En Colombia, actualmente se encuentra en marcha una misión de 150 observadores electorales de la Unión Europea, con miras a las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo. Este equipo europeo tiene la tarea de asegurar que la campaña electoral se desarrolle en condiciones óptimas, a pesar de la creciente violencia ejercida por grupos armados que intentan influir en el proceso electoral.
En las últimas semanas, los grupos armados en Colombia han intensificado una campaña de terror que ha resultado en la muerte de al menos veinte personas, incluyendo civiles, líderes comunitarios y periodistas, según lo informado por la Misión de Observadores Electorales de la Unión Europea en Colombia. Esta extorsión se utiliza como un medio para ejercer control territorial en el contexto electoral, especialmente en áreas rurales y menos pobladas del país, como señala José Antonio Gabriel, jefe adjunto de la misión.
“Lamentablemente, la violencia ha sido una constante en las elecciones colombianas durante décadas. No es un fenómeno exclusivo de este proceso ni del anterior. Es indiscutible que tiene un impacto, ya que en algunas regiones del país operan múltiples grupos armados de diferentes orígenes, centrados en la explotación de actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal de oro, lo que afecta el control territorial en las zonas rurales y, por ende, las elecciones”, denuncia Gabriel.
Estos grupos no solo intentan influir en la libertad de voto de la población, sino que también impiden a los candidatos realizar campañas de manera libre en las áreas más remotas. “Todos los sectores políticos, tanto de la izquierda como de la derecha, han denunciado que en ciertos lugares no han podido acceder a las comunidades para hacer campaña,” explica el jefe adjunto de la Misión de Observación de la UE.
La violencia afecta todos los aspectos, especialmente en las áreas donde estos grupos están activos, que ahora utilizan drones comerciales cargados de explosivos y controlados de forma remota. “Este es un problema que trasciende el ámbito electoral y está claramente vinculado a economías ilegales significativas y a la persistencia de grupos armados que han cambiado su enfoque, dedicándose exclusivamente a actividades ilícitas,” afirma Gabriel.
El presidente, Gustavo Petro, ha intentado sin éxito negociar con los disidentes de las FARC, que han incrementado sus filas en los últimos años. Iván Cepeda, su protegido, es el candidato favorito en las encuestas.
Tomado de https://www.rfi.fr/
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