Por: expresion-sonora.com
MÉXICO GANA ARBITRAJE INTERNACIONAL POR 219 MILLONES DE DÓLARES VINCULADO A LA DEUDA DE TV AZTECA
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, organismo adscrito al Banco Mundial, emitió un fallo definitivo a favor del Estado mexicano en el arbitraje promovido por los fondos de inversión estadounidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management. La resolución, difundida por la Secretaría de Economía, desestimó en su totalidad la pretensión de las firmas extranjeras, que exigían una indemnización superior a los 219 millones de dólares al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El tribunal arbitral determinó que ni Cyrus ni Contrarian reunían las condiciones normativas requeridas para ser considerados inversionistas conforme a los estipulados del TLCAN. Al constatar la falta de jurisdicción para pronunciarse sobre el fondo del asunto, el organismo no solo desechó el caso, sino que ordenó a las empresas demandantes resarcir al gobierno mexicano por los gastos y costos generados durante el procedimiento legal.
El diferendo tiene sus antecedentes en 2017, fecha en que TV Azteca emitió bonos de deuda que posteriormente dejó de saldar. La controversia escaló en 2022 cuando el juzgado sexagésimo tercero de lo civil de la Ciudad de México, encabezado por el juez Miguel Ángel Robles Villegas, otorgó a la televisora una medida cautelar que paralizó sus obligaciones de pago, bajo el argumento de que la pandemia de covid-19 configuraba un evento de fuerza mayor. Dicho criterio se mantuvo vigente de manera excepcional hasta que un tribunal colegiado en materia civil lo revocó hacia finales de 2025.
Ante el congelamiento de sus cobros, los fondos neoyorquinos acudieron a la instancia internacional alegando que la actuación del Poder Judicial capitalino constituía una denegación de justicia y una afectación directa a sus activos. En sus alegatos, las firmas inversionistas calificaron de insólito que los tribunales locales brindaran cobertura legal a los negocios de Ricardo Salinas Pliego, mientras el empresario sostenía de forma paralela litigios multimillonarios con el Servicio de Administración Tributaria por créditos fiscales omitidos.
Si bien el laudo arbitral exime a las arcas públicas de un impacto financiero considerable, el caso vuelve a poner bajo el reflector el historial de diferendos legales del conglomerado empresarial. Durante casi dos decenios, las difericiones e impugnaciones sistemáticas para evitar el pago de impuestos han privado al erario de recursos indispensables para el desarrollo social, la salud y la infraestructura nacional.
A esta compleja dinámica de adeudos privados y fiscales se suma el debate sobre el uso de la concesión televisa para difundir posturas contrarias a las disposiciones oficiales en momentos de contingencia, tales como los llamados a desobedecer las alertas sanitarias en la fase crítica de la pandemia o la desinformación generada en torno a los libros de texto gratuitos. Especialistas coinciden en que la resolución del tribunal internacional pone de manifiesto cómo la complicidad o laxitud de ciertos juzgadores locales ha perjudicado el interés general, reforzando la expectativa de que el nuevo marco derivado de la reforma judicial consolide criterios éticos que impidan el uso del sistema de justicia para postergar compromisos financieros con la nación.
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