Unión Internacional de Magistrados expulsa a la Conatrib por respaldar la reforma judicial | Grupo Animal

La Unión Internacional de Magistrados (UIM) aprobó la expulsión de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), la organización que representaba a las personas juzgadoras del país, tras su respaldo a la controvertida reforma judicial en México impulsada en 2024.

La resolución se tomó este sábado 17 de octubre, durante la reunión anual número 68 de la organización, en la que el Consejo Central de la UIM, órgano máximo de la organización mundial de personas juzgadoras, concluyó que la agrupación mexicana incumplió las reglas de independencia y neutralidad política que se exigen a sus miembros.

La decisión se concretó mediante una votación secreta en la que participaron 70 delegaciones internacionales. El resultado registró 53 votos a favor de la expulsión, 13 en contra y 4 abstenciones. Dado que los estatutos de la UIM establecen que las abstenciones no se contabilizan y que se requiere una mayoría de dos tercios para aprobar una exclusión, la medida alcanzó cerca del 80 % de los apoyos válidos (53 de 66 votos).

El proceso de expulsión se derivó del pronunciamiento oficial que la Conatrib emitió el 28 de junio de 2024, en el cual respaldó la reforma constitucional al Poder Judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, por la que fueron destituidos de sus cargos jueces, magistrados y ministros.

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Dicha modificación introdujo la elección de personas juzgadoras mediante el voto popular. En su comunicado, la Conatrib apoyó la elección ciudadana y solicitó que su aplicación fuera gradual, permitiera la participación de jueces en funciones y respetara la independencia judicial.

Tras abrirse un procedimiento de revisión, la Conatrib entregó un informe el 30 de junio de 2025 en el que argumentó que la reforma derivó del ejercicio de la soberanía popular, que la asociación es apolítica y que su diálogo con los poderes Ejecutivo y Legislativo logró que la aplicación fuera gradual.

Sin embargo, dos relatores designados por la UIM (representantes de España y Argentina) concluyeron que la respuesta no resolvió la falta central, señalando que al respaldar la elección popular de jueces se avaló un mecanismo contrario a la independencia y la apoliticidad exigidas, por lo que recomendaron someter la exclusión a votación.

Durante la discusión previa a la votación, representantes de asociaciones judiciales de Francia, Argentina, Chile y Costa Rica preguntaron a la delegación mexicana qué medidas adoptó para defender la autonomía de la judicatura.

En su intervención, el magistrado argentino Marcelo Gallo Tagle, expresidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), cuestionó la postura de la Conatrib e indicó que “la defensa de la independencia judicial no admite negociaciones: o se la defiende o no se la defiende”.

El representante afirmó que la organización mexicana debió rechazar la destitución de juzgadores en lugar de emitir un documento que “acompañaba” la modificación constitucional para presentarlo como una negociación. Añadió que “no hay posibilidades intermedias” y sostuvo que “la Conatrib no salió en defensa del Poder Judicial”.

En su defensa, el presidente de la Conatrib, Rafael Guerra Álvarez, sostuvo que la reforma no surgió por la actuación de los jueces locales ni por una postura del Ejecutivo contra la judicatura, sino por un conflicto de presupuesto atribuido a jueces federales.

Asimismo, afirmó que el impacto en los tribunales de los estados era limitado y declaró que solo contaba con datos sobre jueces federales cesados.

Ante dicha afirmación, la jueza costarricense Adriana Orocú, presidenta del Grupo Iberoamericano de la UIM, presentó cifras atribuidas al Instituto Nacional Electoral (INE) de México.

Los datos contabilizaron dos mil 681 personas juzgadoras destituidas en total: 386 jueces federales, 464 magistrados federales de circuito, 31 personas en otros cargos judiciales federales (incluyendo integrantes de la Suprema Corte) y mil 800 jueces, magistrados y titulares de cargos judiciales locales distribuidos en 19 estados.

Así, con los 53 votos a favor emitidos por el Consejo Central, la UIM aprobó la salida definitiva de la Conatrib. Esta resolución vuelve a colocar el proceso de reforma judicial en México bajo la observación de organismos internacionales.

De forma paralela, el Estado mexicano mantiene pendiente la respuesta a las peticiones presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por personas juzgadoras que señalaron violaciones a la independencia judicial a causa de la reforma, habiendo transcurrido el plazo concedido para presentar observaciones.

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La UIM es una organización internacional fundada en 1953 que reúne a asociaciones nacionales de jueces y no a gobiernos ni a tribunales.

Su objetivo principal es proteger la independencia judicial, entendida como la autonomía que tienen las personas juzgadoras para tomar decisiones con base en la ley sin presiones o interferencias de otros poderes de gobierno, como garantía para los derechos humanos.

Por su parte, la Conatrib es la asociación que agrupa a las personas titulares de los 32 Poderes Judiciales de los estados y la Ciudad de México.

En la asamblea, la representación de la Conatrib estuvo a cargo de su presidente, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, titular del Poder Judicial de la Ciudad de México, junto con la magistrada María Belinda Aguilar Díaz (Puebla) y el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén (Chiapas).

Para mantener la membresía en la UIM, el artículo 4.2 de sus estatutos exige que las asociaciones sean apolíticas —es decir, ajenas a intereses partidistas o gubernamentales— e independientes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Asimismo, el artículo 4.3 señala que deben promover la autonomía judicial en sus países. El artículo 5.1 faculta al Consejo Central a retirar la membresía si se incumplen estas condiciones.