Revocan medida de disculpa pública a cartonista Paco Navarrete

El cartonista Paco Navarrete informó que fue revocada la medida que lo obligaba a ofrecer una disculpa pública durante 15 días a la diputada de Morena, Itzul Barrera, por el cartón político “La diputada en su paraíso” publicado en “La Resortera”, en el periódico Mural.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Navarrete explicó que la resolución se produjo luego de que la parte demandante manifestó que ya no quería las disculpas públicas.

Sin embargo, señaló que el Tribunal de Jalisco consideró que la sentencia debía mantenerse, debido a que ya era firme, por lo que ambas partes presentaron argumentos ante una instancia regional.

De acuerdo con el cartonista, la Sala Regional revisó los planteamientos y retomó los argumentos presentados por su abogada, Mónica Calles, para revocar la medida de reparación. Con ello, ya no tendrá que cumplir con la disculpa pública que se le había ordenado.

El cartonista señaló que, aunque la parte demandante decidió desistir de las disculpas, el tribunal local mantuvo inicialmente la obligación. Añadió que, al enterarse de las actuaciones, solicitó información sobre el caso y, por recomendación de su abogada, también presentó argumentos para impugnar la medida.

"El tribunal local dijo que no, que la sentencia iba porque iba, porque ya era una sentencia en firme. Y entonces ella se quejó y demandó 'digamos al tribunal'", explicó.

Navarrete afirmó que el procedimiento se encuentra prácticamente resuelto en lo relativo a la disculpa pública, aunque todavía podrían quedar formalidades legales pendientes.

Al valorar la resolución, Navarrete consideró que la revocación representa un alivio personal, pues evita que tenga que cumplir una medida que consideró antigua.

“Se ha vuelto una medida punitiva, que además es como de la Edad Media, así tal cual los sanbenitos”, expresó.

Navarrete sostuvo que el procedimiento no debería aplicarse a la sátira política en los medios de comunicación y afirmó que, desde su perspectiva, fue utilizado como un mecanismo para limitar la libertad de expresión.

También cuestionó que, durante las distintas etapas del proceso, no se tomaran en cuenta sus argumentos y que el caso se desarrollara en condiciones desiguales.

Explicó que enfrentó dificultades para acceder a asesoría especializada en materia electoral y señaló que los abogados del Congreso estatal participaron en la construcción de los argumentos del caso.

“Se convierte en una lucha de un individuo contra todo un aparato”, afirmó.

El cartonista vinculó su caso con el debate sobre la llamada “Ley Antimemes” y advirtió que, a su juicio, las ambigüedades de este tipo de disposiciones pueden propiciar aplicaciones discrecionales.

Consideró que los procedimientos deben analizarse desde una perspectiva más amplia debido a que sus efectos pueden alcanzar a ciudadanos y comunicadores que no cuentan con recursos para contratar asesoría especializada.