amnistía no protege a nuestros familiares». Su hermano, Henryberth Rivas, fue arrestado en 2018 por su supuesta participación en un intento de magnicidio contra Maduro.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, calificó la ley como una «señal de madurez y fortaleza política», subrayando su importancia para la estabilidad del país. La Fuerza Armada, que apoya la Revolución Bolivariana, ha jurado lealtad a Rodríguez, quien asumió funciones interinas tras el derrocamiento de Maduro.
Rodríguez describió la promulgación de la ley como un «acto de grandeza», enfatizando la importancia de saber pedir y recibir perdón.
«Hechos, no palabras»
Narwin Gil, familiar de un preso en la Policía Nacional de Caracas, expresó su frustración: «Necesitamos hechos, no palabras». Ella había estado en huelga de hambre junto a otras mujeres desde el 14 de febrero, que finalizó con la aprobación de la amnistía. Gil fue la última en cesar la protesta, esperando que se cumplan las promesas de liberación.
Familiares de los presos han estado esperando fuera de las prisiones desde el 8 de enero, cuando se anunció un proceso de excarcelaciones que avanza lentamente. Alfredo Romero, director de Foro Penal, advirtió que «la amnistía no es automática» y criticó el proceso de solicitud ante los tribunalesTomado de https://www.rfi.fr/
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