El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó el 3 de julio que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Michoacán bajó 46%: Este logro viene acompañado deuna intervención federal que fortalece a las autoridades michoacanas y a su población. Ese modelo, que alcanzó este logro en 2026 es el opuesto del que fracasó en 2006 y 2014.
En septiembre de 2006, un grupo de la violencia organizada arrojó cabezas humanas a la pista de un bar de Uruapan, y 4 meses después, inició la estrategia militar de la falsaria guerra contra el narcotráfico del calderonato. Ahora, desde abril de 2026, la misma ciudad opera un teleférico de transporte público con tarifa social y avanza la investigación y detenciones de autores intelectuales y materiales del asesinato de su alcalde.
A inicios de 2014, se publicó el decreto que creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación encabezado por Alfredo Castillo. El comisionado concentró decisiones de seguridad y desarrollo en un estado con gobernador electo, y en Michoacán se le conoció como “el virrey”.
A pesar de las tropelías, delitos y enriquecimiento ilícito de Castillo, sigue sin rendir cuentas. Él también fue el accesorio que hizo posible que las autodefensas armadas ocuparan diversos espacios sociales, políticos y de seguridad pública.
Se les ofrecieron uniformes y armas a grupos irregulares, que terminaron por infiltrarse y enfrentarse entre ellos. El fracaso fue rotundo.
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado el 9 de noviembre de 2025, suma 12 ejes, más de 100 acciones y una inversión anunciada de más de 57 mil millones de pesos. La campaña de desarme voluntario arrancó el 26 de noviembre de 2025 en la Catedral Metropolitana de Morelia, en un estado donde 85% de los homicidios dolosos se cometieron con arma de fuego.
Para que estos logros perduren en el tiempo, debemos mirar a los equilibrios regionales de seguridad. Michoacán y Jalisco funcionan como un mismo sistema regional de la violencia organizada, y el operativo en Tapalpa del 22 de febrero de 2026, en el que murió Nemesio Oseguera, alteró ese equilibrio.
La complacencia y displicencia de las autoridades locales y estatales permiten no solo la estadía de criminales sino la continuidad de operaciones de lavado de dinero de escala continental desde Jalisco. Esto debe terminar, porque sirve para financiar las armas llegan del norte.
Incluso así, la reducción de homicidios en Michoacán ocurre en medio de ese gran flujo de contrabando de armas y de lavado de dinero.
La paz michoacana descansa en la legitimidad de sus autoridades y en la participación de su población. El Estado mexicano debe consolidar ese modelo y de la mano de la exigencia a Washington corresponsabilidad efectiva contra el tráfico de armas y el lavado de dinero que lo financia.
Nota original publicada en el portal de radiosonora.com.mx el 10 de noviembre de 2026: https://www.radiosonora.com.mx/plan-michoacan-avances-y-comparativo-historico/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=plan-michoacan-avances-y-comparativo-historico.
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