Dos meses después del cambio político en Santiago, las advertencias del presidente de extrema derecha, José Antonio Kast, sobre expulsiones masivas de migrantes irregulares no han generado cambios visibles en la frontera. En el lado peruano, la atención se ha desviado hacia el crimen organizado.
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La promesa del presidente chileno, José Antonio Kast, de expulsar a más de 330,000 migrantes en situación irregular, que generó una rápida reacción en Perú tras su elección, ha perdido relevancia como preocupación en la frontera común.
Chile está avanzando en la construcción de un muro en su límite con Perú para frenar la inmigración ilegal. Ya en el poder, Kast, líder de la derecha radical, anunció la expulsión de «todos» los migrantes irregulares del país. En respuesta, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia y se preparó para posibles oleadas migratorias en los pasos fronterizos. Sin embargo, dos meses después del cambio de gobierno en Chile, la situación en el terreno permanece sin cambios significativos.
En sus primeros días en el cargo, Kast promovió la excavación de zanjas en las fronteras con Perú y Bolivia para contener los cruces irregulares, además de suspender los procesos de regularización de alrededor de 180,000 extranjeros.
Desde el aire, la policía peruana patrulla la frontera en helicóptero. El general Francisco Ninalaya-Martínez, con prismáticos en mano, observa cada movimiento en la línea divisoria. «Desde aquí se pueden distinguir las zanjas frente al futuro muro y las patrullas chilenas. El muro tendrá entre 12 y 17 kilómetros», explicó al corresponsal de RFI en Lima.
No obstante, a nivel del suelo, el general asegura que su labor no ha cambiado desde la llegada de Kast al poder. «No creo que el muro modifique gran cosa. Por ahora no afecta el flujo migratorio existente. En los últimos días no hemos visto llegadas masivas», afirma.
El estado de emergencia, más útil contra el crimen
Aunque el estado de emergencia se decretó inicialmente para controlar la inmigración, su utilidad se ha desplazado hacia la lucha contra el crimen organizado en la zona fronteriza. «Nos permite contar con más efectivos y combatir el tráfico de drogas, armas, personas y todo tipo de delitos en la frontera», concluye Ninalaya-Martínez.
Paralelamente, el tema migratorio ha cobrado protagonismo en la política interna peruana. La candidata presidencial Keiko Fujimori ha prometido expulsar a los extranjeros en situación irregular, vinculando el aumento de la criminalidad —principal preocupación ciudadana— con la inmigración. Además, plantea endurecer los controles fronterizos, enviar al ejército a las cárceles y reformar el sistema judicial, incluyendo el polémico regreso de los “jueces sin rostro”, una figura utilizada durante el gobierno de su padre.
Por ahora, en la frontera sur, las grandes advertencias no se han materializado, y el enfoque parece haberse desplazado de la migración a la seguridad.
Tomado de https://www.rfi.fr/
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