Presunción humana

El tono de la carta enviada por Zambada lo dice todo. Queda claro el tenor de exigencia, propio de quien se dirige a quien presume puede reclamar. No puede sino decirse que existe un dejo de molestia, por parte de quien se siente traicionado o, al menos, mal servido. Cada frase resulta materia de reflexión, dado que el capo no se compara con un ciudadano de bien, lo que ni en sueños es, sino con quien estima son sus pares, esto es, los funcionarios de la 4T, a quienes, dice, serán tratados como él, si no se repara el “intolerable agravio”. Sí, a él no le aplica eso de ser llevado ante la justicia, se siente con el derecho a decidir quién lo puede de juzgar.

Aunque la titular del Ejecutivo federal sigue usando un tono cortante y soberbio, asumiendo ingenuamente que tiene la última palabra, es claro que su mensaje es errático y dubitativo. Se pone a “encargarle” el asunto a quien es autónomo, y no depende de ella o, al menos, es lo que burlonamente han dicho hace años. No está entre las funciones del fiscal el “tramitar” repatriaciones, ni sus funciones dan para cursar el reclamo contenido en la misiva. Por el contrario, a lo más, podría pedir la deportación, una vez saldada la cuenta que se tiene con la justicia de aquel país.

En derecho existe lo que se conoce como presunción humana. Es una prueba basada en la lógica, que permite concluir un hecho o circunstancia, a partir del enlace técnico de elementos que permiten articular premisas que se reputan ciertas. En la especie, resulta innegable que el procesado más allá del Bravo mantiene una postura de poder, ascendencia o ventaja respecto de lo que debería ser un gobierno que le persigue. Lejos de temer a quienes hoy gobiernan, los estima aliados, comparsas, o hasta siervos o vasallos.

En su desesperación, el poderoso capo ha dejado claro que lo que más teme es ser procesado allá, y que aquí la libraría una vez más. Ha empoderado a sus acusadores, poniendo en un aprieto al gobierno mexicano, el cual, lejos de sumarse al proceso, como lo hiciera en el caso de García Luna, se ha puesto a condenar a quien le tendiera la trampa, haciendo el ridículo ante propios y extraños, sí, enfundándose en el penoso traje de cómplice de quien es considerado la cabeza del crimen organizado nacional.

La conducta mostrada por funcionarios mexicanos los acusa y señala, haciendo las veces de confesión. El inusitado reclamo no sólo carece de viabilidad, sino que anula la credibilidad de quien está a unos días de estar compelido a dar prueba de combatir decididamente el trasiego de drogas.

La reforma constitucional presentada no es sino bofetada a la colaboración internacional, creando un capelo protector que impide hacer frente a uno de los flagelos que sufre la humanidad, confirmando, una vez más, que ahora tenemos una antiConstitución. El capítulo que antes consagraba los límites de la autoridad frente al ciudadano es ahora compendio de facultades para perseguirlo, reprimirle y amagarle. Le podrán llamar como quieran, no es lo que debe ser.

La 4T, en cualquier tribunal serio, estaría confesa. El ruin lema, abrazos, no balazos, embozó un criminal pacto que hizo del nuestro un narcogobierno, manchando todas y cada una de sus acciones, incluidas, claro, las elecciones, que fueron todo, menos democráticas. Lo que está en juego no es ya la suerte del capo, sino la legitimidad del aparato oficial, siendo un asunto que está poniendo al descubierto extremos que le cuestionan de manera grave. Ojalá lo dicho por Zambada sea profecía y no preocupación. Esperemos que, como él dice, sus compinches corran la misma suerte.

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