El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó ayer que Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac asesinado el pasado miércoles, estuvo involucrado en los asesinatos de los activistas Samir Flores y Sandra Rosa Camacho. El funcionario informó que esa línea de investigación la lleva la Fiscalía del estado de Morelos (FGJ), pero que también se le seguía por sus posibles nexos con células delictivas como Los Aparicio y Los Huazulco, vinculadas a delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, cobro de piso y narcomenudeo en la zona oriente de la entidad. Asimismo, recordó que Lavín Romero sufrió una agresión en enero de este año, “lo que originó trabajos de investigación por parte de las autoridades”, e incluso ya se había detenido a varios de sus familiares, incluidos sus suegros.
El político que gobernaba bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ya había encabezado el ayuntamiento en el periodo 2019-2021, cuando fue asesinado Samir Flores Soberanes, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT). Ante la muerte de Lavín, la organización recordó que “desde el inicio fue considerado como uno de los probables responsables del homicidio, pero nunca fue llamado a declarar”. Asimismo, los miembros del FPDT reclaman que el presidente municipal no haya sido arrestado en el marco del Operativo Enjambre, pese a que desde hace años han denunciado “su relación directa con la célula del crimen organizado Los Aparicio, comandada por su suegra, Angelina N, quien fue tesorera del gobierno de Temoac durante la administración 2021-2023 y fue detenida el año pasado acusada de extorsión, secuestro, narcotráfico, homicidio y delincuencia organizada”.
Las autoridades deben explicar de manera creíble la exasperante lentitud en las indagatorias en torno a Lavín, así como el hecho de que nunca se le haya citado a declarar por el crimen contra Flores Soberanes, del que se cumplieron siete años en febrero pasado. Es inadmisible, por ejemplo, que no se haya integrado un expediente que permitiera, al menos, hacerlo comparecer tras la detención de su suegra y que se hayan ignorado de manera sistemática los señalamientos de sus nexos delictivos. Además de las falencias en las instancias de procuración de justicia, pesa una responsabilidad sobre los organismos electorales y las fuerzas políticas que le facilitaron el acceso al poder sin verificar sus antecedentes o, peor, estando al tanto de ellos.
Por último, si las acusaciones hacia Lavín Romero resultan ciertas, es deplorable que se haya permitido su impunidad por tanto tiempo y que con su muerte se haya echado otra capa de silencio en torno a los autores materiales del asesinato de Samir Flores, uno de los casos más emblemáticos por los que la sociedad morelense sigue exigiendo justicia.
Cabe esperar que las autoridades estatales y federales se consagren a subsanar los errores, esclarecer los delitos en los que pudo estar implicado el fallecido edil y devolver la paz al oriente de Morelos, una de las zonas del país más azotadas por la inseguridad.
Nota original publicada en el portal de La Jornada el 25 de julio de 2026: https://www.jornada.com.mx/2026/07/25/opinion/002a1edi?partner=rss.
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