La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó este miércoles la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, un proyecto orientado a homologar las sanciones, protocolos de investigación y mecanismos de atención a víctimas en las 32 entidades federativas del país. La propuesta legislativa, sustentada en la reforma constitucional al artículo 73 aprobada el pasado 6 de mayo que facultó al Congreso de la Unión a legislar en la materia, será enviada de inmediato al Congreso de la República para su discusión y eventual aprobación.
Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria expuso que la fragmentación actual de los tipos penales en cada estado genera severas deficiencias en las indagatorias y una preocupante ausencia de protocolos unificados. Sheinbaum puntualizó que la iniciativa busca combatir la dilación en los procesos y erradicar prácticas comunes en algunas fiscalías locales, donde las muertes de mujeres se catalogan inicialmente como suicidios a pesar de existir indicios claros de violencia ejercida por familiares directos. El objetivo primordial de la normativa es consolidar una política de cero impunidad en todo el territorio nacional ante lo que calificó como un delito de odio asociado al género.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló los aspectos técnicos del documento, el cual define que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Para evitar interpretaciones ambiguas, el texto establece con precisión diez razones de género específicas, entre las que se incluyen la existencia de signos de violencia sexual, motivaciones basadas en estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencia familiar o comunitaria, y contextos marcados por asimetrías de poder.
Bajo este nuevo marco legal, se fija una penalidad unificada de 50 a 70 años de prisión a nivel nacional para los responsables, determinando además que el feminicidio será un delito imprescriptible. En los casos donde el crimen quede en grado de tentativa, la sanción aplicable corresponderá a un rango que va desde la mitad hasta las dos terceras partes de la pena máxima estipulada.
El proyecto incorpora un listado de 19 agravantes que permitirán incrementar las sanciones penales hasta en una mitad en circunstancias específicas.
– Cuando la víctima sea una niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada o persona que viva con alguna discapacidad.
– Si la víctima es periodista, defensora de los derechos humanos o se encuentra en situación de migración.
– Cuando el cuerpo de la víctima presente signos de violencia extrema, tales como agresiones con ácido o sustancias inflamables.
– Si el delito es perpetrado por una persona servidora pública.
Adicionalmente a la privación de la libertad, las personas sentenciadas perderán de forma automática sus derechos sucesorios, así como la tutela, guarda, custodia y patria potestad de los menores a su cargo. En caso de que el victimario ejerza una función pública, la ley mandata su destitución inmediata e inhabilitación definitiva para ocupar cualquier otro cargo gubernamental.
Por su parte, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, precisó que la legislación obliga a todas las autoridades de procuración de justicia a actuar bajo el principio de debida diligencia reforzada y con una estricta perspectiva de género. Los ministerios públicos iniciarán las investigaciones de oficio de manera inmediata ante cualquier muerte violenta de una mujer, debiendo analizar el entorno y los antecedentes de violencia aun cuando no existan denuncias previas por parte de la víctima debido al miedo. Asimismo, se determinó que las fiscalías especializadas intervendrán de forma continua en todas las etapas del procedimiento penal, desde la apertura de la carpeta hasta la ejecución final de las sanciones.
En el ámbito del acompañamiento, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, indicó que la iniciativa garantiza el acceso a la verdad y contempla un esquema integral para la reparación del daño, la cual deberá ser transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional. El plan incluye la provisión de asistencia médica y psicológica de urgencia y gratuita tanto para las sobrevivientes como para las víctimas indirectas.
Como parte de las políticas públicas de protección, se proyecta la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio para asegurar su atención integral, la implementación de planes de protección para sobrevivientes con el apoyo de Centros Libre y Espacios de Refugio, y la conformación de una comisión especial encargada de coordinar los programas de prevención y concientización social. Finalmente, el marco normativo establece que los medios de comunicación y las plataformas digitales deberán respetar rigurosamente la dignidad e identidad de las víctimas afectadas por este delito.
Nota original publicada en el portal de radiosonora.com.mx el 15 de julio de 2026: https://www.radiosonora.com.mx/presidenta-sheinbaum-firma-iniciativa-de-ley-general-contra-el-feminicidio/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=presidenta-sheinbaum-firma-iniciativa-de-ley-general-contra-el-feminicidio.
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