Por qué se archivó en Perú el caso de las esterilizaciones forzadas de 4.000 mujeres durante el gobierno de Fujimori y en qué situación quedan las víctimas

Autor, Guillermo D. OlmoTítulo del autor, BBC News Mundo

Fecha de publicación 5 minutos

Tiempo de lectura: 7 min

Autor, Guillermo D. Olmo

Título del autor, BBC News Mundo

Así recibió Margarita Rojas la noticia de que la Fiscalía de Perú ordenó el archivo de la investigación de las esterilizaciones forzadas de más de 4.000 mujeres entre 1990 y 2000, durante la presidencia de Alberto Fujimori.

El caso se cerró en aplicación de una polémica ley de amnistía impulsada por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, actual presidenta e hija del fallecido mandatario.

Rojas fue una de las víctimas de una política de control demográfico por la que se esterilizó —a menudo mediante coacción, amenazas y engaños— a más de 24.000 hombres y más de 314.000 mujeres, principalmente, "indígenas, de zonas de mucha pobreza", según concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia en la que condenó al Estado peruano por estos hechos.

Las asociaciones de víctimas llevan años denunciando que varias de estas mujeres murieron a causa de malas praxis y falta de condiciones en las intervenciones, entre ellas Celia Ramos Durand, cuyo caso emblemático fue el que llevó a la condena de Perú en la Corte IDH en noviembre del año pasado.

Desde su casa en la comunidad indígena de Lluto Kututo, en la sierra andina del departamento de Cusco, Margarita recordó su experiencia y la de sus vecinas en conversación con BBC News Mundo.

"Era el año 1996. Yo tenía 18 años y acababa de tener mi segunda niña. Entonces empezaron a llegar las enfermeras de la posta de salud de Llusco a presionarnos y decirnos que Fujimori no quería que tuviéramos más hijos".

"Nos hablaban como si le debiéramos dinero al banco, y nos dijeron que las trompas luego se podían desligar". Según cuenta, fue sometida a una intervención que no le explicaron debidamente y cuyas consecuencias solo descubrió en una revisión ginecológica con otro médico.

Cómo el extraordinario crecimiento de la "escandalosamente barata" energía solar ha desafiado todas las proyecciones

Nvidia abre una investigación sobre la relación de su director ejecutivo con una presunta espía china

"El progreso de una nación también se mide por la acogida que da a los discapacitados": por qué es tan simbólica la visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione

Las imágenes satelitales que muestran importantes obras de construcción cerca de las bases de misiles de Irán

Desde 2013, cuando, asesorada por organizaciones de defensa de los derechos humanos, por fin denunció los hechos ante la Fiscalía, ha esperado justicia, algo que ve un poco más lejos después de la última decisión del Ministerio Público.

La Cuarta Fiscalía de Derechos Humanos emitió el pasado 22 de octubre una disposición en la que ordena el archivo del caso y declara prescrita toda posible responsabilidad penal por los hechos de los 52 investigados, entre los que figuran tres ministros de Salud durante el gobierno de Fujimori padre: Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga, que hoy es senador de Fuerza Popular.

El fiscal Jesús Víctor Dávila Rojas reconoce en la disposición, a la que ha tenido acceso BBC Mundo, que las "esterilizaciones forzadas reúnen, según el derecho penal internacional, los elementos de un crimen de lesa humanidad, al haberse cometido como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra un sector de la población civil en ejecución de una política de Estado".

Fuente de la imagen, Jimena Rodríguez Romaní / Bloomberg

Sin embargo, concluye que debe archivarse el caso y declararse prescrita la responsabilidad penal en aplicación de la ley 32107, la ley de amnistía impulsada por Fuerza Popular y aprobada en 2024, durante la presidencia de Dina Boluarte.

La decisión de la Fiscalía ordena archivar las investigaciones de los casos de lesiones graves seguidas de muerte de cinco víctimas y las lesiones graves sufridas por 4.172.

Es el último capítulo de una larga batalla judicial en la que ninguna alta autoridad del gobierno peruano ha sido condenada.

El exministro Alejandro Aguinaga dijo a BBC Mundo que "todas las investigaciones han sido archivadas porque en Perú no hubo un programa de esterilizaciones forzadas" y "esas personas han mentido porque se les han propuesto prebendas económicas".