Perú archiva investigación por esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori

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(28 DE OCTUBRE, 2026).-La Fiscalía declaró prescrita la acción penal contra 52 investigados, entre ellos tres exministros de Salud. La resolución reconoce que las intervenciones se realizaron sin consentimiento libre e informado y que los hechos reúnen elementos de un crimen de lesa humanidad.

La Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Perú ordenó archivar la investigación por las esterilizaciones forzadas realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), al declarar prescrita la acción penal contra 52 personas.

La decisión quedó asentada en la Disposición Fiscal número 25, fechada el 22 de octubre de 2026, y se fundamentó en la Ley 32107, aprobada en 2024. La norma establece límites para aplicar la imprescriptibilidad a delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.

Entre los beneficiados por el archivo figuran Alejandro Aguinaga Recuenco, exministro de Salud durante el gobierno de Fujimori y actual senador por Fuerza Popular, así como los exministros Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer.

La Fiscalía reconoce esterilizaciones sin consentimiento

Aunque dispuso el archivo, el Ministerio Público reconoció que las intervenciones quirúrgicas se practicaron sin el consentimiento libre, previo e informado de las personas afectadas. La resolución señala que los hechos investigados presentan elementos de lesiones graves y lesiones graves seguidas de muerte, y que reúnen características de un crimen de lesa humanidad por su carácter generalizado y sistemático y su vinculación con una política estatal.

La investigación comprendía a 4 mil 172 personas agraviadas por lesiones graves y cinco mujeres cuyos casos fueron investigados por lesiones graves seguidas de muerte: Celia Edith Ramos Durand, María Mamérita Mestanza Chávez, Alejandra Aguirre Auccapiña, Reynalda Betalleluz Aguilar y María Genoveva Espínola Otiniano.

El programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar se desarrolló entre 1996 y 2000. De acuerdo con la reconstrucción recogida en el expediente, se establecieron metas de intervenciones quirúrgicas y mecanismos de seguimiento de resultados que llegaban hasta la Presidencia. Testimonios incorporados a la investigación señalaron presiones y prácticas coercitivas para aumentar el número de ligaduras de trompas y vasectomías.

Peruvian woman reading an Amnesty International report about Peru, in February 1985.

Las víctimas fueron principalmente mujeres pobres de zonas rurales e indígenas, aunque el programa también incluyó esterilizaciones de hombres. Las denuncias por falta de consentimiento y coacción convirtieron el caso en uno de los procesos emblemáticos por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Fujimori.

La Ley 32107 y el debate sobre la impunidad

La Ley 32107, promovida por sectores vinculados al fujimorismo, es el fundamento central de la decisión fiscal. Su aplicación a hechos ocurridos antes de julio de 2002 ha generado controversia por sus efectos sobre la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos.

En marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por la muerte de Celia Ramos Durand, quien fue sometida a una esterilización sin consentimiento válido. El fallo ordenó medidas relacionadas con la investigación, la reparación y la prevención de hechos similares.

Además, en procesos paralelos, una sala de la Corte Suprema peruana había decidido no aplicar la Ley 32107 para permitir que continuaran investigaciones, una interpretación que abrió un conflicto jurídico sobre el alcance de la norma.

El archivo de la investigación contra los 52 señalados extingue la acción penal en este expediente, pero no borra los hechos documentados ni equivale a una declaración de que las víctimas no sufrieron daños. Tampoco establece mediante una sentencia penal la responsabilidad individual de los funcionarios investigados.

Tras décadas de denuncias y reclamos de justicia, la decisión reaviva el debate sobre las obligaciones del Estado peruano frente a las víctimas y sobre la compatibilidad de las reglas nacionales de prescripción con los estándares internacionales de derechos humanos.